La Oficina Anticorrupción (OA) desarrollará durante esta mañana y la del jueves la estructura argumental que apunta a comprobar que el gobierno de la Alianza sobornó a un grupo de senadores para aprobar la ley de la reforma laboral. El ex presidente Fernando de la Rúa, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo y Ricardo Branda y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto –el “arrepentido” que puso en circulación la versión de los hechos a través de sus revelaciones en una entrevista periodística hace ya diez años–, quienes afrontaron poco más de un año de juicio en el que se analizó su responsabilidad en el cobro y pago de cerca de cinco millones de dólares. “Nuestro alegato será condenatorio”, confirmó en adelanto a este diario José Ipojorsvky, el coordinador de investigaciones de la OA, la única querella en el proceso.

El juicio llegó doce años después de la presunta negociación espuria entre los funcionarios del Poder Ejecutivo de la Alianza y los senadores cuyo voto definió la aprobación de la criticada ley y sufrió algunas cuantas interrupciones entre problemas de salud de los integrantes del tribunal, ferias judiciales y análisis de situaciones intrínsecas al proceso. La más polémica, a criterio de Ipojorsvky, fue la última, que derivó en la negativa por unanimidad de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 3, Miguel Pons, Guillermo Gordo y Gerardo Larrambebere, de negarle la posibilidad de declarar a Silvana Costalonga, la ex esposa de Pontacuarto. “Se trata de un testimonio fundamental. Silvana vio la plata de las coimas en la casa que compartía con Pontaquarto”, evaluó el representante de la OA que analizó. El TOF decidió no admitir la declaración de la mujer debido a que en la instrucción no había sido sobreseída.

El alegato de la OA estará basado en testimonios de “varios de las decenas de testigos” que desfilaron por la sala de juicios ubicada en el subsuelo de los Tribunales de Comodoro Py, además del relato de Pontaquarto y la localización geográfica de los acusados que el juez de instrucción de la causa, Daniel Rafecas, realizó a partir de llamadas de teléfonos celulares. “Un perito oficial y uno de parte fueron condenados por intentar falsear la prueba telefónica en esta causa. Si se esforzaron tanto en tratar de confundir la línea de investigación es porque algo quieren esconder”, evaluó Ipojorvsky.