El 17 de abril de 2010, Joaquín Morales Solá escribió en La Nación una columna en genérica defensa de los periodistas cuestionados por su desempeño durante la dictadura militar, entre ellos él mismo. “Vivíamos bajo una dictadura y cada uno vivía de lo que podía y como podía. Sólo los que vivieron bajo el peso aplastante y gris de una dictadura saben que no había muchas más cosas para defender que pequeñas cuotas de dignidad. Hagamos de nuevo preguntas desde otro lugar: ¿acaso los únicos periodistas dignos fueron los exiliados o los que se comprometieron firmemente con organizaciones insurgentes de la década del ’70?”.

No comparto esta respuesta autoindulgente, pero JMS es el único colega (de quien yo tenga registro) que se animó a discutir estas cuestiones, tal vez porque en los peores años fue solidario y mantuvo el diálogo con los familiares de las víctimas y los organismos defensores de los derechos humanos, aunque sus columnas rara vez les hayan hecho algún espacio.

Distinto es el rol de las empresas de medios. Dos de ellas, La Nación y Clarín, fueron defensoras explícitas y entusiastas no solo del gobierno militar (del que se permitían cuestionar algunas políticas) sino muy en especial de su cruzada de exterminio de toda disidencia, armada o no. Mintieron en la información, editorializaron a favor de la masacre y se beneficiaron con ello, como socios en Papel Prensa, cuya historia se analiza hoy en los tribunales, pero que ya en 1978 era cuestionada por la Sociedad Interamericana de Prensa, porque el manirroto subsidio estatal anulaba su independencia.

Le asiste toda la razón a la presidente CFK en negar legitimidad a esos medios para oponerse a la designación del general Milani como jefe del Ejército y al señalar que sólo buscan dañarla con fines electorales. Casi cuatro décadas después mantienen un desdén militante por todas las medidas de memoria, verdad, reparación y justicia que los organismos defensores de los derechos humanos impulsan desde siempre y que Néstor Kirchner y su esposa hicieron propias y mantuvieron a pesar de todas las presiones.

Entre el 26 de junio, cuando el gobierno nacional anunció el reemplazo de los jefes de los estados mayores de las Fuerzas Armadas, hasta el viernes de esta semana, transcurrió un mes, período suficiente para analizar la cobertura sobre un tema.

En ese período, Página/12 cubrió 25 notas sobre las cuestiones vinculadas con derechos humanos y los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura; La Nación, cinco, y Clarín, apenas dos (25 a 2 parece un resultado de rugby). Si se busca un parámetro objetivo de comparación, el Centro de Información Judicial creado por la Corte Suprema de Justicia incluyó en su portal 18 notas sobre esos temas. No hace falta más para entender quién es quién.

En el mismo sentido debe leerse el enérgico repudio de las Madres, Abuelas, Hijos y Familiares a la denuncia oportunista de dirigentes del partido del punto final y la obediencia debida contra el Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, cuyos padres Tomás y María de las Mercedes Argañaraz fueron detenidos-desaparecidos durante la noche de las corbatas.

Contra lo que repite una vulgata malintencionada, no es la primera vez que el CELS impugna a un alto jefe militar desde 2003. Los más notorios fueron el anterior jefe del Ejército, Roberto Bendini (por una conferencia ante oficiales jóvenes en la que habría vertido expresiones antisemitas y mencionado una hipótesis de conflicto con Chile), y el de la Armada, Jorge Godoy, denunciado por la realización de Inteligencia interior prohibida por la ley. En ambos casos, el gobierno los sostuvo hasta que la Justicia los procesó. Ha habido en esto coherencia por ambas partes. Tampoco es cierto, como aún repiten Clarín y La Nación, que el CELS apoyaba a Milani y cambió de posición. Ante la consulta del Senado dijo que no tenía en sus registros antecedentes comprometedores, y cuando los localizó en otros archivos los puso en conocimiento del Estado. “Verbitsky dejó a todos con la boca abierta. No avisó que mandaría eso para salvarse él mismo de las críticas de las organizaciones de derechos humanos”, escribió un columnista de La Nación, que lo atribuyó a “un funcionario allegado a la Presidenta”. Todo lo contrario. El comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos es muy claro: su titular “presentó ante la Justicia Federal de las provincias de La Rioja y Tucumán, la documentación emitida el pasado 19 de julio por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la Presidenta de la Nación”. Es decir, el viernes. El domingo 21, un día antes de que sesionara la Comisión de Acuerdos del Senado afirmé en esta misma página que “en actuaciones judiciales y en documentos públicos provinciales hay otros elementos que han preocupado a algunos organismos defensores de los derechos humanos, que no desean aplicar a Milani un estándar distinto del que practican desde hace tres décadas” y que con un paso al costado Milani favorecería el alegado propósito de defender su trayectoria y su buen nombre “sin afligir en el empeño al gobierno que hizo de la defensa de los derechos humanos su bandera”. ¿Qué más hay que hacer para que se entienda la gravedad de una situación?

Por último, el CELS no imputó ninguna responsabilidad a Fresneda. Lo que debe ponerse en discusión es el proceso de producción y sistematización de información, de modo de superar las dificultades y falencias institucionales para el cruce de datos de numerosas fuentes documentales y testimoniales, así como los mecanismos de comunicación entre las agencias responsables, y no el desempeño de un funcionario que asumió hace apenas un año y cuya tarea no merece reproche político ni ético y mucho menos penal. También es necesario discutir sobre los estándares que se aplican para establecer quiénes no pueden ocupar los más altos cargos estatales a treinta años de concluida la dictadura, ahora que se realizan juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país.

El gobierno ha dicho, y buena parte de los organismos lo comparte, que todo depende del pronunciamiento judicial, que en los años de impunidad bastaba una sospecha pero que desde la reapertura de los juicios equivaldría a un linchamiento mediático proceder sin al menos un auto de procesamiento. Aunque se disienta, como es mi caso, no se trata de una posición irracional y ninguno de los impugnadores políticos y/o mediáticos lo ha refutado con argumentos de equivalente seriedad, entretenidos como están en alegaciones falsas sobre el presupuesto de Inteligencia o su aplicación a tareas prohibidas. El Senador Ernesto Sanz, cuya invalorable utilidad es que habla desde el inconsciente de la oposición, sin el filtro racional del yo, interrogado sobre las denuncias contra Milani respondió que lo que importaba era analizar el supuesto final de ciclo kirchnerista.

Otros entendemos que el procesamiento no puede ser el único parámetro, porque esta es la misma justicia cuya democratización reclama todas las semanas la presidente y que, en el caso específico de Milani, lleva cinco años sin responder al pedido de indagatoria de quien todos sindican como el autor de la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, el capitán Esteban Sanguinetti. Además, en un juicio penal se aplica el principio constitucional de inocencia, por el que sólo es posible fundamentar una condena si no queda duda alguna sobre la responsabilidad del imputado. Por eso, uno de cada diez procesados ha sido absuelto pese a los muchos indicios existentes. En cambio el año pasado, al crear el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, el Congreso estableció que no podrán integrarlo quienes “hubieran sido denunciados y/o tengan antecedentes de haber participado, consentido o convalidado hechos de tortura u otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o degradantes”, sin necesidad de procesamiento o condena penal. La discusión de estas cuestiones institucionales, de buena fe y con aportes informativos y doctrinarios es lo que hacemos y seguiremos haciendo quienes no buscamos lesionar al único gobierno comprometido con esta problemática sino perfeccionar la eficacia de sus mecanismos decisorios.