Hacía mucho tiempo que la problemática de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no llegaba a la primera plana de los diarios. Se podía pensar que el tiempo había hecho su trabajo, que había relegado esa temática dando paso a otras de más actualidad, que la crisis había hecho el suyo al agravar la situación social y afectar el derecho de todos a una vida digna, y que los manejos políticos sobre la Justicia habían completado esa faena.
Pero el fallo pendiente de la Corte sobre la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; las presiones de la cúpula militar que encabezaba el general Ricardo Brinzoni; la designación y pronta destitución de un procurador que defendía a uno de los acusados en la causa por secuestro de bebés; la extradición del represor de la ESMA, Ricardo Cavallo, de México a España para ser juzgado, y la orden de captura de diez oficiales del Ejército, tres de ellos en actividad, por la masacre de prisioneros indefensos en Margarita Belén, en el Chaco, demostraron que, a pesar del tiempo, de la crisis y de las componendas políticas, el tema tiene una vigencia indiscutible. Y no sólo para quienes reclaman justicia, sino también para los pequeños sectores de poder que alientan la impunidad.
Pese a que el Gobierno ha manifestado su compromiso con la causa de los derechos humanos, en realidad la mayoría de los temas surgieron del seno de la Justicia y no fueron provocados por medidas ni estímulos oficiales, con excepción del nombramiento y posterior pedido de renuncia como procurador del Tesoro, del abogado Carlos Sánchez Herrera. Todos los demás constituyen la consecuencia de procesos que se desarrollan en la Justicia y hasta podría decirse que más que ayudar al Gobierno le crean problemas.
Una demostración de la importancia que le da a este tema un pequeño pero influyente sector fue la campaña mediática que se instrumentó durante la semana en periódicos como Infobae, La Prensa, Ambito Financiero y otros donde se acusó de izquierdista e intolerante al gobierno por pedir la renuncia como procurador del Tesoro al abogado Carlos Sánchez Herrera, defensor de uno de los acusados en la causa por secuestro de bebés, y mantener como secretario de Derechos Humanos al ex juez Eduardo Luis Duhalde, que fue defensor de presos políticos y guerrilleros en los años ‘70. Al mismo tiempo expresaban su preocupación por las causas sobre violaciones a los derechos humanos que se instruyen en el país y en el exterior. Con un lenguaje que recuerda al que en la década del 70 incitó a las Fuerzas Armadas a cometer las atrocidades que hoy son condenadas por la Justicia y repudiadas aquí y en todo el mundo, el editorial sin firma que publicó ayer Ambito... señala: “Día a día se afianza la idea que desde la extrema izquierda –directamente el marxismo-stalinismo de los años ‘30– se asusta al matrimonio Kirchner”.
No es un lenguaje normal ni siquiera para estos medios y nadie podría creer sinceramente que el Gobierno haya sido copado por “marxistas-stalinistas de los años ‘30”. Más bien parece la histeria desbordada de alguno de sus directivos y no se entiende si sus reclamos son desde la defensa de la democracia y la Justicia, o de delitos como el secuestro de bebés o el asesinato en masa de prisioneros indefensos, de los que están acusados los represores. Como el Gobierno no ha promovido ninguna de estas acciones legales, lo que se plantea en definitiva es que el Gobierno sí intervenga ante la Justicia para evitar que prosperen. Evidentemente no es en defensa de la democracia ni de la Justicia porque no hay nada menos democrático que exigir que el Gobierno manipule a la Justicia para impedir que se cumpla el principio republicano de igualdad de los hombres ante la ley.
La designación del abogado Sánchez Herrera y el posterior pedido de su renuncia escandalizó a este sector con tanta llegada a algunos medios y escasa repercusión en la opinión pública. Pero el procurador del Tesoro no ocupa un cargo electivo, ni autónomo, como puede ser un legislador, un juez, un maestro o un escritor, sino que es un puesto político, forma parte del equipo de gobierno y es designado por el gobierno para llevar adelante sus políticas desde esa función. Por lo tanto tiene derecho a elegir a quienes sean más afines con sus equipos sin necesidad de dar explicaciones.
