Mientras se discute el proyecto de ley que reformula los términos de la concesión del subte, en Metrovías se preparan para lo que dicen será un nuevo contrato bajo un mayor control de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). El subte tiene un esquema de financiamiento mixto entre recaudación por venta de boletos y subsidios que la Nación y la Ciudad le transfieren. El acta firmada el 3 de enero estableció que los 60 millones de pesos mensuales que recibía Metrovías sean aportados en partes iguales por ambas jurisdicciones. Sin embargo, en lugar de transferir los fondos, el gobierno porteño subió la tarifa a 2,5 pesos, provocando el alejamiento del 20 por ciento de los pasajeros. La empresa hoy tiene un déficit de 220 millones de pesos, lo que la imposibilita de impulsar las inversiones necesarias para aumentar la capacidad de operación del servicio. Fuentes de la empresa aseguran que un nuevo aumento tarifario no es viable, ya que la fuerte competencia con los colectivos deterioraría nuevamente el volumen de pasajeros. Ante la necesidad de 120 millones de pesos mensuales para operar, el precio de equilibrio estaría entre los 4 y 5 pesos. Plantean revisar la estructura de costos, donde el 70 por ciento son solamente en salarios. En cuanto al conflicto con los metrodelegados, la concesionaria se desentiende con el argumento de que es un conflicto intrasindical. Sin embargo, el último acuerdo paritario establece un aporte sindical “solidario” del uno por ciento del sueldo de cada empleado para la UTA, que según fuentes de la empresa no se podía evitar. Además, a la espera de las modificaciones laborales que surjan de la nueva ley, reconocen la legalidad del status insalubre del trabajo en el subte, pero no están de acuerdo. Argumentan que no hay evidencias científicas que lo avalen.