Las oficinas principales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) están en la city porteña, ocupan diez pisos. Hay delegaciones en todas las provincias. Trabajan en ellas más de mil personas. Es el –robusto– aparato que supo albergar al nefasto Comité Federal de Radiodifusión (Comfer). Ahora tiene muy otras misiones, encuadradas en un nuevo paradigma de comunicación. Las estructuras estatales son, casi por definición, lentas y conservadoras, inercialmente refractarias a los cambios. Ese es uno de los variados de- safíos que afronta el titular de la Afsca, Martín Sabbatella. El ex intendente de Morón debe reconstruir el barco mientras navega, mientras juega en varios tableros, uno de ellos contra reloj. Es el que, por acuerdo ecuménico, se apoda 7-D aunque, como los plazos administrativos terminan a las 24 horas del día en cuestión, sería más propio hablar del 10-D. Ahí se corroborará cuántos conglomerados presentaron un aceptable programa de adecuación a los topes de licencias que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA).

La mayoría del espectro, 4500 licencias, está dividido entre 2500 titulares: nada les atañe el 7-D porque están en regla. Hay 250 repartidas entre alrededor de 20 grupos, que superan el cupo admitido. La relativa imprecisión del número de licenciatarios tiene que ver con la existencia de situaciones societarias intrincadas o zonas grises. Y hay un Grupo, el Grupo por antonomasia, que aglutina 250 licencias (ver asimismo recuadro aparte).

La intención del Gobierno es que al 7-D todos menos uno hayan presentado su plan de adecuación, proponiendo el esquema de licencias de las que se desprenderán y cómo lo harán.

Sabbatella viene hablando con esos jugadores, casi todos ladinos, algunos de los cuales ocupan el espacio nacional. Otros son taitas en una provincia o en un par. Todos se han acodado a la mesa. Es sencillo saber con quién dialogó Sabbatella y dónde transcurrieron los paliques: fue en su despacho de la Afsca, en cuya página web está la mención de los encuentros, con foto incluida.

Hasta ahora, solo un grupo de alcance provincial formuló una propuesta de adecuación: el grupo de Néstor Ick, un factor de poder en Santiago del Estero.

Sabbatella confía en que todos los demás se pondrán las pilas y cumplirán con el mandato de la ley. Trabaja para eso, pero lo suyo no es solo optimismo de la voluntad. Hay motivos racionales para que lo hagan aun desde su perspectiva de empresarios capitalistas duros, egoístas y poco habituados a ceder.

Veamos.

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Incentivos. ¿Por qué cumplirían la ley los grupos referidos? La pregunta parecería pavota, si uno se maneja con parámetros líricos. El apego a la legalidad no es el fuerte de la burguesía real existente, por ponerlo con delicadeza. Pero hay incentivos racionales que pueden inducirlos. Repasemos los más evidentes, a la luz de la LdSCA y de la lectura del Gobierno. El orden (que seguramente fluctuará según cada jugador) no es de importancia sino puramente enumerativo.

n El primero es que no es sencillo enfrentar a un gobierno que sabe hacer valer su poder frente a quienes le plantean batalla o lo desacatan. Máxime si tiene la ley de su lado, que es el caso.

n El segundo es un aliciente capitalista. El que adecue antes de vencido el plazo puede resolver de qué licencias “sobrantes” se desprende. Y, por única vez, puede transferirlas. Si especula o se deja estar, las licencias caducarán y será el Estado el que resuelva el nuevo diseño, sin intervención del concesionario. O sea, que el remolón o el desacatau arriesgan perder control sobre su estructura futura y oportunidades en las transferencias.

n El tercero es fuerte y de ardua ponderación cuantitativa porque es un conflicto de intereses y poderes. La mayoría de las empresas del espectro audiovisual tiene una larga lista de cuitas, rencores y conflictos (en tendencia perdidos) contra el multimedios Clarín. Las prácticas de abuso de la competencia han sido la regla durante demasiados años. Clarín compró mucho más canales de cable que los que creó y a menudo lo hizo mediante abuso de posición dominante. Las transmisiones de fútbol por cable o hasta codificado fueron una herramienta formidable en ese insaciable afán. Demos un ejemplo sencillo, para nada imaginario, ya que se repitió en muchos territorios. En una provincia o ciudad con dos canales de cable, Clarín concedía el fútbol televisado para uno solo. Eso significaba un camino de ida a la quiebra para el rival. ¿Qué usuario contrataría un servicio sin acceso a la pasión de multitudes? Clarín podía comprar por monedas al vencido, revertir los contratos futboleros y dejar desvalido al otro. O, en el “peor de los casos”, hacerse del dominante y quedarse con la masa de usuarios. Los empresarios que rolan por la Afsca tienen un paquete de historias reales de ese tipo.

