”La cárcel no es ese lugar limpio y digno de los eufemismos judiciales sino lo que denuncian los detenidos y los familiares que padecen el encierro y la violencia policial. Partimos de que ahí está la verdad y para modificarla se deberá reflejar en resoluciones: la palabra de las víctimas deberá ser verdad judicial, como ocurrió con las víctimas del terrorismo de Estado. Pero no podemos tardar otra vez 35 años. Es más fácil hablar de las torturas del pasado, pero tenemos el desafío de trabajar con las torturas del presente, de investigar y juzgar a los responsables. La política que estructuralmente se aplica es el archivo.”

El alerta sobre las torturas del presente y el desafío de terminar con la impunidad de sus perpetradores pertenece al fiscal federal Abel Córdoba, a quien la procuradora Alejandra Gils Carbó designará mañana al frente de la nueva Procuraduría sobre Violencia Institucional. El abogado de 34 años que en 2009 reemplazó a Hugo Cañón al frente de las causas de lesa humanidad en Bahía Blanca, donde obtuvo una condena ejemplar a 17 represores, habló con Página/12 sobre la indiferencia del Poder Judicial frente a las personas encarceladas, la relación de la violencia intramuros con la inseguridad y la necesidad de discutir el concepto de tortura, de valorar la palabra de las víctimas y de reorientar la política criminal.

–Hay organismos que llevan décadas denunciando la violencia estatal. Se suceden gobiernos con visiones distintas sobre el respeto de derechos y garantías, pero las torturas en cárceles o por parte de policías continúan. ¿Cómo se enfrenta esa violencia naturalizada por las instituciones?

–Existen figuras penales y mecanismos previstos para sancionar estas violaciones a los derechos humanos. Nuestro diagnóstico es que la impunidad es producto de la doble valoración judicial: según quién sea el autor y quién la víctima. Hay impunidad producto de la ineficiencia decidida del Poder Judicial, que ve a las personas detenidas como subhumanos y no considera que en sus testimonios haya verdad. Hay jueces que dicen abiertamente que la cárcel está llena de mistagogos y se distancian de los hechos, menospreciando el dolor de las víctimas. Son hechos graves que deben ser abordados en profundidad. Se necesita, y a eso apunta la creación de la Procuraduría, una reorientación de la política criminal en cuanto a investigación y juzgamiento. Son los jueces los que deciden quiénes pueblan las cárceles, y si uno va a un pabellón de cualquier cárcel deduce la ideología de un Poder Judicial que se limita a refrendar criterios de persecución policiales. Hay pasividad e indiferencia al aceptar que la dirección de la política criminal la decidan instituciones policiales, que aplican criterios discriminatorios, en muchos casos racistas y de absoluto desprecio hacia los sectores que encarcelan. Y con un Poder Judicial convertido en refrendador de criterios policiales se consolida el armado de causas, se avalan figuras como la de “resistencia a la autoridad”, una compuerta punitiva que maneja a discreción la policía. En las cárceles se ve a quiénes persigue la policía y a quiénes temen los jueces: no van presos los funcionarios responsables de violaciones a derechos humanos.

–Los testimonios sobre torturas se conocen por el trabajo de organismos y de algunos medios, pero rara vez surgen de expedientes judiciales. ¿Cómo se explica?

–Hay funcionarios que denuncian e impulsan investigaciones, pero una tarea pendiente es desarrollar en el plano judicial una valoración de la palabra de víctimas de torturas, malos tratos y condiciones inhumanas de detención, como se hizo en las causas de lesa humanidad. El desprecio hacia las personas que encarcelan que hay en los poderes judiciales ha impedido que se proteja y se tutele a la víctima, que se valore su testimonio, que no logró en 30 años de democracia superar los prejuicios de clase de operadores judiciales. Lo propio ocurre con el trabajo con perspectiva de género: no se toma en cuenta como se debiera la identidad sexual de las personas. Hay mucho por avanzar. Hay funcionarios judiciales que van a la cárcel como quien visita a una especie inferior, y se alejan de los encerrados utilizando un lenguaje distante, ficticio, remilgado. A un detenido golpeado depositado en una celda mugrienta a la que llegó desde otro rincón del país, que denuncia con miedo que lo golpearon, un juez no puede preguntarle, como he visto: “¿Qué remedio procesal postula usted?”. Es un modo de desprecio, de ejercer un nuevo sometimiento que deslegitima cualquier función judicial.

–¿Cómo incide la violencia institucional en el resto de la sociedad?

–El funcionamiento violento de las instituciones carcelarias o policiales lo que hace es generar inseguridad. La razón de existencia, la razón por la que tienen determinadas facultades los servicios penitenciarios y policiales, es contribuir a la seguridad y a la tranquilidad de la sociedad. Pero con este funcionamiento violento sumado a la inacción judicial terminan generando inseguridad, que luego afecta a toda la sociedad.

–La Procuraduría tendrá un ámbito de trabajo amplio: fuerzas federales, cárceles, lugares de encierro. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios?

–Los ejes centrales serán la violencia en instituciones de encierro y la violencia policial. Son los ámbitos donde se observan mayores violaciones de derechos humanos y en ambos advertimos connivencia y abandono judicial. Hay una delegación irrestricta del poder punitivo en servicios penitenciarios y policías, que se complementa con una ceguera o insensibilidad ante lo que padecen personas encerradas o víctimas de determinados despliegues policiales. Esto tiene que ver en última instancia con operadores judiciales que consideren indeseables a las personas que encarcelan, a las que exponen a una muerte violenta que ronda todas las celdas del país.

