La sobreexposición mediática de la desaparición y asesinato de Angeles Rawson volvió a poner en evidencia la potencial peligrosidad de la cobertura de los medios. “La Justicia debería accionar en estos casos porque existen leyes que protegen la intimidad de chicos, como la Ley nacional 26.061 y la 116 en la Ciudad. Pero además hay que tener en cuenta que sacar a los compañeros de escuela de Angeles por televisión es ponerlos en peligro. ¿Qué hubiera pasado si decían algo que complicaba al asesino? ¿Algo que ni siquiera declararon ante la Justicia como deberían hacer?”, se preguntó Claudia Fernández, consejera por el plenario del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño.

El caso Rawson, cuando todavía era una desaparición, fue utilizado para explotar la supuesta ola de inseguridad que cubre a buena parte de la sociedad porteña. La aparición de su cadáver llevó a cuestionar la política de derechos humanos del gobierno nacional y hasta se pidió “erradicar” el garantismo en la Justicia en nombre de la seguridad. Sin que hubiera datos firmes de una violación, sólo una primera opinión de los peritos que revisaron el cuerpo, resurgieron los pedidos de mano dura para los violadores y para que no “se pierda tiempo” investigando a la familia.

Luego de la autopsia, todo derivó en una nueva morbosidad en torno a la familia. “Y entonces nuevamente hay que preguntarse de qué sirve poner al aire a los vecinos, amigos y familiares. Si tienen algo que decir, que vayan a la Justicia. Cuando escuchamos que alguien dice ‘se portaba bien, no tenía novio, era abanderada, no se drogaba’, ¿qué mensaje se está dando? ¿Que si tenía novio, no era abanderada y se drogaba, no estaría mal que la asesinen?”, apuntó Fernández.

Un canal de noticias, por ejemplo, mostró un dibujo de una joven atada y con una bolsa en la cabeza para graficar la aparición del cadáver. “Otro directamente utilizó empleados de la Ceamse, uno en particular con el tamaño de la víctima, para ver cómo podrían haberla metido en una bolsa y tirarla a un contenedor. Fue insólito y aberrante. No entiendo cómo el gobierno porteño no hizo nada”, comentó la consejera de la Ciudad.

Para Fernández, este caso, como el de Candela Sol Rodríguez, debería “encender alarmas” porque se da información sin chequear cuando existe un secreto de sumario. La funcionaria recordó que el ente de aplicación de la ley de medios audiovisuales, la Afsca, está preparando un manual de buenas prácticas para coberturas que involucren a menores de edad. Cynthia Ottaviano, la defensora del público de la Afsca, contó a este diario que ese manual se está armando en conjunto con la Unicef y ya recibió el aporte de 70 periodistas que integraron una mesa de trabajo. “Además de la participación de otros organismos. El proyecto se abrió a nuevas consultas”, comentó.

Ottaviano recordó que esta ley plantea una bisagra porque define a la radio y la televisión como “medios de interés público, exige el respeto del trato digno de la persona y resalta la responsabilidad social del periodista en la Argentina, donde los medios desarrollan culturalmente a la población”. El caso de Angeles será monitoreado por el Afsca, agregó. Para Ottaviano, es necesario que se tome en cuenta la integralidad de la ley, que tiene 166 artículos y unos pocos judicializados: los que establecen las normas antimonopólicas de los medios masivos de comunicación.

“La ley establece el derecho a la comunicación, a dar y recibir información. Lo que busca es dejar atrás el paradigma de la información como mercancía y negocio y lograr una transformación para que la comunicación sea democrática. Pero si uno escucha y ve toda la radio y la televisión pareciera que este cambio de paradigma no existe. El desafío es lograr que se genere este debate y que impacte la nueva ley en los comunicadores”, planteó la defensora del público.