El gobernador José Manuel De la Sota anunció la firma de un decreto “para garantizar la libertad de expresión”, en sintonía con el que dictó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que de entrar en vigencia (su legalidad es al menos dudosa) beneficiaría al Grupo Clarín en su intento de evitar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, lejos de proteger la diversidad de voces, De la Sota ha intentado silenciar a los canales críticos con su administración clausurando antenas de TDA y ejerciendo la asfixia financiera. “Todos los que no son rabiosamente anti K no son plurales y los que ejercemos un verdadero pluralismo somos medios ‘adictos’ o ‘cooptados’”, manifestó al respecto Esteban Falcón, titular del Servicio de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad de Córdoba, medio que ha difundido las cámaras ocultas que terminaron con la renuncia del ministro de Transporte de la provincia, Dante Heredia, por un caso de coimas.

De la Sota hizo el anuncio sobre el decreto similar al de Macri el último viernes. Cerró así una semana complicada. Por un lado, tres funcionarios de su gobierno salpicados por un escándalo de corrupción debieron renunciar a pesar de que él los había ratificado pocas horas antes. Mientras tanto, un grupo de diputados nacionales, junto al procurador contra la violencia institucional (Procuvin), Abel Córdoba, ratificaron las denuncias por el uso sistemático de la tortura en un penal de la provincia mediterránea.

La respuesta de De la Sota siempre es la misma: negar los problemas y adjudicarlos a una operación orquestada por el gobierno nacional. “Dada la campaña electoral lanzada por el kirchnerismo escucharán acusaciones falsas tendientes a desprestigiar a quienes pensamos distinto”, respondió acerca de las acusaciones de corrupción, durante una conferencia de prensa. De la misma forma, en lugar de investigar las torturas cometidas en establecimientos penitenciarios bajo su jurisdicción, el gobernador mandó a denunciar a la Procuvin por haberlos denunciado.

“Este es el concepto de pluralismo que tiene De la Sota. Un gobernador que dice defender la libertad de expresión pero no duda en clausurar las estaciones de televisión digital instaladas en la provincia o utiliza la profusa pauta oficial para condicionar o castigar a los medios que continuamos haciendo periodismo y no seguidismo”, señaló Falcón. Por decisión del mandatario cordobés, desde febrero del año pasado se levantó toda pauta oficial que tenían los medios del SRT y la administración cordobesa se niega a liquidarle al canal universitario una deuda de más de 10 millones de pesos. El viernes un periodista aprovechó la conferencia de prensa en la que se anunció su contra-ley de medios y le preguntó:

–¿No es una forma de presionar a los medios la deuda que tiene la provincia con el SRT?

–Mire, ustedes son un medio del Estado que tiene una posición pública tomada que nosotros respetamos. Pero indudablemente nos sentimos preocupados por acciones que llevan adelante quienes comandan los medios que hoy ya son el 80 por ciento de los medios del país en manos del Estado o de los amigos del poder. Nosotros queremos proteger a la Argentina de la tentación hegemónica, queremos preservar las libertades de los argentinos cuando vemos que se lanzan leyes de apropiación de medios que abastecen de papel a los distintos medios de la Argentina, cuando condicionan licencias y a través de la ley de medios se presiona a muchos medios para que no puedan ejercer con total plenitud.

–De la parte económica, gobernador, no respondió...

–Se van a ir cumpliendo los pagos dentro de las posibilidades del gobierno. Ustedes deberían ayudarnos también a reclamar que el Estado nacional que les envía subsidios enormes a los SRT también nos pague a los cordobeses, que ya nos deben 3300 millones.

En la misma conferencia de prensa, el gobernador responsabilizó también a la Casa Rosada de estar detrás de las denuncias que llevaron a Heredia y dos funcionarios de su confianza a dejar sus cargos tras haber sido filmados pidiendo coimas. De la Sota había ratificado al ministro de Transporte, quien de todas formas poco después terminó por renunciar. “Heredia presentó la renuncia, le ratificamos la confianza. Luego él dijo que se sentía presionado por una campaña sistemática en su contra y presentó la renuncia indeclinable”, trató de explicar.

Este modus operandi, de deslindar culpas en una supuesta campaña del kirchnerismo, no es novedoso. Luego de que el titular de la Procuvin denunciara el uso sistemático de tormentos en una cárcel cordobesa, el Servicio Penitenciario de Córdoba, que responde al gobernador, inició acciones legales contra su titular por haber realizado la inspección “sin jurisdicción territorial” y por haber retirado “elementos de seguridad”, nombre que les dieron a las cadenas y otros elementos de tortura que se hallaron en el lugar. Según las autoridades cordobesas, se trató de “un acto de provocación política con la finalidad de desacreditar las instituciones de la república”. El jueves pasado legisladores del Frente para la Victoria y organizaciones de derechos humanos respaldaron la denuncia del Ministerio Público y señalaron a De la Sota como “encubridor y cómplice de torturadores”.