El general Ricardo Brinzoni pronunció ayer en la soledad del cuartel el discurso rencoroso y provocativo que planeaba descerrajar esta noche en el rostro del presidente, durante la conmemoración del día del Ejército. No pudo ser, porque Néstor Kirchner lo envió a su casa, en ejercicio de atribuciones constitucionales y legales. El artículo 99 de la Constitución dice en su inciso 1 que el presidente es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país, en su inciso 12 que es el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el 14 que dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación. El artículo 23 de la ley de Defensa Nacional dispone que el comandante en jefe elige a los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas entre los generales, almirantes y brigadieres del Cuerpo de Comando.
Cuando Brinzoni dice que le duele la despedida “por las circunstancias inexplicadas que la enmarcan”, no se refiere entonces ni a la constitucionalidad ni a la legalidad de la decisión, que están fuera de cualquier duda. Inexplicable sería en realidad, que Kirchner fuera el primer presidente constitucional en dos décadas que se abstuviera de ejercer esa facultad de designación. Lo hizo Alfonsín en 1983 cuando nombró al general Jorge Arguindegui, Menem en 1983 al designar al general Isidro Bonifacio Cáceres y De la Rúa en 1999, con la instalación como Jefe de Estado Mayor de Brinzoni.
La extrañeza que Brinzoni expresó por su relevo es explicación suficiente de las razones que Kirchner tuvo para disponerlo. Este hombre se creía con derechos adquiridos y no terminaba de entender las consecuencias de la declamada subordinación al poder político. Por el contrario, se creía acreedor de gratitud por no haber vuelto a las andadas golpistas. Antes de conocer el pensamiento del nuevo gobierno había hecho saber a través de periodistas amigos que continuaría en su cargo hasta diciembre y que entonces digitaría la sucesión. Como Lanusse en 1973, siente que han sido ingratos con él. El pasado no puede pensar el futuro.
Brinzoni está convencido de que él erradicó “la intriga cuartelera hacia la política”. Ni siquiera alcanza a comprender que su lobby sobre la justicia para que convalide las leyes de impunidad, la recepción oficial como un héroe al torturador que escapó de la justicia italiana con un documento falsificado, la designación de un dirigente neonazi como abogado de confianza, el mensaje antisemita en una comunicación con el periodista Héctor Timerman, las presiones sobre el poder político para que autorice la actuación militar en funciones policiales, las constantes reuniones con jueces, empresarios, economistas y políticos a quienes procura convencer sobre la necesidad de modificar las vigentes leyes de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia nacional, las relaciones promiscuas con periodistas de quienes se sirve para transmitir mensajes al poder político, constituyen formas inadmisibles de actividad política que un gobierno que se respete debe cortar de un tajo. ¿Qué son, sino politiquería de la más baja, las relaciones espurias de Brinzoni y su cúpula con el menemismo, que el saliente Jefe de Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Mugnolo, le confesó al ministro José Pampuro?
¿Será por eso que Brinzoni interpreta la decisión de pasarlo a retiro como una “intriga política sobre los cuarteles”, que “parece regresar después de 20 años”? Pura insidia de un hombre despechado. Que se sepa, nadie en el gobierno está pensando en un Operativo Dorrego ni en la politización de las Fuerzas Armadas. No necesitan nuevas tareas. Sólo prepararse para defender los intereses de la Nación de cualquier ataque armado, que es su razón de ser, y olvidarse de las alfombras rojas de los despachos judiciales y de las presiones para cambiar las leyes que los representantes del pueblo han votado y que los militares sólo deben cumplir.