La audiencia pública convocada por la Corte Suprema en el marco de la causa por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sacó a la luz buena parte de los argumentos tanto del Estado nacional como del Grupo Clarín. En diálogo con Página/12, los académicos especialistas en comunicación Guillermo Mastrini y Santiago Marino analizaron la actitud del máximo tribunal, las exposiciones de las partes y se animaron a pensar qué podría pasar con la ley en las próximas semanas, cuando se espera que finalmente se dicte una sentencia definitiva.

“El tema se lo puede dividir en dos. Por un lado, de cara a la tribuna y, por otro, de cara al tribunal. De cara a la sociedad fue muy importante porque durante dos días se vieron claramente expresados argumentos, en los que las preguntas de la Corte fueron muy buenas para obligar a cada una de las partes para repensar su propia posición”, arrancó Mastrini, director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes. Sin embargo, para el docente, faltó profundidad y claridad en cuanto a la cuestión judicial específica. “En principio, toda instancia de participación ciudadana generada por algún poder es bienvenida. Más allá de que yo creía que era una doble estrategia de la Corte, para dilatar y para legitimarse, más allá de que no escucharon a todos, hubo mucho trabajo del tribunal”, señaló Marino, docente, doctor en ciencias sociales y magíster en Comunicación y Cultura de la UBA.

Ambos cuestionaron que la Corte fuera tan restrictiva con los amicus curiae independientes, aunque hicieron un balance positivo de su actitud en la última semana. “Ahora la Corte tiene tres opciones. Decir si es constitucional o si es inconstitucional. Y si decidiera la inconstitucionalidad, habría que ver los argumentos, porque uno sería que el Estado no puede regular en la materia y otro que diga que es excesiva la regulación. En ese caso, todavía queda lugar para el diseño de políticas públicas”, explica Mastrini, que considera que la ley es constitucional.

Para Mastrini, “el problema es que no hay una sola concepción de libertad de expresión que esté bien” y lo que se debe hacer es reconocer esa diversidad y tratar de incidir en la decisión de la Corte para que se incline por una de ellas. “La lógica de Clarín es que la libertad de expresión es un factor individual, no importa si se cuenta con los medios para hacerlo. Es individualista y patrimonialista. Y la otra es una perspectiva de tipo social, que dice que es la sociedad la que tiene que determinar el interés público a proteger, ahí está el valor público de la diversidad”, completa el director de la maestría de la UNQ, que advierte las diferencias entre industrias como, por ejemplo, la del azúcar y la de los medios. “El valor a proteger es la diversidad cultural, que es un factor social extraeconómico”, insiste.

Sobre las respuestas de las partes en la audiencia del jueves, Mastrini señaló que los representantes de Clarín “trastabillaron” y “no pudieron justificar algunas preguntas”. “El Grupo no pudo demostrar que el número de licencias es irrazonable, pero tampoco el Estado pudo dejar clarísimo qué es razonable”, consideró y aclaró que no hay un número determinado de licencias sobre concentración de medios, sino que es una cuestión “variable” que depende de “la dinámica de los mercados”, entre otros factores.

“Me sorprendió negativamente de los representantes de Clarín. Se sorprendieron con las preguntas, no esperaban que fueran incisivas ni que repreguntaran. Se mostraron débiles, más allá de si uno está de acuerdo o no, cometieron exabruptos contra otros medios, como decir que Clarín es el único que puede hacer periodismo de investigación”, analiza Marino, quien consideró “mucho más sólida” la exposición del Gobierno el día jueves, con dos “debilidades”: por un lado, la falta de respuesta inmediata sobre la cantidad de nuevas licencias otorgadas a partir de la sanción de la ley y, por el otro, la cuestión del otorgamiento de las licencias como derecho o “mero privilegio”. “El argumento de Clarín del vínculo entre sustentabilidad y libertad de expresión fue débil, porque en 2012 la Corte dijo que se trataba sólo de cuestiones patrimoniales”, recordó Marino.