Desde La Rioja

Luego de la sanción del nuevo régimen legal para peones rurales, en 2011, y de los requisitos del Ministerio de Trabajo, que establecen condiciones para el alojamiento de los trabajadores, algunos empresarios buscaron la forma de cumplir la norma, pero sin mejorar sus condiciones laborales. Es el caso de una poderosa aceitunera riojana, donde en lugar de acondicionar las tiendas dentro de los campos trasladaron el hacinamiento y los servicios e instalaciones precarios hacia barrios periféricos de la capital provincial. Hombres, mujeres y niños fueron derivados a casas desvencijadas, donde viven en condiciones precarias. En una de las “viviendas”, incluso funcionó un prostíbulo que perteneció a la difunta Liliana Medina, principal imputada por el caso Marita Verón. El accionar fue detectado por denuncias de los peones a la sede provincial del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea). Ayer, agentes de este nuevo organismo, que reemplaza al cuestionado Renatre que conducía el sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas, inspeccionaron el campo de olivas de la empresa Promas, de Mastellone Hermanos, donde trabajan estos peones. El Renatea iniciará una acción judicial para que se investigue si allí se cometen los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas.

Las pruebas concretas de la tercerización de Promas en la captación de peones a base de engaños y su traslado, pese a la nueva ley 26.727 que prohíbe las llamadas “empresas de recursos humanos” en el sector agrario, se colectaron el domingo pasado. Bastó charlar con trabajadores salteños, jujeños, santiagueños, chaqueños y cordobeses, traídos en su mayoría por los hermanos Néstor y Omar Flores, alias Los Mellizos. Son los dos cuadrilleros que ayer el gerente de Promas, Ramón Terzeghide, reconoció que constituyen una especie de “tercerización parcial” de la empresa (ver aparte).

La delegación del Renatea, con apoyo de dos inspectores y abogados del organismo enviados desde Buenos Aires, constató tres “viviendas” provistas por Promas, tras la denuncia de peones echados o abandonados en la clínica privada Mercado Luna, por enfermarse o tras sufrir accidentes laborales. Renatea tiene poder de emisión y fiscalización sobre la Libreta de Trabajo Agrario (LTA) y “el cumplimiento de la ley vigente, la cual tiende a evitar el desarrollo de trabajo no registrado”, como explica un folleto que se les acerca a los peones en las inspecciones.

En las descripciones de las denuncias aparecen claros indicios de reducción a la servidumbre, cuando no de trata para fines de laborales, si se considera que existe un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad en pos de un rédito económico. “Es cierto que se pueden volver a su casa porque no están dentro del campo, pero están sin plata como para pagar un pasaje a casa. Y si denuncian la situación, los amenazan con que se van a quedar sin cobrar un peso. Si es trata o reducción queda sujeto a la investigación jurídica”, razonó uno de los inspectores porteños, Patricio Guendulain, frente a la destartalada construcción donde funcionó el prostíbulo Candileja, de Liliana Medina.

El lugar queda a un costado de la colectora Ruta 5. Los peones recién se despertaban. Dijeron que a veces pasa alguno y pregunta por Gonzalo “Chenguita” Gómez, el hijo de Medina, también imputado en la causa de Marita Verón. En el zaguán, donde un cartel nuevo les exige “mantener limpio este sector” que comunica las dos alas del caserón, un joven santiagueño invitó a Página/12 a pasar para apreciar “las comodidades” que comparte con otros peones de Jujuy y Córdoba; mientras, muchos colegas duermen derrumbados tras una semana de jornadas de 12 horas, más de lo que permite la ley, y de una última noche de pachanga.

En total, hay 39 camas marineras dobles y media docena de colchones tirados en el piso, distribuidos en cuartos grandes y algunos pequeños. En el ala izquierda pocos cuartos respetan la normativa de la resolución ministerial 11/11, anterior al nuevo régimen de trabajo agrario, sobre la capacidad máxima de cuatro personas que se exige a los campamentos o estructuras habitacionales fijas. Ni los lugares para sentarse. No hay “una ventana por cama” y quienes vinieron con su familia no tienen “alojamiento individual”, como exige la resolución. Pero el problema es más grave en la parte de “servicios” e instalaciones.

“Tenemos dos cocinas eléctricas para 50 personas porque ya se fue un contingente. Son ésas de ahí, les pusieron cadena. Hay dos congeladores. No hay platos ni cubiertos, te piden que los traigas. Lo mismo con las sábanas y las colchas. Cocinamos a leña y ya tuvimos problemas porque no nos dejaban traer las ramas”, contó Pablo, cordobés, de 18 años. Llegó hace tres semanas para la cosecha, agregó. Hay tres baños de material en el ala izquierda, que se comparten con la otra ala, cuando la resolución 11/11 exige un inodoro cada cuatro trabajadores. De los tres, sólo uno funciona. La ducha anda en otro, y es el único lugar donde pueden darse el lujo de higienizarse solos.