Otro rebusque usado en el espacio audiovisual también fue moneda corriente en el diario Clarín y denunciado docenas de veces por los empresarios Héctor Ricardo García (propietario de Crónica en sus buenos años) y Julio Ramos (el fundador y director de Ambito Financiero). Se trata de presionar anunciantes para que no publiquen avisos en la competencia, bajo apercibimiento de limitar o cerrar su presencia en las páginas de Clarín. Con tortas publicitarias a menudo más chicas, las empresas audiovisuales del multimedios hicieron lo mismo.

n Por último, en un esquema de mayor paridad, los jugadores actuales pueden proponerse crecer en otras provincias o en espacios que no ocupan ahora (Canal 9, por caso, no tiene canales de cable). Para colocarse en la línea de largada, es forzoso que estén bien de papeles.

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¿Y si no cumplen? ¿Qué obrará el Estado frente a la falta de adecuación, sea la que se da por hecha que ocurrirá o aquellas de otros grupos? La cuestión tiene sus bemoles, porque hay variedad de casos.

La primera labor, en lo conceptual y seguramente en lo temporal, será explicitar previamente al 7-D de modo igualitario (esto es, para todos) cuál es exactamente su situación frente a los genéricos requerimientos legales. O sea, dicho un poco en criollo, cuántas licencias le sobran a cada uno.

Proliferan lo actores y ciertas marañas legales piden una definición, que es trabajosa. Sabbatella está armando, junto a sus colaboradores más cercanos, un detalle de los excedentes de cada grupo. La idea es transparentarlo y presentarlo pronto en público, acaso la semana que empieza mañana, en cualquier caso pronto.

Se sostendría así la universalidad de los criterios y el trato no discriminatorio, que es uno de los berrinches menos serios, pero más socorridos del Grupo Clarín. Con ese mapa, se pondría blanco sobre negro el panorama y se precisaría a qué debe atenerse cada concesionario.

¿Y si, más allá de los incentivos reseñados y de la precisión, hay quien no se adecua? ¿Cómo deberá proceder la Autoridad de aplicación el día después, puesta a discernir qué licencias hace caducar y vuelve a licitar?

Pongamos un ejemplo real y simple de entender. Pensemos en una empresa que controle cinco radios y deba quedarse con tres. La cuantía, se comentó, puede difundirse pronto. Pero arbitrar cuáles se licitan y cuáles siguen en su poder es otra cosa. Sabbatella, de momento, analiza dos modalidades. Una sería definirlo de oficio, sin más. Otra sería armar varios esquemas posibles (se queda con 1-2-3 o con 3-4-5 o los que sean) y sortear entre ellos en público. El primero puede sonar más racional, pero más pasible de objeciones el segundo, menos dispositivo o arbitrario. Hasta donde sabe este cronista, no se ha resuelto aún qué rumbo elegir, lo que seguramente dependerá en alguna medida de la cantidad de licenciatarios en off side. Por las dudas, afilá la garganta, Riverito.

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Sobre desguaces y gigantes. ¿Es viable que un conglomerado fraccione su patrimonio entre varios de sus socios o personas de confianza? La respuesta extrema no es la correcta. La LdSCA estipula reglas antitrust, busca mayor igualdad dentro del espectro, pero no dejar fuera de acción a personas o actores determinados. De hecho, si Clarín se aviniera a honrar la ley, quedaría con un patrimonio muy importante. Pero cedería su posición dominante, que es uno de los objetivos de la ley.