–Estas formas de violencia existen con el visto bueno o la indiferencia de distintos poderes del Estado. ¿Qué rol específico le cabe al Ministerio Público Fiscal?

–El Ministerio Público, como titular de la acción pública, tiene un rol central. El diagnóstico es que en muy pocos casos se realizan investigaciones en profundidad. Estadísticas del Ministerio de Seguridad indican que en el 80 por ciento de las causas relacionadas con violencia institucional no se adopta ninguna medida de prueba. No hay condenas por torturas, y no porque no ocurran sino porque no hay un abordaje profundo. Las imputaciones suelen limitarse a los autores directos. Pensamos que hay que aplicar estructuras de imputación más complejas, que tomen en cuenta las estructuras de poder y lleguen a los responsables del gobierno violento de cárceles e instituciones policiales. Muchas veces ni siquiera se aparta a la propia fuerza investigada de la causa donde se la investiga. Todos estos puntos forman parte del diagnóstico específico que nos traen fiscales que trabajan y ven con preocupación esta situación. También se advierten instituciones públicas que descargan violencia sobre sectores marginados, ya sea en lugares de encierro o en el territorio, con encierros donde el recurso tortuoso es primitivo, se tortura mediante el hambre, el frío, el confinamiento, los golpes, y lo que se ha sofisticado es el modo en el cual los operadores judiciales eluden la mirada y la responsabilidad. Las muertes violentas aumentan cada año, hay una cada siete días en el servicio penitenciario federal, también en cárceles de mujeres, y esto tiene que ver con las prácticas violentas de las instituciones penitenciarias sobre quienes son víctimas de estos hechos, en su mayoría, en el caso de mujeres, jóvenes de menos de 24 años.

–¿Y en los lugares de encierro relacionados con la salud mental?

–Hay una cuestión de fondo en todos los establecimientos donde se deposita a personas que pasa por disponer la sanción de la cárcel, de la jaula, para situaciones muy heterogéneas. Hay personas encerradas que no han cometido delitos y que no están sospechadas de conducta alguna sino que se les aplican criterios de peligrosidad, y que al estar encerradas son sometidas a la misma lógica de estigmatización, maltrato e incluso de torturas y tratos crueles. Hay una discusión que debe darse sobre lo que consideramos tortura. Desde nuestra mirada, la aplicación de determinados tratamientos violentos son prácticas de tortura, aunque se pretenda justificarlos en supuestas razones clínicas.

–¿Qué tan amplias serán las facultades de la Procuraduría? ¿Podrá inspeccionar cárceles y comisarías?

–Sí, es necesario que quienes estamos encargados de llevar adelante esta materia tomemos contacto directo e inspeccionemos las condiciones de encierro en todos los ámbitos: penitenciario, de salud mental o donde haya niños o jóvenes en situación de encierro. Vamos a tener dos planos de actuación. Por un lado, una función de asistencia y coordinación al resto de los fiscales competentes. La intención es trabajar con el resto de los fiscales con un equipo interdisciplinario de la Procuraduría. Vamos a sumar trabajo y a proponer la implementación de guías o protocolos para hacer más eficiente el trabajo hoy disperso. Por otro lado, ante algunas situaciones vamos a tomar intervención directa, llevando adelante la investigación desde la Procuraduría. Pensamos tener una coordinación estratégica con instituciones y organismos que llevan muchos años trabajando estos temas sin ser escuchados, y aportar a la implementación efectiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, incluso a nivel provincial, donde hay violaciones de derechos masivas y constantes. Hay organismos con un trabajo enorme, que son quienes junto a familiares de víctimas tienen el pulso preciso de la violencia institucional. Otro tema que trabajaremos es en el seguimiento de la aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han indicado claramente una instancia de aplicación que no se cumple. Pasa por ejemplo con el fallo Bulacio, que costó un enorme esfuerzo y está pendiente en su implementación.

–¿Se podrá actuar sobre policías o servicios penitenciarios provinciales, a priori controlados por fiscales y jueces de cada jurisdicción?

–Hay una intervención posible a partir de que el Estado nacional es responsable ante organismos internacionales por las violaciones de derechos que cometen no sólo organismos federales sino también locales y provinciales. Esta responsabilidad habilita algún tipo de intervención. Por otra parte, en muchas cárceles provinciales hay detenidos federales, con lo cual la división es más formal que práctica y no puede ser una excusa para no abordar casos de violaciones a los derechos humanos.

–La unidad que coordina los juicios de lesa humanidad se topó durante años con enormes resistencias, no sólo por parte de jueces, también de fiscales. ¿Qué respuesta prevé ante la decisión política de poner la lupa sobre la violencia institucional?

–Hay operadores que trabajan muy bien en esta materia, pero los organismos y familiares de víctimas nos trasladan su disconformidad por causas que no avanzan, que se archivan sin investigar, y pese a ser quienes padecen los hechos también sufren las irregularidades procesales. Cuando se los acusa, el sistema penal aparece aplastante, efectivo; cuando esas mismas personas son víctimas, el sistema judicial se vuelve pesado, torpe, y las causas se cierran o prescriben, porque el objetivo nunca es aplicar el Código Penal a los responsables de la violencia institucional. Es del Poder Judicial la responsabilidad por la impunidad de los hechos que ocurren en encierro o por la aplicación ilícita de violencia policial. Aquí es central la impronta que viene señalando la procuradora general al crear cada una de estas unidades: tienen que tener facultades para asegurar la aplicación de criterios uniformes que se traduzcan en efectividad, es un objetivo prioritario.