En las salas de los juicios, cuando sobrevivientes y familiares terminan de dar sus testimonios, suele aparecer el reclamo de verdad. El pedido que duele atraviesa la sala. Un día antes de la muerte del genocida Jorge Rafael Videla, Graciela Mastrogiácomo declaró en el juicio de la Escuela de Mecánica de la Armada por la desaparición de su hermana Marta. Marta tenía 30 años, era egresada de Letras, periodista, militante de Montoneros. Graciela llevó a la audiencia una foto de Marta. Les dijo a los jueces que sus padres murieron sin saber dónde había estado su hermana. “Yo exijo respuestas sobre quiénes y cómo secuestraron; quiénes dieron las órdenes y quiénes las ejecutaron y quiénes participaron de los vuelos de la muerte, porque no era una guerra, mi hermana no llevaba armas, tenía su documentación legal y seguramente fue elegida al azar para integrar los vuelos de la muerte.” Hacia el final agregó: “Me gustaría decir que, después de 37 años, si tienen información o archivos, están a tiempo de reparar en algo el daño que han hecho, porque para nosotros es importante”.

La pregunta que se abre tras la muerte de Videla es si influirá de alguna manera en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que encabezó. ¿Es posible pensar que su muerte rompa en alguno de los sentidos posibles el pacto de silencio de los represores? Fiscales, jueces y abogados querellantes de los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas en los juicios reflexionan acerca de esta pregunta. ¿Es posible? Ese “pacto” que algunos entienden como un “pacto explícito” y otros como “tácito” aparece como algo estructural del aparato terrorista. ¿Pero qué significan el “pacto” y el “silencio”? ¿Y qué representa la figura de Videla para pensar o descartar posibles cambios?

El fiscal Martín Niklison tuvo a cargo la acusación en el juicio de Plan Sistemático de apropiación de bebés, con Videla a la cabeza de los imputados. El juicio comenzó con abuelas como Chicha Mariani que entró a la primera audiencia con su bastón, a la espera de saber algo sobre el paradero de su nieta Clara Anahí. Durante el juicio, los represores no hablaron. Cuando Videla dijo sus últimas palabras incorporó a las embarazadas y a sus hijos al discurso de la “guerra”, con el que se situó y se defendió durante todos estos años. “No albergué demasiadas expectativas de que dieran datos de dónde estaban los chicos, o que dieran referencias de lugares, y podrían haberlo hecho”, dice Niklison. “El ‘pacto’ se da porque están todos ensuciados, no es por una lealtad personal hacia una determinada persona, creo que en esto lo fundamental es que están sucios de arriba hacia abajo, todos pusieron los dedos. De entrada, los comandantes dijeron comprender a todos para que nadie pudiera sacar los pies del plato. El único que salió a decir algo distinto fue (Adolfo) Scilingo, porque la culpa lo afectó.” Durante los años de impunidad, con el blindaje que les provocó el cierre de la causas judiciales, ninguno de ellos tampoco dijo nada. “El Turco Julián tal vez algo dijo, pero en el juicio tampoco aportó datos para llegar a nadie. De lo que hizo ninguno va a hablar –insiste el fiscal–: y esto es porque eso cimenta al grupo y porque están todos involucrados.”

María del Carmen Roqueta presidió el Tribunal Oral Federal 6 durante ese juicio, al final del cual Videla recibió la tercera condena a 50 años de prisión. Así como esa sentencia entendió el robo de bebés como parte de un plan sistemático, Roqueta entiende al “silencio” de los represores como parte de ese mismo plan. “Sobre si van a hablar, yo no tengo demasiadas esperanzas. Todos sabemos que ellos saben, pero creo que el silencio forma parte del plan sistemático: era parte del plan no decir y mantener en el tiempo el mismo silencio, la misma incertidumbre y la misma oscuridad. A mi modo de ver, esto forma parte de la sistematicidad del exterminio, de la persecución y de la desaparición. Puede ser que un cuadro intermedio pueda salir a decir algo, pero no creo que los más altos rangos lo hagan. Al contrario, porque ese pacto, o como lo llamen ellos, lo entiendo como una posición ideológica, política, de cómo llevar adelante las acciones de gobierno dentro de lo que fue el Estado terrorista.”