Cuando el ex presidente Carlos Menem indultó a los ex comandantes, más del 70 por ciento de los argentinos estuvo en desacuerdo. Descontando a los que no sabían o dudaban, los que estaban totalmente de acuerdo no llegaban al diez por ciento. Eran y son una ínfima minoría. La sociedad civil no está dividida en ese punto y tiene la percepción clara de que los militares, igual que los civiles, tienen que aceptar la decisión de la ley, que no puede haber ciudadanos de primera o de segunda, de civil o de uniforme, ante la ley. El general Martín Balza entendió que la única forma de normalizar las relaciones entre los militares y la sociedad civil no pasaba por la defensa corporativa de los represores acusados de actos repugnantes. Su sucesor, el general Brinzoni, eligió mantener a las Fuerzas Armadas enfrentadas a la sociedad civil con la tonta ilusión de que el tiempo, ayudado por las presiones corporativas y maquillajes publicitarios, diera paso al olvido.
Pero van a pasar más años y el tema seguirá planteado. Forma parte del contrato mínimo de convivencia en esta sociedad. Los piqueteros salen a la calle a pedir trabajo, pero incorporan a las Madres de Plaza de Mayo a sus marchas y lo mismo hacen los sindicatos y las asambleas y solamente los políticos corruptos se hacen los desentendidos. En la medida en que no se soluciona y en que las mismas Fuerzas Armadas insistan en proteger a los represores, en esa misma medida la herida renueva su actualidad y esas Fuerzas Armadas siguen siendo visualizadas como enemigas latentes por la sociedad civil, como un estamento que abusa de su lugar en la función pública para ponerse en forma amenazante por encima de la sociedad.
La sorpresa de Brinzoni cuando pasó a retiro parecería demostrar que las Fuerzas Armadas mantienen un pensamiento de casta, disociado de la realidad del país: “Cómo me hacen esto si aguantamos la crisis sin dar el golpe”. Alguien tendría que decirles que la gente no piensa así. Como si no se dieran cuenta de que la represión durante la dictadura no la ejecutaron ellos en Mongolia sino aquí. Hay cientos de miles de argentinos que eran vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudio de los miles de presos, desaparecidos, secuestrados, exiliados, perseguidos o afectados por la feroz represión. Hay miles de sobrevivientes en todas las actividades, desde científicos hasta políticos. De eso se habla en las escuelas y en las universidades, los militares argentinos se han convertido también en el exterior en personajes execrables por esa historia. En los últimos tres gobiernos, entre funcionarios y políticos, hubo decenas de ex presos, exiliados y perseguidos. La denuncia a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura ha sido reconocida por los dirigentes de todos los países del mundo, desde Estados Unidos hasta Europa. No existe un solo diario democrático de derecha o de izquierda en todo el planeta que pueda reproducir alguno de los artículos que fueron publicados esta semana por Ambito Financiero y demás. El daño que hizo Brinzoni a las Fuerzas Armadas fue gravísimo porque los altos oficiales que defienden a la dictadura y a los represores condenan a los militares a seguir enfrentados a ese consenso que existe en la sociedad civil.
La Justicia y el gobierno mexicano reconocieron los delitos “contra la humanidad” por los que está acusado en España el Cavallo represor de la ESMA. Y aquí en la Argentina, donde esos delitos fueron cometidos, hay sectores militares y civiles que ponen el grito en el cielo porque el Gobierno no interfirió con alguna argucia menemista la extradición del represor de México a España. Hay juicios contra represores argentinos en Alemania, Francia, Italia y España y ya hay presión sobre el Gobierno para que retroceda en su decisión de no interferir en los procesos de extradición. En nombre de un “cierto malestar” en las filas castrenses se le pide que intervenga, que presione a la Justicia o que “interceda” ante los gobiernos europeos.
Es cierto que el fallo sobre la constitucionalidad de las leyes de impunidad que analiza la Corte, así como el caso de la masacre de Margarita Belén están atravesados por la coyuntura política. El primero porque fue presentado como contrapartida del juicio político a los altos magistrados. Se supone que si la Corte declara la constitucionalidad de las leyes, le evitaría problemas al Gobierno. De lo contrario se iniciaría una catarata de juicios contra represores, casi todos ellos retirados. En el caso de la masacre de Margarita Belén, el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelski, ha sido fuertemente cuestionado por fallos contra el corralito durante la crisis de 2001.
Aun así y en todos los casos, lo peor que podría hacer el Gobierno sería volver a las viejas triquiñuelas. El Gobierno manifestó su apoyo a la defensa de los derechos humanos y su intención de no interferir en la Justicia. Cualquiera sea el costo de esa decisión en el corto plazo será incomparable con el beneficio que a mediano plazo tendrá para el país y las instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas.