Rubén Osvaldo Bufano, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601, fue procesado ayer por la Justicia Federal por haber integrado una asociación ilícita –junto con efectivos de fuerzas de seguridad– que se dedicaba a la realización de secuestros extorsivos a empresarios y financistas durante la dictadura. La medida fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, quien dio por acreditado que Bufano y sus socios llevaron a cabo un plan destinado a cometer diversos delitos, entre éstos, secuestros a empresarios que eran acusados de formar parte de la llamada “subversión económica”, en perjuicio de Ricardo Tomasevich, Alberto Martínez Blanco y Carlos Koldovsky.

En el expediente que lleva el número 16.684/05, los investigadores judiciales lograron probar que con esta modalidad la banda integrada por Bufano pretendía cobrar rescates para destinarlos no sólo a su propio beneficio personal, sino también a financiar la denominada “lucha antisubversiva”. En la resolución también se procesó a Bufano como coautor del delito de secuestro extorsivo y tormentos sufridos por Tomasevich y Martínez Blanco y se le dictó la prisión preventiva. Además, el magistrado le trabó un embargo por 3 millones de pesos.

En relación con las tres víctimas, el juez Casanello afirmó que “los captores definieron a sus víctimas como integrantes de ‘fuerzas subversivas’ y como ‘colaboradores económicos’ de lo que aquéllos estaban destinados a aniquilar”. En tal sentido, argumentó que “los hechos sufridos por los nombrados no constituyeron episodios aislados, sino que se inscribieron en el accionar de una asociación ilícita formada en el marco del sistema de represión implementado por la dictadura cívico-militar. Esta estructura ilegal dirigió su actuación, en forma directa, contra todo aquel considerado opositor al orden instaurado, si bien se dirigió a la totalidad de la población, infundiendo terror como forma de dominación”.

Respecto de los tormentos, el magistrado indicó que las víctimas “se encontraron tabicadas, maniatadas, golpeadas y picaneadas”, lo cual evidencia “algunos de los medios utilizados para someterlos y sojuzgarlos en el marco de la maquinaria destinada a destruir su integridad moral”. Por lo tanto, concluyó que tanto Tomasevich como Martínez Blanco fueron víctimas del sistema de represión clandestino implementado por la última dictadura militar, específicamente a raíz de la persecución por motivos políticos y económicos, en el marco de una práctica de desaparición forzada de personas, y que tales hechos constituyen, independientemente de las particulares condiciones inhumanas de detención física, “el delito de imposición de torturas”.

Casanello dio por probado el delito de secuestro extorsivo, en tanto los empresarios “fueron ilegalmente privados de su libertad y mantenidos en tal condición en un inmueble al que fueron trasladados en forma clandestina, y que tales conductas encontraron, entre otras motivaciones, la de obtener la entrega de sumas de dinero en carácter de rescate, que fue efectivamente cumplida”.

Por otra parte, aunque a Bufano se le adjudicó hace años el secuestro de Haroldo Conti, familiares del escritor aclararon que ellos “no pueden afirmar ni negar” que este ex miembro del 601 haya estado involucrado en su desaparición.