Interpol envió ayer una carta al gobierno argentino, dirigida al canciller Héctor Timerman, confirmando lo que la Casa Rosada aseguró respecto del memorando firmado con Irán: las capturas con alertas rojas de los funcionarios iraníes imputados en el atentado contra la AMIA no se levantan por el acuerdo y regirán hasta que lo decida el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Pero, además, Interpol dice en la carta que “el referido acuerdo es un de-sarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa”. De esta manera, la propia central de policía sale al cruce de las objeciones que, sobre todo desde la oposición, se hicieron al memorando firmado por Timerman y el canciller de Irán, Alí Akbar Salehi. El próximo paso es que el Parlamento iraní apruebe el acuerdo, lo que podría demorarse hasta abril.

La carta de Interpol fue dada a conocer ayer por el canciller Timerman en la Casa Rosada. Pocos minutos después, la Presidenta recurrió al Twitter para reflexionar sobre la comunicación de la central de policía:

- “Me llaman a las 8.34. Es Timerman. Me cuenta de la carta de Interpol.”

- “No me sorprende, soy abogada, pero no se trata de quién tiene razón, sino de actuar de buena fe, con responsabilidad, sin oportunismos y con compromiso por la Verdad, Memoria y Justicia.”

- “Por supuesto que siempre te podés equivocar. De hecho, quienes creyeron en el juez Galeano y otros funcionarios se equivocaron. Y lo hicieron de buena fe. Tal vez no todos, pero sin dudas actuaron de buena fe los familiares de las víctimas.”

La carta de Interpol está firmada por Joel Sollier, un juez francés que no sólo es consejero general de la central, sino que también es el número uno en la parte legal. Pero, además, la carta indudablemente tiene el aval del mandamás de Interpol, el norteamericano Robert K. Noble, un hombre que fue el todopoderoso jefe de los servicios secretos estadounidenses, así como de las agencias antidrogas y de investigación del lavado de dinero. Por su perfil, es insospechable de favorecer a Irán.

Desde un punto de vista estrictamente legal, Interpol es únicamente una central policial, que no opina sobre los contenidos de las causas judiciales ni sobre las pruebas existentes. Lo que debe hacer es verificar si quien emitió una orden de captura contra determinadas personas –en este caso, altos funcionarios iraníes– es un juez competente. Esa es la razón por la que en algún momento anuló las órdenes de captura: es que fueron emitidas por el entonces juez federal Juan José Galeano, quien estaba cuestionado y en proceso de destitución. Luego Interpol volvió a hacer regir esas órdenes de captura cuando la investigación quedó en manos del fiscal Alberto Nisman y el juez Canicoba Corral. En la carta de ayer, la central de policía ratificó que esas alertas rojas están vigentes y que el acuerdo en sí mismo no cambia las cosas.

Las alertas rojas están destinadas a personas buscadas por crímenes graves como el atentado contra la AMIA. Significa que si cualquiera de los cinco imputados sale de Irán y llega a algún aeropuerto, debe ser detenido por la policía del país que se trate y puesto a disposición de la Justicia para que sea extraditado a la Argentina. Esto podría ocurrir hoy: el acuerdo no suspende ni el accionar de la Justicia argentina, algo que fue reiteradamente aclarado por Timerman, ni anula –como lo señala Interpol en su carta– las órdenes de captura.

Los expertos dicen que, en la práctica, Interpol rebasa su papel de simple agente policial: evalúa las pruebas, mira el proceso del expediente y, por ejemplo, levantó las alertas rojas antes de la destitución de Galeano. Según el fiscal Nisman, las órdenes de captura fueron restituidas tras una asamblea en Marruecos, cuando la delegación argentina –integrada por el propio fiscal, un hombre de la Cancillería y dos de la Policía Federal– lo reclamó y una mayoría admitió la solidez de las evidencias. Los iraníes desmienten esa versión.

En la frase de ayer, respaldando el memorando con Irán, también Interpol se sale del papel de simple colaborador policial. Dice que el acuerdo firmado por los cancilleres es “un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa”. Lo que sucede es que el papel de Interpol es conseguir que un imputado se siente ante el juez correspondiente y se ve que el juez Sollier y el secretario general de Interpol, Noble, consideran que el memorando va en la dirección requerida. Se trata de un aval relevante para el documento firmado por Timerman y Al Salehi.

Como es obvio, el acuerdo es sólo el primer paso y, además, todavía falta que lo apruebe el congreso (Majlis) de Irán. Este diario habló con funcionarios persas que habían anticipado que si no se trataba hasta ayer, lo más probable es que fuera aprobado recién en abril. Se trata de un dato curioso: si supuestamente el memorando es tan favorable a los iraníes, llama la atención que tarden tanto en aprobarlo. Por otra parte, después requerirá el visto bueno del Consejo de Guardianes, una estructura que responde al ayatolá Ali Khamenei, máxima autoridad religiosa del país. El Consejo establece si es constitucional o no. Pero aun después de aprobado, las dificultades serán importantes. Los dos países tendrán que ponerse de acuerdo en designar los juristas internacionales que supervisarán los pasos judiciales y que propondrán una metodología que permita que el interrogatorio sea válido para la Justicia argentina y la Justicia iraní.

Al final del proceso, si todo sale bien, los cinco iraníes sobre los que rigen las alertas rojas se presentarán –en Teherán– ante el juez Canicoba Corral, quien deberá evaluar si las pruebas son suficientes respecto de cada uno de ellos. El siguiente paso es la decisión del magistrado de dictar procesamientos, en ese caso con prisión preventiva. La lógica indica que Irán no aceptará que se detenga a alguno de sus funcionarios. Ante esa eventualidad, se repotenciarán las órdenes de captura, esta vez dictadas luego de un proceso judicial avalado por los dos países y supervisado por una comisión internacional.

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