El ex secretario general del Ejército durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Eduardo Alfonso, sigue cobrando haberes de retiro militar por 8016,71 pesos, a pesar de que está prófugo desde mayo en una causa en la que se lo acusa de haber participado en un operativo donde fue secuestrada Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, y asesinado su marido, Domingo García, durante la última dictadura. Alfonso, previsor, ya se había ido del país cuando la jueza Alicia Vence –siguiendo órdenes de la Cámara de Casación– ordenó su detención junto con la ampliación de su declaración indagatoria. Todavía Interpol no lo encontró. El se las arregla, según la información que tiene el juzgado, para que alguien retire de su caja de ahorros el dinero que le deposita la Sociedad Militar. Por esto, Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, que dejen de pagarle, porque es un modo de “financiar su fuga” desde el propio Estado.

El 12 de enero de 1977 era un día de mucho calor. Beatriz, Domingo y su hija Juliana, de tres años, dormían. Un grupo de tareas, de cerca de treinta militares, irrumpió a la madrugada en la casa donde vivían en Villa Adelina. A él le dispararon cuando salió al patio. A Beatriz la secuestraron, y sigue desaparecida. Juliana fue llevada a la casa de sus abuelos maternos. Su hermana nació en cautiverio, fue apropiada, ella la buscó y la pudo encontrar en 2009. Las pruebas de la participación de Alfonso en el operativo estaban en su propio legajo personal. Allí había un Informe de Calificación de 1976/1977 que aquel 12 de enero lo daba con parte de enfermo. El diagnóstico decía “herida de bala con perforación intestinal”. En el Boletín Público del Ejército número 4148 del 6 de julio de 1977 está la condecoración que le dieron por haber recibido el disparo. “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D. Raúl Fernando Delaico.”

El 19 de diciembre de 2008 Alfonso fue procesado como partícipe necesario de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado. Las Abuelas impulsaron y consiguieron su detención, aunque poco después fue liberado. En agosto del año siguiente, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín dispuso la falta de mérito del represor con el argumento de que no podía “afirmarse fehacientemente” que Alfonso “conociera la finalidad del grupo operativo”, y que por el disparo que recibió “se impone aceptar que no habría llegado a participar en ninguno de los hechos que podrían considerarse delictivos”. Su defensa argumentaba que había sido un operativo de tránsito. El 22 de mayo de este año la sala II de la Cámara de Casación anuló el sobreseimiento y devolvió la causa a primera instancia. La jueza Vence ordenó la detención de Alfonso y una nueva indagatoria al día siguiente. Cuando lo fueron a buscar a los domicilios que había declarado, no lo encontraron. La investigación estableció que había salido del país con destino a Uruguay apenas unos días antes, el 20 de mayo, y que luego fue a Paraguay. Luego el Gobierno decidió ofrecer una recompensa de 100 mil pesos a quien pueda aportar datos.

La jueza libró la orden de captura internacional a Interpol, pero aún no fue hallado. Luego reportó la situación al Ministerio de Defensa. Una de las cuestiones que detectó, y que constan en el expediente, es que durante todos estos meses la Sociedad Militar “Seguro de Vida” le siguió depositando a Alfonso los haberes de retiro militar en una caja de ahorro del Banco Macro. “Estos haberes están siendo cobrados por algún tercero en su nombre, lo cual resulta de por sí irregular”, denunció Abuelas. “Pero esta situación se torna aún más grave si se advierte que ese dinero puede ser utilizado por el imputado o por otras personas de su círculo cercano que colaboran con él para financiar su fuga y mantenerse al margen de la acción de la Justicia”, dice la presentación ante el ministro de Defensa.

El texto señala también el hecho de que “por un lado se ofrezca una recompensa pública para detener a Alfonso y por otro siga depositándole mes a mes el dinero que puede utilizar para continuar prófugo”. A esto agregan el deber del Estado argentino “de depurar sus fuerzas armadas de aquellas personas implicadas en graves violaciones a los derechos humanos”.

Existe el antecedente en el caso de un teniente coronel que estuvo prófugo, Carlos Alfredo Sabattini, imputado por delitos cometidos en la subzona 1.4 II La Pampa hasta que al final fue detenido. Lo que no existe, al menos todavía, es una instrucción o un protocolo que determine que debe ser así para todos los represores que se escapan para eludir la Justicia.