Los periodistas suelen decir que la información sirve en sí misma, no importa quién la publique. Lo que vale son los datos, los antecedentes, los números, los documentos. Es cierto: los datos son los datos. Pero, ¿alcanzan para formarse una opinión seria sobre un tema? En parte depende del bagaje previo del lector y su capacidad para contrastar lo que lee con la información propia. Y en parte, también, depende del medio que publica. Hay medios más confiables. Informan. Y hay otros que no. Desinforman. Operan. Mienten. Encaran campañas de acción psicológica.
Queda para los expertos en inteligencia ubicar al semanario El Guardián. ¿Es de Raúl Moneta? Moneta era el banquero de Dios cuando Carlos Menem parecía serlo, después se convirtió en un empresario de medios y es un aficionado a tres cosas: los juicios, las exhibiciones de caballos en la Rural y los cuadros de Molina Campos, de cuya reproducción tenía los derechos exclusivos. Todas las semanas, El Guardián regala una lámina del pintor gauchesco. Algo es seguro: Moneta debe haber disfrutado de las tapas contra Gustavo Gutiérrez, el político mendocino que acompañó a Elisa Carrió y durante años cuestionó la transparencia de sus negocios. ¿El Guardián también es de José Luis Manzano, el ministro del Interior de Menem que se relacionó con los cubanos anticastristas? ¿Es del Manzano que terminó, igual que Moneta, de empresario de medios, por ejemplo como copropietario de Canal 2? La revista solo dice que es de Editorial Urgente SRL.
Otro ejemplo aparece ayer en el diario Infobae. Una nota firmada por Horacio Minotti dice que hubo “una cumbre con tensión en la SIDE”, entre el nuevo secretario Sergio Acevedo y los directores generales. “Los antecedentes en otras áreas no eran alentadores”, dice Minotti. “La remoción en las Fuerzas Armadas y los rumores de más de lo mismo en Policía, Gendarmería y Prefectura creaban un clima de tensión insoportable.” ¿Minotti será el mismo que, con nombre supuesto, visitaba la SIDE todos los días, y no como periodista? ¿El mismo Minotti relacionado con Darío Richarte, aquel número dos de Fernando de Santibañes que tanto progresó en la vida?
Siempre se dijo que la SIDE pagaba periodistas o directamente los contrataba. Pero ningún gobierno quiso, al asumir, emprender una investigación especial y difundir los nombres y las cifras por miedo a quedarse sin una herramienta que le permitiera contratar otros nombres, los propios. Sería bueno que éste rompa esa tradición.
Todo lo que se publica en El Guardián no es mentira. En la tapa dice miércoles 21 de mayo de 2003 y efectivamente el 21 de mayo fue miércoles. El 27 de noviembre del 2002 El Guardián publicó un texto sobre supuestas maniobras financieras en La Nación y de inmediato alguien se presentó en una comisaría a formular una denuncia. Siempre las denuncias van a sorteo para ver en qué juzgado caen, pero a veces contar con un policía amigo asegura un atajo. Seis meses después de la nota y la presentación, la jueza María Romilda Servini de Cubría allanó La Nación. Lo hizo en medio de la dura discusión de los últimos días entre buena parte de la sociedad argentina –que en este tema incluye al gobierno– y el establishment. Los intereses tradicionales, que La Nación busca representar, alertan contra cualquier cambio en las fuerzas armadas, transforman la palabra militancia en un horror y buscan volver al alineamiento automático con Washington. Pero esta es la parte pública y transparente de la historia. Si en medio de este gran debate político, el más crucial de los últimos años, una jueza decide allanar espectacularmente La Nación, cambia los hechos y los actores. El diario, que en política no es una víctima sino un protagonista, pasa a ser una víctima. Y el Gobierno y el resto de la sociedad quedarán sospechados de atacar a una víctima.
La decisión de Servini enrarece. Por eso hay que pasar en limpio la situación. La Justicia tiene la obligación de investigar una denuncia, si le parece mínimamente seria. Pero si adopta actitudes inquisitoriales o despierta sospechas de picaresca con su timming, perjudicará a la propia Justicia y a la política justo cuando ésta renace.
El allanamiento es un recurso extremo que en la Argentina termina suplantando a la investigación prolija y la búsqueda de pruebas y no lleva a ninguna condena. Los mejores resultados sobre maniobras financieras los consiguió la comisión sobre lavado de la Cámara de Diputados en su primera etapa. El rigor la hizo fuerte, y después la falta de rigor la debilitó. Con la Justicia pasa lo mismo. Cada vez que un juez ordenó allanar bancos, la inutilidad fue tal que los bancos al final festejaron. Bajo el supuesto valor primordial de la sorpresa, los jueces más espectaculares siempre resultaron un fiasco. Y cada uno de sus fracasos terminó consolidando al establishment y al lavado de dinero, las dos zonas de poder y opacidad que decían querer investigar a fondo.