La defensa de Cristian Favale solicitó en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Número 21 su absolución e inmediata libertad del barrabrava, uno de los acusados de disparar el arma que mató a Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010 e hirió a otros tres militantes. La defensora oficial María Florencia Hegglin basó su planteo en una serie de nulidades, la mayoría originadas durante la etapa de investigación. Pero no fue todo. Por si acaso Favale fuera declarado culpable de haber disparado, Hegglin solicitó que se tenga en cuenta la figura de “agresión tumultuosa”, que prevé penas menores que la prisión perpetua exigida por las tres partes acusadoras. Por último, solicitó la nulidad de los alegatos de las querellas y la fiscalía.

Hegglin consideró que las actuaciones de la jueza Wilma López y la fiscal de instrucción Cristina Caamaño estuvieron en lo referido a Favale “plagadas de errores”. Solicitó la nulidad de la orden de detención que se libró contra su defendido y la que lo obligó a prestar declaración indagatoria por “falta de debida fundamentación”, lo que “atentó contra el derecho a defensa”. Por eso, solicitó la anulación del proceso en que devinieron y el juicio. Favale está acusado de ser uno de los integrantes de la patota que, con el objetivo de amedrentar a un grupo de tercerizados que reclamaba –apoyado por organizaciones sociales y políticas– mejoras laborales, disparó una de las armas que asesinó a Ferreyra e hirió a tres manifestantes. Su acusación se sustenta en testimonios que lo señalan como uno de los tiradores, en imágenes que lo muestran en el lugar de los hechos en actitud agresiva y también en escuchas telefónicas.

Su defensa intentó ubicarlo como el chivo expiatorio que “los ferroviarios” utilizaron para “desviar” la investigación. Hegglin se basó en la denuncia anónima que otorgó a Caamaño el nombre de Favale y su condición de “no ferroviario”; la declaración del testigo encubierto Alejandro Benítez, “ferroviario, que participó del ataque y que tenía desde antes de los hechos vínculo con (el otro acusado de haber disparado, Gabriel ‘Payaso’) Sánchez”; y los datos vertidos por los acusados José Pedraza, ex secretario general del gremio, Pablo Díaz y Claudio Alcorcel, delegados, en relación con la intención de la Unión Ferroviaria de proveerle a Favale asesoramiento jurídico con la verdadera intención de “dominar la estrategia defensiva y así deslindar a los ferroviarios del asunto”.

La defensora denunció que durante la instrucción se “filtraron datos e imágenes” que generaron un “juicio mediático en paralelo” a su defendido. “A partir del 23 de octubre de 2010, Favale se convirtió en el asesino de Mariano Ferreyra”, consideró. Solicitó, por eso, la nulidad de los reconocimientos que hicieron varios testigos que señalaron a su defendido, ya que “la cara de Favale circulaba para entonces por todos los medios”. Otra nulidad solicitó Hegglin para los alegatos de las acusaciones, por considerar que violan el principio de congruencia entre lo planteado en sus requerimientos y en sus alegatos. Por último, requirió a los jueces que, de encontrar culpable a Favale, lo condenen por haber disparado en el marco de una “agresión tumultuosa” junto a “varios tiradores sin certeza de quién fue el que hirió o mató”.