Tal como lo había anticipado la semana pasada, el Gobierno presentó ayer el pedido a la Cámara Civil y Comercial para que habilite la feria judicial y comience a analizar la apelación presentada por el Grupo Clarín respecto de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el escrito, realizado en paralelo por la Jefatura de Gabinete y por la Afsca, el Poder Ejecutivo argumentó que se trata de una causa de gravedad institucional y que se mantienen las circunstancias que habían llevado a la Corte Suprema a disponer la “habilitación de días y horas” inhábiles para el dictado de sentencia de primera instancia. “Le pedimos a la Cámara que habilite la feria, que no se tome vacaciones y que resuelva en forma urgente, porque hace más de tres años que no se puede aplicar una ley votada por la inmensa mayoría de los diputados y senadores de la Nación”, aseguró el titular de la Afsca, Martín Sabbatella.

La presentación del kirchnerismo realizada ayer apunta a evitar que los magistrados continúen dilatando la aplicación integral de la LSdCA y resuelvan lo antes posible la cuestión de fondo en la causa. Aunque no tenían expectativas positivas, fuentes oficiales esperaban que la Cámara rechazara o aceptara el pedido el mismo día, lo que hasta anoche no había sucedido. “Pedimos que la Cámara actúe con celeridad, tal como se lo solicitó la Corte la semana pasada. Es absolutamente necesario que los jueces aceleren su decisión sobre la ley de medios, porque se trata de un caso de evidente urgencia institucional. No puede ser que una norma tan importante, fruto del amplio debate democrático, continúe frenada durante tanto tiempo por medidas cautelares que sólo protegen los intereses concentrados de un grupo económico”, insistió Sabbatella.

Reunidos el 27 de diciembre, los jueces de la Cámara Civil y Comercial resolvieron designar a Graciela Medina y Ricardo Guarinoni como jueces de feria durante todo enero, mientras que Francisco de las Carreras los acompañará hasta el 27 de enero, cuando será reemplazado por María Susana Najurieta los últimos días del mes. Tanto De las Carreras como Guarinoni y Najurieta son los integrantes de la Sala I de la Cámara, que precisamente entiende en la causa Clarín. Como presidenta de la Cámara quedó Medina, cuyo esposo, Julio César Riviera, asesoró a la empresa Cablevisión, propiedad del Grupo Clarín.

Si bien se estimaba que podría haber una respuesta ayer al mediodía, finalmente no hubo decisión acerca del planteo, ya que los tres jueces no coincidieron en ningún momento en el Palacio de Justicia.

En su fallo del 29 de diciembre, la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Poder Ejecutivo y el pedido para terminar con la medida cautelar dispuesta por la Cámara. En uno de los últimos puntos, el máximo tribunal instó al tribunal de segunda instancia a que “se expida dentro de la mayor brevedad posible”. Pero al no haberle dado mayores precisiones, la Cámara tiene según el Código Procesal hasta 60 días hábiles para dictar sentencia, que recién se empezarían a computar el 1º de febrero.

En ese marco, la decisión tomada el 14 de diciembre por el juez de primera instancia Horacio Alfonso de ratificar la constitucionalidad de la norma no le sirvió al Gobierno para hacer operativa la ley, cuestionada por Clarín en sus artículos 41, 45, 48 y 161. De todas maneras, la Afsca notificó al multimedio el inicio del proceso de adecuación de oficio, antes de que la Cámara aceptara la apelación.

“El Grupo Clarín sabe que la ley es constitucional, que más tarde o más temprano se va a aplicar y que en cuanto la Justicia resuelva se continuará con la transferencia de oficio que iniciamos el día que fuimos a notificarnos. Pero la estrategia del grupo es buscar medidas dilatorias que les permitan ganar tiempo y postergar su cumplimiento”, completó ayer Sabbatella.

Al rechazar los planteos del Gobierno, la Corte corrigió el criterio de la Cámara, que había considerado que una vez finalizada la medida cautelar debía comenzar a computarse el plazo de un año previsto en el artículo 161 para presentar el plan de adecuación voluntaria. Ratificando la posición fijada el 22 de mayo, los ministros consideraron que todos los plazos están vencidos, por lo que una vez resuelta la cuestión de fondo comenzaría la adecuación de oficio.