Expuesto con nombres y apellidos: en principio, si los principales integrantes del Grupo Vila-Manzano (los dos nombrados y Francisco de Narváez) se dividieran las frecuencias, llegando a dimensiones admisibles, la movida puede ser válida. Otro tanto, por jugar con un ejemplo que surge en los cotilleos, pasaría si el Grupo Clarín se fragmentara en espacios que poseyeran (es un decir) José Antonio Aranda, los hermanos Noble Herrera, Marcelo Tinelli, Adrián Suar. Claro que las nuevas empresas tienen que ser realmente autónomas y no “un dibujo”. No deben funcionar como grupo. Sabbatella explica ante oídos amigables que, en tal hipótesis, deben tener su estructura legal, sus edificios diferentes, sus directorios sin repeticiones de personajes, sus móviles de exteriores, sus cámaras, sus estudios. Hasta sus maquilladoras, añade, exagerando un poquito con fines didácticos. Hay que escrutar con lupa los paquetes accionarios, no puede haber más de un diez por ciento de acciones “cruzadas”.

En los hechos, no es lo mismo una potencial confederación de empresas que un gigante que comprenda todas. Ni en su poder relativo respecto de sus competidores, ni en su capacidad para atraer inversores, ni para cotizarse en la Bolsa de Nueva York. Una cosa es un grandote que pugna con muchos chiquitos que una empresa mediana que dice tener otras amigas.

Si se cumple acabadamente, la aparición de nuevas unidades operativas aumentará los puestos de trabajo, la cantidad de medios, la (parcial) equiparación de la competencia. La línea editorial es muy otro cantar: un conjunto de empresas diferentes, pero del mismo origen, sostendrá posiblemente un mensaje común. Pero eso no resiente el espíritu de, LdSCA, que nada impone sobre contenidos, una de sus virtudes cardinales.

Bien mirado, opina el cronista en un punto muy polémico, si Clarín aceptara en tiempo y forma formular una propuesta así, sería un triunfo del Gobierno y del sistema democrático. Aunque, como nada es idílico en el mundo real, habría que investigar a fondo.

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La estrategia de la exasperación. Exasperados son los mensajes del Grupo Clarín, cuya relación con el periodismo es cada vez más equívoca. Las distorsiones informativas son la norma; el afán de indignar al público, la única regla de estilo que se acata. Y esto recién empieza.

¿Cuáles serán las tácticas del multimedios para los meses venideros? Desde ya, se trata solo de análisis sobre virtualidades. Una carta que ya se puso sobre la mesa es aducir que el 7-D comienza el plazo de un año para “desinvertir”, tortuosa e infundada interpretación del fallo de la Corte Suprema. Los abogados que trabajan para el Grupo y otros que son sus letrados-columnistas militantes alegan que es así. Son un puñado, aunque en los medios dominantes se los bautice como “todos los constitucionalistas”.

Una resolución oficial dando por vencido el plazo podría motivar acciones judiciales, anche medidas cautelares. Podrían llover otras ante cada paso administrativo (la caducidad de las licencias, los llamados a licitación). Las posibilidades se bifurcan en un puñado de senderos imaginables.

Sabbatella dialoga cotidianamente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que otorga a la cuestión alta prioridad. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zaninni, suelen ser de la partida. La jerarquía de los protagonistas realza la entidad de la pulseada.

Sabbatella es un buen comunicador y viene difundiendo sus posturas a través de los medios. El Estado, como también se comentó en la publicidad oficial, se somete a la ley, no confiscará ni expropiará. Mantendrá las fuentes de trabajo, lo que viene conversando con los gremios del sector que apoyaron y apoyan la LdSCA, pero tienen como prioridad la defensa de los intereses tangibles de sus compañeros. No se suspenderán transmisiones, no habrá apagón informativo, al menos provocado desde el Gobierno, porque no se puede descartar que Clarín promueva esa barbaridad. Si lo hiciera, incurriría en un grave incumplimiento como concesionario, pasible de las sanciones más severas. Sin embargo, en una pulseada de este rango, nada es desestimable.

Foros, recitales y festivales darán cuenta del compromiso de la sociedad civil y de la militancia en la movida. Al unísono, el oficialismo deberá armar un 6-D que lo deje bien parado para el 7. Definir las reglas con “los otros jugadores” es un paso central, porque servirá de precedente para lo que se haga con Clarín.

Muchos enigmas siguen firmes, entre ellos cuál es la dimensión y el potencial del mercado si se re-licitan muchas licencias. Y cuáles son los límites democráticos que admitirá un poder fáctico enardecido y desatado.

La voluntad del Gobierno no está en duda, su destreza será puesta a prueba. Una ley superadora, las convicciones del oficialismo son un pilar. La gestión y la sintonía fina son requisitos más peliagudos, máxime en un escenario inédito con cien alternativas posibles y pendientes.

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