“No puedo descontar Ganancias a los fiscales porque la ley me lo impide; un supremo tribunal no puede ignorar esto”, planteó ayer la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, como réplica a la Corte Suprema. El tribunal le había enviado una nota diciendo que el Ministerio Público es autónomo y no sólo puede descontar el Impuesto a las Ganancias a sus integrantes sino que está “obligado” a hacerlo. “Lo que se está diciendo es que paguemos nosotros mientras ellos no pagan”, se quejó Gils Carbó, quien sostiene a rajatabla que se trata de un “privilegio” que hay que eliminar para todos los actores del sistema judicial. La llave para hacerlo, interpreta, la tiene la Corte, a la que le propone trabajar en conjunto. Pero a algunos jueces supremos les molesta que les marquen la cancha en un asunto en el que ni ellos se ponen de acuerdo, mientras tratan de negociar con las entidades de la corporación judicial, los tribunales provinciales y los representantes gremiales.

El punto de partida de la pulseada había sido un pedido de la Procuración a la Corte, para avanzar de común acuerdo en el diseño e implementación de un mecanismo de deducción impositiva. Hoy, aunque existe una ley que obliga a tributar Ganancias a todos los poderes del Estado por igual, no se aplica al Poder Judicial por efecto de una acordada del alto tribunal, de 1996. En función de esa disposición tampoco pagan los fiscales, ni los defensores oficiales. Según Gils Carbó, eso es así porque la Ley Orgánica del Ministerio Público equipara a los fiscales, en sus remuneraciones, jerarquías y beneficios, con los jueces de distinto rango y los secretarios. La procuradora se basa en el artículo 12º de esa norma, que extiende esas equiparaciones “a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios”. Es, en cierta medida, para “asegurar el libre traspaso entre ambos organismos”.

Para Gils Carbó es evidente que la única manera de aplicar el Impuesto a las Ganancias a los fiscales es con una modificación o derogación de la acordada 20/96 de la Corte. “Por eso pedimos dialogar”, dijo. “Es la única manera de que todos paguemos porque tenemos el deber de respetar la equivalencia establecida por la ley”, insistió. De lo contrario, dijo, “parece que se está queriendo que haya magistrados de primera y magistrados de segunda”.

“Cuando se trata de plata, no es la primera vez que la Corte no respeta la Constitución”, alertó Gils Carbó. Aludía también al manejo de los fondos del Poder Judicial, que controla el alto tribunal, aunque “el artículo 114 (de la Carta Magna) indica que debe administrarlos el Consejo de la Magistratura”. La procuradora evaluó que si bien ese organismo “está cooptado por la corporación judicial y debe ser modificado para que funcione (...) es más garantía para la ciudadanía del manejo de fondos”.

“Es preocupante si un tribunal supremo desconoce las leyes por motivos particulares”, disparó. “Es sorprendente porque lo que nosotros pedíamos era sentarnos a la mesa de discusión que ellos anunciaban que estaban teniendo para que funcionarios paguen Ganancias. No es cierto que la Corte no puede tomar decisiones sobre nuestro nivel salarial”, rebatió. El tribunal le había enviado una nota, donde decía que la acordada sobre Ganancias es “inaplicable a los ministerios públicos” y que “desde 1994 no sólo no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público actúe como agente de retención del Impuesto a las Ganancias sino que es su obligación hacerlo”.

La procuradora señaló que le parece lógico que la Corte “quiera atender” ciertas circunstancias, en especial “presiones legítimas que se están ejerciendo”, producto de que el pago de Ganancias puede implicar “un descuento abrupto que puede llegar hasta a un tercio del salario”. En el tribunal, en efecto, analizan el impacto del impuesto y las reacciones de todos los sectores. Buscan mecanismos que minimicen posibles juicios y medidas de fuerza. Pero el tema divide aguas entre los supremos desde hace tiempo. A la vez, la pelea con Gils Carbó tiene que ver con su fuerte liderazgo del movimiento “Justicia legítima”, que reinstaló la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias, también recogida por Cristina Kirchner, quien puso la definición en territorio de la Corte.