El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al jefe del Ejército, César Milani, por presunto enriquecimiento ilícito. En el primer día de actividad judicial después de la feria, Di Lello hizo lugar a las denuncias para que el militar justifique el origen de la casa en la que vive, en el barrio La Horqueta de San Isidro, así como de propiedades en Córdoba y otros bienes a su nombre o de familiares directos.

Di Lello redactó el requerimiento en base a las denuncias presentadas por Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas, a las que ayer agregó otra Graciela Ocaña. En el escrito, el fiscal Di Lello dio impulso a la causa y solicitó que el Banco Central, la AFIP, la Anses y la Unidad de Información Financiera (UIF) envíen los datos que permitan conocer el patrimonio de Milani.

Al Banco Central pidió que se le aporte información sobre cuentas, plazos fijos, títulos públicos y cajas de seguridad; a la UIF si posee Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del general y sus familiares de parte de bancos. A la Anses, la AFIP y los Registros de la Propiedad Inmueble de Capital y provincia de Buenos Aires, que envíen la información que tengan del militar.

El requerimiento del fiscal fue elevado al juez federal Daniel Rafecas, que recibió inicialmente las denuncias sobre el patrimonio del jefe del Ejército y ahora deberá resolver si hace lugar a las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía.

Carrió y Solanas presentaron las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito después de que versiones periodísticas plantearan la aparente falta de relación “entre el sueldo del militar, de unos 15 mil pesos, y la propiedad de un chalet en el barrio de La Horqueta, cuatro inmuebles en Cosquín y vehículos de alta gama.”

La mayor parte de los datos se desprenden de las declaraciones juradas que Milani presentó ante la Oficina Anticorrupción, y por las que la propia OA le pidió aclaraciones al militar.

Luego de presentadas las aclaraciones, los expedientes no tuvieron más movimiento, lo que indica que las omisiones admitidas por Milani fueron señaladas como irregularidades por la OA, pero no denunciadas como delito. Para que esto ocurriera, el órgano de control debe considerar que la omisión no fue involuntaria –un olvido–, sino maliciosa.

En una entrevista que le realizó este diario –publicada en la edición del 21 de julio pasado–, el jefe del Ejército respondió preguntas sobre su patrimonio y explicó “que es público y notorio que provengo de una familia con un buen pasar económico. Mi padre fue un empresario de la construcción muy importante, que construyó barrios muy importantes, no sólo en nuestra ciudad, Cosquín, sino en muchas ciudades cordobesas. (...) Esto está acreditado por escrituras y por el proceso de sucesión, ya que mi padre falleció. Vendimos la estructura de un hotel por 100.000 dólares, un terreno y tenemos numerosas propiedades, aunque algunas en proceso sucesorio. La casa que yo me compré y declaré ante la Oficina Anticorrupción la financié con la venta de un departamento, más 100.000 dólares que traje de cuando estuve como agregado militar en Perú durante dos años, un juicio por haberes mal liquidado que gané y lo ingresado por el boleto de venta de un terreno en 60.000 dólares. En la Oficina Anticorrupción no me hicieron ninguna objeción. Párrafo aparte merece el Alfa Romeo Mito, que no es mío sino de mi hijo. Lo compró, usado, en 120.000 pesos, y era fácil determinar que no es mío sino de mi hijo por le número de documento.”