El PRO va a tener que transpirar la camiseta para conseguir la aprobación de la ley que Mauricio Macri pretende para hacerse cargo del subte. Con el paro rotativo en las seis líneas de la red y el anuncio de la continuidad de la medida el próximo lunes como telón de fondo, el proyecto que el Ejecutivo giró a la Legislatura empezó a ser debatido ayer en comisión y quedó claro que así como está la oposición no piensa acompañarlo: entre los opositores fue unánime el rechazo a la aplicación del impuesto a los combustibles, a la limitación del derecho de huelga de los trabajadores y a los términos de la declaración de emergencia del servicio, que le permitirían al jefe de Gobierno realizar obras millonarias por contratación directa y manejarse sin ningún tipo de control. Sin votos propios suficientes, el macrismo deberá allanarse a una negociación al menos con los legisladores que suelen encolumnarse detrás de sus iniciativas. Su objetivo de máxima es llevar el tema a recinto el próximo 13 de diciembre.

La apertura del debate sobre el traspaso del subte reunió a unos veinte legisladores en un plenario de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Presupuesto y Hacienda. También concurrieron los metrodelegados Roberto Pianelli y Claudio Dellecarbonara, quienes se sumaron a las críticas de la oposición al proyecto. “Más que el traspaso, parece que están más interesados en destruir la organización de los trabajadores”, señalaron.

La discusión arrancó con una presentación de Juan Pablo Piccardo, el presidente de Sbase, la empresa estatal porteña propietaria de los subtes. El funcionario hizo un repaso de la situación en que según el PRO está el subte y un punteo del proyecto del Ejecutivo. Lo acompañó el titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Carlos Walter.

Aunque Piccardo negó que “el objetivo sea cercenar los derechos de los trabajadores”, el proyecto de Macri es claro en cuanto a declarar al subte como un “servicio esencial”. Eso obligaría a los trabajadores a garantizar el 90 por ciento de los viajes en hora pico y el 60 en las normales. Para los opositores y los metrodelegados se trata de una “provocación”, como lo es también atar cualquier aumento salarial a la suba de las tarifas. Incluso legisladores que en ocasiones acompañan al oficialismo marcaron un límite. “No pienso votar una ley que recorte derechos laborales”, anticipó, por caso, Daniel Amoroso.

En las casi cuatro horas que duró el plenario de comisiones todos manifestaron estar de acuerdo con el traspaso del subte, pero sólo los legisladores del PRO avalaron la propuesta de Macri. “Por responsabilidad política queremos acompañar, pero no se puede plantear un proyecto de consenso de la forma en que lo hace el oficialismo”, dijo a Página/12 Fabio Basteiro, de Buenos Aires para Todos.

Ningún opositor está dispuesto a convalidar la aplicación de un impuesto a los combustibles (40 centavos para la nafta premium, 30 la súper, 20 el gasoil y 15 el GNC). El aumento del 10 por ciento en los peajes de AUSA y el incremento de hasta el 5 por ciento en las patentes de los autos que superen los 150 mil pesos lo podrían discutir, pero con una condición previa. Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, lo planteó así: “Hay que dimensionar la situación financiera y administrativa. No hay una auditoría de costos que justifique lo que solicita el oficialismo”.

“Este proyecto le libera las manos a Macri para hacer lo que quiera con el subte”, apuntó Aníbal Ibarra, del interbloque kirchnerista, en relación también con otros puntos cuestionados por la oposición: que la declaración de emergencia exime al jefe de Gobierno de llamar a licitación para la realización de obras y que el proyecto habilita también a concesionar el servicio por más de cinco años, sin límite y sin ningún tipo de control.

El PRO, incluidos sus aliados de siempre, está a tres votos de los 31 que cuanto menos necesita, porque muchos opositores sostienen que hay artículos –como el de las concesiones– que requerirían 40. Su intención es debatir el proyecto en el recinto el 13 de diciembre. Ese día se tratarán también la instalación de bares en las plazas, un plan del PRO para el desarrollo de la Comuna 8, el proyecto del barrio de lujo en la ex Ciudad Deportiva de Boca, la urbanización de los terrenos para el plan Pro.Cre.Ar y la rezonificación de la Isla Demarchi. Es una sesión donde habrá mucho en juego y hasta entonces todo es pasible de ser negociado.