La figura del dictador

A fines de abril del año pasado, Videla generó cierta expectativa. Luego de la entrevista que brindó a la revista española Cambio 16 y el allanamiento a su departamento, declaró como testigo en una causa civil que intenta saber qué sucedió con el cuerpo del dirigente del PRT Roberto Santucho. Frente a la jueza Marta Forns, el dictador reconoció que habían decidido “no dar a conocer el lugar donde iban los restos de Santucho para evitar homenajes”. Dijo que “la muerte de Santucho no era una muerte común”: “Además de un hecho bélico, tenía una tremenda connotación política que afectaba la conducción de la guerra por ser Santucho el muerto”. Y señaló que el responsable de decidir la ubicación del cuerpo había sido el general Santiago Omar Riveros, entonces jefe de Institutos Militares, dueño de la vida y la muerte en Campo de Mayo, y lo mostró como responsable del traslado del cuerpo al Hospital Militar de Campo de Mayo. Videla, incluso, se ofreció a hablar con él si hiciera falta. La jueza convocó a Riveros y luego también al jefe del Batallón 601, general Carlos Martínez, detenido recién el año pasado, procesado por 1200 casos y muerto en abril. Lo que interesa en este punto es que en esa causa declararon los tres por separado, como testigos y no como imputados, obligados a decir la verdad, y luego declararon juntos en un careo. El caso sirve para mostrar dos cosas, tal como lo señala el abogado Pablo Llonto, presente en cada una de esas audiencias: 1) los distintos mecanismos que se abrieron para promover que los represores hablen, desde la situación de indagatorias, los años de impunidad y luego una causa como ésta en la que fueron citados como “testigos”, y 2) ¿qué pueden significar la figura de Videla y su muerte hacia adentro de la tropa en la ruptura del pacto de silencio? Es que cuando Riveros fue convocado a declarar en esa causa lo describió como un “cagón y cobarde”, explicó que él no quería que Videla asumiera la presidencia y luego dijo que Videla debía asumir lo de Santucho porque le ordenó a él no entregar el cuerpo.

Bajo esa lógica, ¿qué pactos puede destrabar la muerte de un general que es observado en esos términos? “No va haber apertura”, dice Llonto, convencido. “Es variada la cantidad de declaraciones y de intentos para preguntarles y que hablen. Evidentemente, mantienen la misma línea de conducta: sean oficiales que llegaron a las máximas condiciones, oficiales que se retiraron, suboficiales. Se nota de punta a punta, y sea de la fuerza que fuere, que este pacto o acuerdo tácito predomina aunque mueran los superiores. Han muerto (Emilio) Massera, (Albano) Harguindeguy y nunca se quebró.”

Llonto estuvo en el careo de Videla, Riveros y Martínez, “tres jerarcas considerables, en pocos meses dos se murieron, queda Riveros que es el genocida más viejo que está siendo juzgado, tiene 90 años y en esa audiencia le dijo a la jueza: ‘Yo voy a vivir 120 años, gracioso y desafiante’. Y la verdad es que fueron tres horas con momentos desopilantes de tres oficiales altísimos, que manejaron no sólo el tema de sus fuerzas y dos de ellos la represión directa, era una sarta de excusas para decir que no tenían ningún dato de nada, sonaba a tomadura de pelo, si bien se echaban la culpa entre ellos, no daban datos. Se les preguntó por listados y el caso Santucho y ninguno de ellos dijo nada. Y en ese sentido, la esperanza es cero de que hablen, en lo personal por lo menos”.

Decisión dogmática

Jorge Auat está a cargo de la Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración. En línea con Roqueta, piensa el “pacto” en términos de estructura. Y entiende el “silencio” como un “tormento” eficaz y “macabro” que perpetua la desaparición. “El pacto de silencio es estructural no individual”, dice Auat. “Trasciende a los sujetos porque forma parte de una decisión de tipo dogmática: viene atado a la negación del hecho, a la banalización de lo que pasó, opera como una consecuencia. El ‘arrepentido’ es la contracara y el ‘arrepentimiento’ implica romper el pacto. Como eso no ocurrió porque no están arrepentidos, montan sus discursos en la hipótesis de la guerra, eso les permite mantener estructuralmente ese discurso de lo que pasó. Siguen convencidos de que lo que hicieron está bien. Y se puede pensar que el tormento que produce el silencio son muchas más muertes, al no entregar el cadáver, la tragedia de cada familia que no puede hacer sus funerales hace continuar el mensaje macabro, se renueva constantemente. Porque el desaparecido es eso, no murió una vez, muere todos los días”.

Rodolfo Yanzón, integrante de la querella del grupo Kaos, entiende que el pacto no se va a romper hasta que los juicios se conviertan en realidad no discutida. “Creo que el pacto de silencio se va a romper cuando los represores se den cuenta que el proceso está consolidado, no tiene vuelta atrás y no tiene un final. Y que se den cuenta de que, en esto, todas las fuerzas políticas acuerdan. En la muerte de Videla lo que pesa más es la absoluta soledad del tirano, ver que hasta los que se beneficiaron con el golpe de Estado, el disciplinamiento social y la recesión le dieron la espalda y hasta salieron a condenarlo.”