–Qué va a hacer con los trámites de extradición? –preguntó Página/12.
–Paso a paso –contestó con una sonrisa Néstor Kirchner, confeso hincha de Racing y eterno agradecido a Reinaldo Carlos Merlo.
El diálogo se produjo ayer a la tarde, cuando el Presidente se despedía de Rosario, donde había presidido la jura a la Bandera. La cita futbolera resumía la estrategia que viene discutiendo buena parte del Gobierno para los pedidos de extradición de ex represores solicitados por el juez español Baltasar Garzón y otros países europeos.
Hasta ahora, los trámites quedaban bloqueados por el decreto 1581/01 firmado por Fernando de la Rúa, que sostiene el principio de “territorialidad”. La nueva gestión estudia dejar libre el camino de la Justicia, lo que implicaría la posibilidad de derogar ese decreto para que los jueces decidan lo que corresponda en cada caso. Claro que el “paso a paso” implica también no adelantarse a los tiempos ni promover extradiciones desde el Estado. Al contrario, la idea sería eliminar un obstáculo que según un secretario de Estado que conoce el área, “no es correcto desde el punto de vista legal”.
“El Presidente es claro. Quiere que la Justicia actúe. Y para eso hay que liberar el camino de la Justicia. Además, el artículo 104 de la Constitución Nacional aclara que el Poder Ejecutivo no debe intervenir en las causas judiciales”, argumentó ayer ante Página/12 un funcionario de rango ministerial encargado del tema. Además, para explicar la posición oficial –que comparte la mayoría del Gobierno, es decir los especialistas de Cancillería y Justicia– el funcionario recordó que la Argentina apoyó la creación de la Corte Penal Internacional, que constituye la avanzada principal de la “globalización de la justicia” que, sin embargo, no fue aceptada por Estados Unidos.
Pero aunque parece convencido de su decisión –que se podría instrumentar modificando la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal–, el Gobierno quiere evitar que “se politicen o ideologicen los actos jurídicos”, como advertía el funcionario en diálogo con este diario. En otras palabras, la idea es dejar el tema en manos de la Justicia para que ésta resuelva “caso por caso” teniendo en cuenta el principio de que un mismo delito no se puede juzgar dos veces. Así lo confirmaba la fuente que, además, explicaba que las solicitudes tendrán que pasar varios filtros, como la existencia de un tratado bilateral de extradición con el país que hace el reclamo.
En el caso de España, que se prepara para redoblar su solicitud por 48 ex represores, está vigente un tratado de ese tipo. La expectativa del Gobierno, por lo que pudo saber Página/12, es que las peticiones no se produzcan rápidamente. “Esperaremos que llegue el caso”, razonaba el ministro que daba por descontada la derogación del decreto 1581. En esta materia, la otra previsión oficial es que la Justicia argentina analizará cada caso en forma minuciosa, para que no se produzca un “avance desmedido de los juicios de extradición”. “Somos conscientes de que este problema no sólo es judicial, también es político”, argumentaba el miembro del Gobierno.
En Balcarce 50 saben que la cuestión se complica por la reciente extradición del ex represor de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo. Y que la detención de nueve militares –con otra captura pendiente– por la masacre de Margarita Belén sensibilizó aún más a las jefaturas de las tres armas. Otro ministro del Gobierno que ayer viajó a Rosario contó a Página/12 que el principal fantasma de los militares es la extradición a Europa, y que no los preocupa tanto si el arresto es con la Justicia local. “Con Garzón saben que van presos seguro, que muchos van directo a cadena perpetua”, explicaba. De las tres fuerzas, la Armada sería la más preocupada por el tema ya que teme que Cavallo “se quiebre” y cuente secretos de su pasado. Un funcionario del área recordaba ayer que los marinos saben que el ex represor, conocido como “Sérpico”, estaba encargado de la informática en el centro clandestino. Y no descartan que, después de cuatro años de prisión en México, podría haber “reconstruido la agenda y disponer de archivos” comprometedores.
En el Ejecutivo, a pesar de su decisión de no contradecirse en el discurso, son conscientes de la irritación silenciosa que existe en las fuerzas. El tema se seguirá discutiendo la semana próxima en reuniones conjuntas entre Cancillería, Justicia y Defensa. Allí, como ha venido sucediendo hasta ahora, el ministro José Pampuro comunicará el estado de ánimo y las opiniones que recoge entre los actuales mandos militares. En materia de derechos humanos, a pesar de lo que se supone, no se diferencian tanto de lo que pensaban los jefes anteriores.
Justamente, un funcionario oficial de primer nivel que no es Pampuro explicó en los últimos días a Página/12 que las nuevas autoridades del Ejército, Armada y Fuerza Aérea siguen atentamente la posible evolución de las extradiciones y las causas por el genocidio de 1976-1983. En lo que piensan distinto es en cuáles son las hipótesis de conflicto: según el miembro del Gobierno, que conoce muy bien a Kirchner, Brinzoni y compañía querían avanzar en la intervención sobre Colombia, un camino que esta nueva camada no está entusiasmada por emprender .
Kirchner es consciente de la seriedad de este asunto, que se ha convertido en otro de los ya famosos “frentes”. Alguno de sus ministros, por ejemplo, le sugirió que ya llegó el momento de dejar de avanzar en ese sector, y que ahora debería pasarse al “sector financiero”, por ejemplo. Pero, al menos en los discursos, el Presidente defiende su posición de que no retrocederá en nada porque es necesario consolidar el cambio. “Algunos me dicen que estoy abriendo muchos frentes, pero no es que esté abriendo muchos frentes, es que son necesarios para cambiar”, dijo ayer en Rosario. A pesar de que algunos de sus colaboradores no parecen tan convencidos, por ahora el santacruceño parece haber encontrado la fórmula en su historia de racinguista: “Vamos paso a paso”.