La causa por el asesinato del obispo Enrique Angelelli fue elevada a juicio oral a fines del año pasado. La Justicia federal se comprometió a comenzar el debate en marzo de este año, pero no sucedió: todavía no hay fecha de inicio y ni siquiera está abierta la etapa de pruebas previa al comienzo, una tarea engorrosa por los planteos de las partes que también toma tiempo. En este contexto, los querellantes acaban de reunirse con el presidente del Tribunal Oral Federal de esa provincia, José Quiroga Uriburu, para pedir que el juicio empiece antes de fin de año. Explicaron que la demora genera impunidad, dado que se están muriendo los principales acusados, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla y el influyente ex ministro del Interior Albano Harguindeguy. Otro de los responsables, además, fue declarado insano. “Esto dejó en la impunidad la autoría criminal”, indicaron en el documento.

“Nos reunimos con el presidente del tribunal para entregarle un documento”, explicó a este diario Luis “Vitin” Baronetto, de Tiempo Latinoamericano, querellante de la causa. “Fuimos a verlo porque necesitamos una respuesta, porque tenemos nuestros reparos en cuanto a no tener una definición clara sobre el inicio del juicio. En La Rioja nos reunimos primero todos los querellantes, incluido el Obispado, para compartir esta preocupación. Y en ese marco (un grupo) visitamos el Tribunal y planteamos el contenido del documento sobre la base de que continuar sin fijar una fecha sería correr el riesgo de que continúe la impunidad, teniendo en cuenta que la mayoría de los imputados es de edad avanzada y algunos ya fallecieron, y además hay testigos que también han fallecido. El paso del tiempo consolidaría la impunidad si no se acelera el comienzo.”

Entre los querellantes está Baronetto, pero también la sobrina de Angelelli, María Elena Coseano. Por la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja, a cargo de Domingo Borón, querella Guillermo Díaz Martínez. El documento que presentaron se llama “Por el inicio del juicio a los asesinos de Monseñor Angelelli”. Mencionaron el problema que genera la muerte de Videla y Harguindeguy. También explicaron la situación del ex jefe de policía Edilio Cristóbal De Cosari, declarado con un cuadro de insania. En esta causa ya murieron otros militares, como Osvaldo Pérez Battaglia, Pedro Malagamba y Lázaro Aguirre, y otros de menor jerarquía.

“El largo reinado de las leyes de impunidad impidió avanzar en investigaciones sobre los autores inmediatos, ejecutores directos del atentado criminal”, indica el comunicado. Las querellas le recordaron al magistrado que en diciembre la propia Justicia federal se comprometió a iniciar el juicio en marzo. “Después de 37 años, en el 2013 debería darse este último paso del largo y sinuoso camino hacia la justicia por el homicidio de monseñor Enrique Angelelli. Sin duda, la condena de los asesinos contribuirá a consolidar la credibilidad en las instituciones democráticas. Y con el punto final a la impunidad quedará reafirmada la vocación por la verdad y la justicia.”

La Rioja hizo su primer juicio de lesa humanidad el año pasado, después de un período difícil, dado que hubo que cotejar con peritos particulares los exámenes médicos que establecían que los imputados podían evitar ser juzgados por problemas de salud. El juicio por el crimen de los curas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias puso en foco la figura de Angelelli, dado que sus asesinatos se produjeron en el marco del trabajo dentro de su pastoral. En ese sentido, el debate abrió una revisión sobre los poderes, silencios y complicidades dentro de la sociedad riojana y la Iglesia. Y el alegato y la sentencia marcaron la responsabilidad de la jerarquía de la Iglesia con las fuerzas represivas.

El nuevo debate volverá a plantear ese mismo contexto, por lo que se teme que pueda ser resistido: “Somos conscientes de que es un juicio sin duda polémico para la misma sociedad riojana –dice Baronetto– porque van a reverdecer antiguas posturas que condujeron al asesinato de Angelelli y no debemos olvidar que hay tradiciones familiares, que hay resabios de feudalismo que persisten y presionan para que no se realice el juicio, pero no sólo para evitar las condenas sino para que no se haga porque estos juicios mueven la historia de un período vivido, de conflictos sociales, religiosos y políticos”.

El problema que el Tribunal planteó a las querellas es de abastecimiento de jueces y empleados. En esa provincia sólo hay un juez titular y según Quiroga Uriburu hay dificultades para conseguir jueces de otras provincias porque muchos están en otros juicios. A esta altura, sin embargo, ya están designados tres de los cuatro jueces necesarios, de acuerdo con las notificaciones que recibió la querella. Además de Quiroga Uriburu, el TOF estará integrado por Carlos Lascano, de Córdoba, y Juan Carlos Reynaga, de Catamarca. El abogado Guillermo Díaz Martínez explicó que desde su querella plantean que lo importante es el comienzo: “La intención es que empiece porque un día más que pase, es un día más de impunidad”.