La jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori le ordenó al gobierno de Mauricio Macri que haga un relevamiento poblacional del barrio San Martín, un sector de la Villa 31. La magistrada indicó que la gestión PRO deberá hacer obras sobre el tendido eléctrico, proveer de agua potable, colocar contenedores e incluir la zona en la recolección de basura. La cautelar que firmó Liberatori fue el resultado de una serie de reuniones de trabajo con los macristas que se negaron a cumplir con estas tareas voluntariamente. Todo se inició con una primera resolución de la jueza, de la que informó este diario. “Es importante el reconocimiento al barrio”, sostuvo uno de los vecinos, que presentó el amparo con la ayuda de la agrupación Los Invisibles.

El barrio se formó en 2011 y tiene cerca de 2500 personas viviendo allí. La legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía presentó un proyecto para urbanizarlo, pero fue cajoneado en la Legislatura. “No tuvimos apoyo del Estado nacional ni del Gobierno de la Ciudad”, cuenta José Bravo Francia, vecino del barrio, uno de los que se acercaron a la organización Los Invisibles y luego a la Defensoría General. Con el patrocinio de la defensora Cecilia González de los Santos, los vecinos se presentaron ante el fuero Contencioso Administrativo. Liberatori ordenó, en marzo de este año, que el gobierno porteño se sentara a una mesa de trabajo para avanzar en resolver los problemas del barrio.

Luego de tres meses de intentar que el gobierno porteño cumpliera voluntariamente con las obras, Liberatori dictó el 14 de junio una especificación de la cautelar original. “Resulta incuestionable la insuficiente voluntad por parte de la demandada de avanzar en la solución de los conflictos existentes”, consideró la jueza, quien le ordenó al gobierno de Macri “la realización de un relevamiento geográfico, poblacional y social que establezca la superficie en que se asienta el barrio, la cantidad de personas y familias residentes en el lugar y su situación socio-económica” y determinó que se debe incorporar “este asentamiento al esquema de asentamientos informales de la Ciudad de Buenos Aires, disponiendo que la totalidad de las dependencias estatales procedan a la incorporación del mismo para su esquema de servicios públicos ordinarios y de emergencia en forma inmediata”.

“Lo importante es el reconocimiento del barrio. También que nos otorguen los servicios básicos, ya que actualmente logramos tener los servicios con un gran sacrificio de nosotros mismos”, afirmó Bravo Francia. Sobre los servicios, Liberatori dispuso que la gestión PRO elabore “un plan de obras para disminuir el riesgo eléctrico en el barrio San Martín realizando las reparaciones urgentes que resultaren necesarias. En particular, realizar en forma urgente el recambio de los postes metálicos por postes de madera”. La jueza indicó que se deberán colocar contenedores de basura “que deberán ser vaciados y limpiados en forma diaria”, además de que la zona debe incluirse en los recorridos de recolección. Además, le ordenó al gobierno proveer agua potable con camiones cisterna. Desde la agrupación Los Invisibles indicaron: “No podemos dejar de lamentar la falta de predisposición del Gobierno de la Ciudad para acercar soluciones respecto de su propio incumplimiento constitucional de garantía de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad”.