“No quiero emitir ningún juicio de valor sobre estos temas para no entorpecer la labor de los legisladores. Ellos saben qué tienen que hacer en materia de análisis de las causales de remoción”, dijo ayer el ministro de Justicia, Gustavo Beliz. Cuando se trata de echar a algunos miembros de la Corte, cada poder cumple con su rol. Esa es la estrategia oficial. El ministro se mantiene cauto (aunque no deja de repetir que “no se van a obstaculizar” las iniciativas que impulsen un recambio del tribunal) y los diputados van para adelante. No se trata de algo casual sino de un diseño que tiene como premisa, al menos según asegura el Gobierno, la convicción de que no se negociará con la Corte.
La división de roles quedó planteada. Beliz no tiene que demostrar que no le agradan los ministros de la Corte, porque lo dijo antes de asumir. También dijo, ya funcionario, que sería saludable un recambio en el tribunal. Pero no se explaya en las críticas, aunque ayer llegó a hablar de “depuración del Poder Judicial desde el máximo nivel”. Está claro para todos los involucrados que el Gobierno ya tomó la decisión de avanzar hasta lograr que uno o varios de los jueces abandonen el máximo tribunal.
Las señales vinieron de los diputados oficialistas, que anunciaron que intentarían suspender al juez Carlos Fayt, cuyo juicio político está más avanzado. “La idea de muchos de nosotros es que, atento a que el mal desempeño es la causal que se le imputa, si siguiera en funciones seguiría, de alguna manera ‘maldesempeñando’. De manera que nos parece importante suspenderlo, como una medida precautoria”, afirmó ayer en declaraciones radiales la diputada Nilda Garré, vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político.
El presidente Néstor Kirchner y Beliz analizan de cerca el trabajo en diputados y están en contacto permanente con los legisladores que promueven el juicio político. El Gobierno intenta capitalizar varias lecciones que dejó el fallido intento de Duhalde por remover a la Corte, que terminó con la renuncia por cansancio del juez menos cuestionado, Gustavo Bossert. Ya saben que un enjuiciamiento en bloque a todos los integrantes del tribunal no los conduciría a ninguna parte pero además creen que “la estrategia de Duhalde fue errática, cambiante, mezcló la confrontación con la negociación y dio lugar a la negociación sobre el resultado de fallos”, afirmó un funcionario de primera línea del nuevo Gobierno. El Presidente, aseguró la misma persona, no está dispuesto a negociar fallos por renuncias. De hecho, Kirchner no tiene ninguna cuestión pendiente en la Corte que pueda desestabilizar al Gobierno, como lo eran los casos sobre el corralito para Duhalde. El máximo tribunal intentó usar, a través de trascendidos periodísticos, el fallo sobre las leyes de Obediencia Debida y Punto Final como carta de negociación. Pero los cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas y la posición pública sobre ese tema del Presidente y el secretario de Derechos Humanos demostraron que para Kirchner esta causa no es un problema.
La intención de suspender a Fayt y de utilizar la medida como símbolo para el resto de los supremos no tuvo respaldo dentro de los legisladores de la oposición. Elisa Carrió, de quien no se puede decir que no tenga intención de echar a los ministros de la Corte, se opuso a esta posibilidad. “Vamos a avanzar en proyectos que impliquen la destitución de un tribunal que ha privado de justicia a la Argentina, pero no se llega a ese objetivo por un camino sinuoso, por un camino ilegal o por una causa endeble”, aseguró. Carrió le dio la razón a Fayt, quien dijo a sus allegados que el intento de suspenderlo era inviable porque se trata de una atribución de los senadores, que sólo podrían concretar con el juicio político avanzado. Su abogado, Gregorio Badeni, incluso piensa que aunque la posibilidad esté mencionada en el reglamento de la Cámara de Senadores, es inconstitucional porque atenta contra la división de poderes. La posición de Carrió hizo desistir al oficialismo ya que el flamante presidente de la Comisión, Ricardo Falú, afirmó que “en principio” habría una determinación de no suspender provisoriamente a Fayt.
Con o sin suspensión, los diputados están dispuestos a avanzar lo más rápido posible con el juicio a Fayt, pero no sólo contra él. Tanto Garré como Beliz puntualizaron ayer que hay entre cuarenta y cincuenta denuncias que se presentaron en diputados después de que el año pasado se cerrara el enjuiciamiento a los nueve ministros. Y ya se anunció que Julio Nazareno y Adolfo Vázquez, quienes a diferencia de Fayt están identificados con la mayoría automática menemista, son los próximos en la lista.