Organismos de derechos humanos repudiaron la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta de liberar por “falta de mérito” al capitán retirado Jorge Isaac Ripoll, segundo en la cadena de mandos del área 323, cuyo jefe era el coronel Néstor Bulacios. “Expresamos con indignación nuestro profundo repudio a la decisión de la Cámara, integrada por los jueces Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada, de liberar a uno de los represores emblemáticos de nuestra provincia durante la dictadura militar”, señalaron en un comunicado. En particular, les preocupa la perspectiva de que sean estos camaristas quienes definan el destino judicial del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier.

Ripoll había sido procesado por el secuestro y homicidio de Julio Rolando Alvarez García en 1976, sobre la base de pruebas indiciarias recogidas a partir de testimonios y de su legajo, que dan cuenta de su rol en la estructura de la represión clandestina. Varios testigos, entre ellos Olga Márquez de Arédez, lo reconocieron como protagonista de los crímenes cometidos por los sicarios del Estado.

Inés Peña, titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, esposa de Alvarez García, detenido desaparecido el 21 de agosto de 1976, dijo que Ripoll está “implicado en otras causas y esta decisión de la Cámara puede sentar precedente en las causas en las que está vinculado Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma”. La dirigente recordó que el día que secuestraron a su esposo fue al RIM 20 junto con la madre de Julio Rolando y “nos atendió Ripoll y nos dijo que no sabía dónde estaba mi marido, que había sido llevado en un automóvil a esa unidad, según testimonios en el juicio de lesa humanidad que se lleva adelante en Jujuy”.

Los organismos jujeños destacaron que “Ripoll arribó a Jujuy para formar parte del área 323 y recibía a los familiares en el regimiento cuando íbamos en búsqueda del paradero de nuestros seres queridos, compartiendo estructuras, espacio y tiempos con otros represores”.

En Jujuy están siendo juzgados los represores Mariano Braga, Eduardo Bulgheroni y Antonio Orlando Vargas, imputados por secuestro, torturas y homicidios calificados en cinco causas unificadas. “Pretender hacernos creer que Ripoll era ajeno a lo que sucedía en dicha unidad militar es un absurdo”, advirtieron. Explicaron que “bajo el argumento de falta de prueba directa, la Cámara monta una nueva estrategia para frenar el avance de las causas por delitos de lesa humanidad”. Este fallo cuestiona la construcción de la prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad, varios de los cuales ya obtuvieron confirmación de la Corte Suprema.

En este sentido, recordaron que “de la misma manera lo hizo anteriormente quien fuera su protegido, el ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor, quien demoró sistemáticamente el avance hacia la verdad y la justicia. Olivera Pastor fraccionó las investigaciones e imputaciones en la etapa de instrucción de las causas. Esta ha sido la principal causa que determinó que el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en Jujuy cuente con tan sólo tres imputados”. Y precisaron que “la Cámara de Salta convalidó todas sus decisiones y además con este accionar evitó investigar a los cómplices civiles como Blaquier, presidente de la empresa Ledesma, de quien, curiosamente ahora, es esta Cámara la que debe resolver sobre su procesamiento”.