Los abogados del Grupo Clarín presentaron durante la semana dos escritos en el expediente que tramita su denuncia contra periodistas, funcionarios, legisladores y militantes. La información disponible es parcial porque la causa todavía no está accesible, hasta que el Multimedios ratifique sus absurdos planteos, pasado mañana. Pero se sabe de fuentes fidedignas que el martes 27 de noviembre el Grupo especificó que no denunciaba a los periodistas. Esa salvedad revela que el escrito proclamaba lo contrario: no hace falta retractarse de lo que jamás se dijo. El miércoles 28 los abogados ampliaron su marcha atrás en ojotas: desistieron de citarlos como testigos. El enchastre, de cualquier forma, estaba consumado.

El papelón fue mayúsculo aunque parte de sus objetivos estaban logrados. Amedrentar, urdir un discurso ampuloso y berreta que emparentaba funcionarios y periodistas y denostaba a la tevé pública, en especial a través de los programas 6,7,8 y Fútbol para todos. Y victimizarse, también.

Cunde una pregunta en todos los corrillos y tertulias: ¿la torpeza formó parte de una movida más vasta y astuta o fue un disparo en el pie? Posiblemente, la respuesta más adecuada sea que confluyen las dos cosas.

La jugada, todo lo indica, iba más allá y actuaba en combo con su reclamo ante la Corte Suprema por denegación de justicia. Clarín, su discurso periodístico y sus incursiones judiciales lo muestran, trata de armar camino para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este tribunal tiene jurisprudencia reciente (“Ríos contra Venezuela”, por ejemplo) en la que se cuestionan las agresiones físicas a periodistas o trabajadores de medios y se consideran graves las constantes amenazas de funcionarios. Emparentar al kirchnerismo con el chavismo en un foro internacional prestigioso es un afán ambicioso. Pero Clarín inició ese camino con demasiados traspiés, se deslegitimó. A la CIDH no se entra de prepo, por la ventana, cuestionado por amenazar periodistas. Pasar de victimario a víctima no es sencillo.

El globo de ensayo se fue pinchando. Primero por la reacción digna de los damnificados y la amplísima solidaridad que los fue acompañando. En el mismo plano, por la expeditiva y determinante intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que asumió la defensa de los colegas, el mismo día en que se conoció el ataque. El CELS tiene largo camino recorrido en oponerse a criminalizar a medios o cronistas. Defendió incluso, con calidad y con éxito, a periodistas con los que discrepa ideológicamente. Y es asiduo actor ante la CIDH. Sus pergaminos y trayectoria previa son impecables, a diferencia de los de los denunciantes.

La reacción de numerosos periodistas, incluyendo varios opositores al actual gobierno, también impactó en el escenario. El diario Clarín se mantuvo encolumnado con la empresa. No informó sobre la denuncia ni hizo comentario serio alguno hasta el miércoles. Ahí aplaudió la retractación y derrapó hacia el autoelogio. Promover falsas denuncias y recular, tal parece, es un galardón. En fin.

En cambio, hubo periodistas que trabajan en radios y canales del Multimedios que criticaron. Pusieron en aprietos al abogado Hugo Wortman Jofré, quien añadió torpezas verbales a la tropelía escrita. Las declaraciones y las acciones judiciales son magnitudes distintas, claro. Así lo puntualizó Damián Loreti, abogado del CELS, cuando productores del programa radial de María O’Donnell ofertaron “cruzarlo” al aire con Wortman Jofré. Loreti dijo que podría ser pero que un debate entre abogados no tenía la gravitación de una denuncia penal. Que el punto era lo que se había escrito, que no podía desdecirse ni desdibujarse en un debate en radio.

Wortman Jofré se movió en ese territorio con brutalidad y prepotencia. Negó lo ostensible: los periodistas y los funcionarios estaban enunciados en una sola lista, en plan de plena igualdad. Se llamaba “propaladores” a los colegas y se proponía averiguar mediante interrogatorios “a qué intereses sirven”, frase inequívoca si las hay. El letrado esbozó comparaciones falaces. Recordó que a Joaquín Morales Solá se lo había citado para corroborar sus artículos que informaban sobre posibles coimas en el Senado, durante el gobierno de la Alianza. Ahora, fabuló, se haría lo mismo. El discurso no se sostiene. Al columnista de La Nación se lo convocó (como suele pasar en el gremio) para corroborar los dichos e investigar lo que denunció. No para llevarlo a él al banquillo de los acusados o implicarlo en una conspiración de otro tipo.

Tras algunos trámites que faltan, el juez deberá sobreseer a los acusados falsamente. Sería justo que lo hiciera con fundamentos severos, que castigaran el atropello. Los tribunales no deben ser usados para armar operaciones políticas ni ser usados de trampolín (por no decir preservativo, que queda feo) para jugarretas en otros escenarios.

Habrá que ver.

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La otra pata: La otra pata judicial del Grupo también trastabilló. Recurrió ante la Corte pidiendo hiciera lugar a nuevas medidas cautelares. Nada reclamó respecto de la sentencia en la causa por inconstitucionalidad. El máximo Tribunal resolvió bien, en sustancia, aunque con subterfugios de lenguaje, que forman parte del estilo de su presidente, Ricardo Lorenzetti.

El núcleo fue consignar que la demora en sentenciar y la proliferación de medidas cautelares son, en esta cuestión y a esta altura, denegación de justicia. La Corte dispuso apurar la sentencia, urgió diligencias formales necesarias. Y abrevió el plazo legal disponible para el juez Horacio Alfonso: no se medirá en días hábiles judiciales sino en días corridos. O sea, ni sábados ni domingos, ni feriados, ni la feria judicial interrumpen el plazo que es de cuarenta días.

El rechazo a las cautelares fue rotundo, se sentenció “inadmisible” el planteo de Clarín y su entrada a la Corte salteando las instancias previas.

La Corte organizó el expediente y demarcó límites. E hizo bien.

Tal vez fue demasiado ampulosa al consignar que Alfonso debe fallar “de inmediato”, lo que podría malinterpretarse en el contexto político. Suena a sobreactuación y a un pequeño presente al discurso mediático corporativo.

Alfonso dispone, pues, de cuarenta días desde que quede firme la decisión de llamar “autos a sentencia”. Hasta el viernes, no había firmado esa resolución. Pudo suceder ayer, mientras se cerraba esta columna. U hoy mismo. Desde entonces, las partes tienen cinco días para acordar u oponerse. Por cierto, el Estado y Clarín pueden abreviar el plazo prestando conformidad.

Alfonso también tiene pendiente un pedido de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para ser tenida por parte en el pleito. Según información certera que posee este cronista, los abogados del Estado y de la Afsca están decididos a poner todo de sí para que se esté en condiciones de dictar sentencia: notificarse prestos, no hacer nuevas presentaciones. Posiblemente los de Clarín tengan la misma disposición, aunque nunca se sabe.

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Bilardismo procesal: Casi todos los expedientes judiciales tardan demasiado y la Corte no puede arrojar la primera piedra, si se mira en el espejo.

Para las demoras en la sentencia del expediente de Clarín confluyeron varios actores. El primero (en lo cronológico y en el nivel de responsabilidad) es el propio Multimedios. Buscó más la medida de no innovar que la sentencia. La consiguió de modo rápido y facilongo. Una cautelar sin plazo de vencimiento es ilegal, “la Justicia” se la concedió. Desde entonces Clarín desarrolló una táctica resultadista, a lo Bilardo. Una cautelar eterna es más funcional que una sentencia, pasible de apelaciones y revocaciones. La Corte Suprema fue funcional durante un lapso largo a ese designio: le dio alas al impresentable juez Edmundo Carbone, un ejemplo clavado de magistrado “Corpo-friendly”. Recién el 22 de mayo de este año, el máximo Tribunal puso fin a las dilaciones, sin verbalizar una autocrítica pero poniéndola en práctica. Y ahora exige a todos que pisen el acelerador.

La carga de instar un expediente civil o comercial concierne a quien demanda. De cualquier modo, es real que los abogados del Estado algunas chicanas colaron. No deben considerarse como tales las impugnaciones a las pericias, que articularon las dos partes y son parte del derecho de defensa.

Las demoras para designar jueces atañen al Ejecutivo que tiene un injustificado cuello de botella en proponer ternas. También se durmió, de manera inexplicable aún para sus intereses, en integrar la lista de conjueces que pueden hacer las veces de suplentes en juzgados vacantes.

El Consejo de la Magistratura, una de las varias quintas ruedas del carro creadas por la Constitución de 1994, aporta su cuota. Es un organismo beligerante, que traba todas sus decisiones por pujas internas. El punto da para más pero el cronista aclara que no cree que la solución sea conferir, por vía legislativa, más poder a las corporaciones de jueces y abogados, en detrimento de los representantes elegidos por el voto popular. Las corporaciones forenses son minoritarias e irrepresentativas, lo más democrático es que los nombramientos de jueces tengan como fuente un órgano político, por lo menos predominantemente.

Más allá de la digresión, el bloqueo mutuo en el Consejo y las operaciones de los dos sectores para colocar jueces afines, complicaron el entramado.

La Corte hizo lo mejor disponible, a noviembre de 2012, aunque usó un vocabulario inadecuado y se demoró 24 horas en dar a conocer los fundamentos severos del rechazo al recurso inventado por Clarín.

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Desde el 2D:Alfonso no está forzado a dictar sentencia antes del 7D. Puede hacerlo, aunque debe sacarle punta al lápiz para fundar una sentencia que hará historia y desatará tempestades.

Si no lo hace, la acción de la Afsca seguirá adelante, tomando medidas administrativas que llevarán su tiempo. Las adecuaciones de oficio, tasaciones, llamados a licitación, eventuales adjudicaciones insumirán meses. Suena imposible que haya cambios de titularidad antes de la sentencia de primera instancia.

Si ésta es ajustada a derecho y rechaza la inconstitucionalidad, Clarín no podrá interponer cautelares sobre la discusión principal. Aunque, verosímilmente, tratará de minar con medidas cautelares el avance de los actos de la Afsca. La Corte, seguramente, deberá poner cauce y dique a esas medidas.

Si el juez admite la inconstitucionalidad, Clarín tendrá el camino allanado para pedir “no innovar” hasta que haya sentencia definitiva.

El que pierda en primera instancia cuenta con el derecho de apelar. Si quiere ir a la Corte por vía del per saltum debe interponer los dos recursos al mismo tiempo. El per saltum no es de concesión automática, depende del criterio de la Corte: la buena praxis aconseja no olvidarse de apelar.

Todo terminará en la Corte, tarde o temprano.

Clarín espera el 7D con los dientes apretados e incurriendo en metidas de pata tremendas.

El Gobierno radicaliza el discurso y prepara un festejo para el domingo que viene, una especie de “pequeño Bicentenario”, que quiere contraponer al estilo y a los métodos de las movilizaciones del 8 y del 20 de noviembre.

Así están las cartas, hoy día.

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