La ducha más usada la improvisaron los peones en un patio trasero, detrás de las parrillas y de tres boxes de baños químicos, que no andan, cerca de un matorral lleno de basura, que Pablo aseguró que comenzaron a limpiar no bien llegaron. Después, todo se desmadró y muchos usaron el baldío como un gran baño. La ducha consta de baldes y fondos de botellas de plástico para tirarse el agua. En las parrillas, el tizne delinea sartenes, ollas y pavas, que también deben traer ellos. El domingo estuvo nublado y las pocas mujeres de la casa, que duermen en el ala derecha, iban y venían para guardar la ropa seca. Lavan la ropa en el lavamanos del baño de esa ala.

La segunda casa quedaba en Guandacoll 368 y tiene un baldío en el medio. Los chaqueños y santiagueños duermen en el fondo; adelante, en un pequeña casita, hay diez colchones en una habitación que comparten un grupo de salteños. Alertado de la visita de la prensa y de algunos funcionarios del Renatea, atendió al público Ricardo, un joven peón y comisionista que convocó a coterráneos a cambio de cierto porcentaje “a cobrar más adelante”, admitió. Según él, “todos” están conformes porque negociaron con los cuadrilleros que no saturarían el lugar con gente llenando las 29 camas distribuidas en los cuartos. “¿O no estamos cómodos?”

Sólo una persona le confirmó entre las 15 que los rodeaban.

En el lugar hay una heladera y un freezer, dos duchas, una no andaba y la otra es un calefón eléctrico desenchufado, porque pierde agua. De refuerzo, señaló Ricardo, Promas puso un baño químico en el patio sin iluminación pero con un cartel que indica “mantener el orden y la limpieza”. Allí, con la mano y el antebrazo enyesado, Osvaldo pidió hablar con los inspectores de Renatea. Cuando se enteró de que puede recibir asistencia legal gratuita, si se accidentó trabajando como afirmaba, se agarró la cabeza. Comenzó a llover y aunque se mojaban zapatillas, toallas y remeras nadie salió a buscarlas. Ya circulaban los folletos informativos.

Osvaldo se quebró la mano y dijo que le dieron 30 días de reposo y una abogada le pidió el 30 por ciento de comisión. “A algunos compañeros les dieron 500 pesos y no los ayudan más. No tengo plata para pagarme el pasaje. Si no, me iría y empezaría a reclamar desde allá. Además, tengo dos nenes, de 3 años y 8 meses, y ya no les puedo mandar nada”, dijo. Al rato andaba envalentonado. “Esto no va a quedar así, nunca me llamaron de la ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo), el remís para volver hasta aquí me lo tuvo que pagar la abogada”, protestó.

En la última casa visitada, en una calle principal del barrio Andacollo, rodeada como las otras, de la imponente precordillera, los ánimos eran otros. El comisionista permitió el paso, pero acosó afuera a la delegación del Renatea. “Si están todos registrados no va a haber problemas”, le respondió en un momento Ana Córdoba, delegada provincial del Renatea, mientras en la puerta repartía folletería. Adentro había un solo baño y duchas a la intemperie en un patio trasero, donde los peones cocinaban un guiso a gas, todo un privilegio, pero en una cocina destartalada. Antonio, un cordobés de 54 años, golondrina en su provincia y tantas otras que ya no recuerda, quiso saber si se podía jubilar.

“No molesten a la gente que está descansando”, interrumpió el comisionista, enojado. Osvaldo, recién levantado y resacoso, dejó su cucheta para ir hasta la vereda a ver a los inspectores. “Trabajo desde muy joven pero nunca supe si en blanco o en negro. Ojalá me puedan dar una mano”, dijo antes de encarar la salida.

La ley le permite jubilarse en tres años.

“Esta movida de traerlos a la ciudad les encarece a los patrones algunas cuestiones, pagan los traslados de los peones hasta los campos, por ejemplo, pero prefieren gastar en eso antes que mejorar las casillas”, evaluó Ana Córdoba, quien ayer estuvo al frente de la inspección del campo. En la semana el organismo accionará judicialmente. “Hay situaciones humanamente muy graves, es muy claro sometimiento a los peones”, agregó Patricio Guendulain, abogado e inspector del Renatea.

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