En las próximas semanas la Comisión de Juicio Político de Diputados emitirá dictamen contra el ministro de la Corte Carlos Fayt y recomendará el comienzo del proceso contra el supremo. Sin embargo, el juicio no será uno más. El oficialismo en la Cámara baja consensuó con el Ejecutivo una arriesgada jugada con la que pretenden que sus efectos se sientan inmediatamente en el resto de los integrantes de la Corte. En una maniobra inédita, la intención es suspender de manera provisoria a Fayt en sus funciones. Será la primera vez que se ponga en práctica. Con ello esperan provocar algún recambio anticipado entre los cortesanos y así no recurrir a los traumáticos juicios políticos.
Fayt es el único de los cortesanos que enfrentará en poco más un nuevo juicio político por fallar en las causas del corralito a pesar de que reconoció que poseía un plazo fijo a su nombre. Hasta el 27 de abril pasado, el proceso quedó interrumpido fruto del devenir de la campaña electoral. Ahora, con la cuestión institucional ordenada el caso de Fayt recobró energía. Pero al mismo tiempo, el proceso político al magistrado no lo tiene como único objetivo.
Miembros del oficialismo en la Cámara baja estudiaron con detenimiento el instituto del juicio político y encontraron que si bien la Constitución nacional determina la potestad de llevar adelante o no el juicio contra un magistrado, nada dice sobre la exclusividad de alguna de las dos cámaras de suspender al acusado hasta tanto se resuelva su suerte. Entre los diputados es donde comenzó a gestarse la idea de promover la suspensión de Fayt mientras se sustancie su juicio político. Los ideólogos lo consultaron con el Poder Ejecutivo –según trascendió, el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Justicia, Gustavo Beliz, están al tanto—, y tras estudiarlo desde la Rosada llegó la orden de avanzar con la maniobra.
Nadie en Diputados se atreve a decirlo oficialmente, pero con esta jugada –arriesgada sin dudas– se busca generar un efecto cascada en el resto de los cortesanos y que ante la posibilidad de enfrentar nuevos juicios que provocarán otras suspensiones, se traduzca en retiros anticipados, sobre todo en la llamada mayoría automática.
Ahora lo que les resta a los diputados oficialistas es convencer a sus colegas del Senado para que no se opongan a la medida y, fundamentalmente, que luego cuando la suspensión llegue al recinto de la Cámara alta no sea rechazada. Sin duda, la jugada es arriesgada porque un rechazo en el Senado podría convertirse en un fracaso de la novel administración. No es un tema menor la Cámara alta. El menemismo, herido por la caída de su jefe político, todavía mantiene cierta influencia en la bancada y puede aprovecharse de ello para golpear a sus contrincantes.
Tal vez por ello, y en la búsqueda de argumentos a favor, los ideólogos de Diputados consultaron a varios constitucionalistas para determinar si la jugada es viable. En principio, la idea cosechó el respaldo de Daniel Sabsay. Según consignó la agencia DyN, el especialista señaló que “en ese sentido, la Cámara de Diputados tiene las mismas facultades que el Senado, y creo que si hay una acusación semejante, como la que enfrenta el juez Fayt, es conveniente y saludable para el sistema en su conjunto que si los diputados lo consideran oportuno lo suspendan”, aseguró para luego aclarar que la suspensión “no implica prejuzgar sobre su culpabilidad”.
La idea surgió en medio de cambios en la propia comisión parlamentaria que desde el lunes se quedó sin su presidente. Hasta ese día el titular era el santacruceño Sergio Acevedo, hoy a cargo de la SIDE. Trascendió que el reemplazante será otro integrante del Grupo Talcahuano del que formaba parte el patagónico. Todo indica que el justicialista Ricardo Falú será el nuevo presidente de la comisión. No es un dato menor, el tucumano fue uno de los que más trabajó en el juicio a la Corte que se sustanció durante elaño pasado y que se frustró luego de que el entonces presidente Eduardo Duhalde decidiera no avanzar en el proceso. Para ello encomendó al titular de Diputados, Eduardo Camaño, que se encargara de garantizar la impunidad de los cortesanos, algo que sucedió el 10 de octubre de 2002.
Hoy por hoy Fayt enfrenta tres juicios. El que en poco tiempo más tendrá dictamen es aquel que se originó luego de que demorara en excusarse en las causas sobre el corralito, a pesar de los 200 mil dólares que tenía en un plazo fijo, y también por fallar a su favor en la recusación en su contra presentada por el Banco Nación. En abril, Fayt presentó su defensa donde aclaró que si bien el plazo fijo existía, nunca presentó un reclamo judicial para recuperar dicho dinero. Y con respecto al rechazo de su recusación, el veterano magistrado consideró que el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial establece que “no es causal de recusación o excusación el hecho de que el juez sea acreedor” de “un banco oficial”.