Seis organismos de derechos humanos denunciaron por mal desempeño y pidieron la remoción del fiscal federal Guillermo Marijuán, a quien acusan de promover acciones penales que buscan “paralizar los innumerables procesos en los cuales se investigan y juzgan los crímenes de lesa humanidad”, lo que provoca, señalaron, “una situación de auténtica gravedad institucional” y compromete “seriamente el deber asumido por el Estado argentino” de llevar adelante las investigaciones y los juicios. La presentación se refiere, en esencia, al expediente en el que Marijuán acusó y pidió la citación a indagatoria de su jefa, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, por haber decidido cubrir fiscalías vacantes con funcionarios del Ministerio Público subrogantes y coadyuvantes y por crear equipos especializados para ocuparse de asuntos complejos y sensibles, entre ellos no sólo los crímenes dictatoriales, sino la apropiación de hijos de desaparecidos, la violencia institucional, la narcocriminalidad y el lavado de dinero.

En función de una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla fue que Marijuán impulsó este año una causa penal en la que sostiene que Gils Carbó realizó una serie de nombramientos de fiscales interinos o ad hoc sin respetar los pasos legales correspondientes y cuestiona la validez de todo lo actuado. En un comienzo abarcaba a más de una veintena de fiscales. Luego se focalizó en el nombramiento particular de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría antilavado (Procelac), que tuvo intervención en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez en la etapa en que todavía estaba focalizada en las figuras de Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Pese a tratarse de un tema diferente, los organismos plantearon que lo que está haciendo el fiscal es sembrar “la semilla para cuestionar la legitimidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad”. La presentación la firman Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Son organismos que se sienten agraviados en forma directa, piden que “la conducta del fiscal” sea “investigada y sancionada”. “Es que si prospera la conducta irresponsable de este fiscal, directamente se paralizaría la acción judicial mediante el apartamiento de todos los funcionarios que están ocupando lugares vacantes, en calidad de subrogantes, o que están colaborando en calidad ad hoc en causas y juicios trascendentes para el proceso de memoria, verdad y justicia en relación al terrorismo de Estado”, dice el texto de la denuncia.

En rigor, ya en una decena de causas los abogados de represores hicieron planteos invocando los argumentos plasmados por Marijuán y otros que proporcionó la Corte Suprema en una causa en la que apartó a una secretaria que actuaba como subrogante ante el propio tribunal, declaró ilegal su designación pero no anuló sus actos previos. Un tribunal de alzada, la Cámara Federal de Salta, decidió apartar al fiscal ad hoc Pablo Pelazzo de la causa en la que se investiga al empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, por 29 secuestros en 1976. En relación con ese mismo expediente, hasta Marijuán promovió una denuncia penal contra Pelazzo a pedido del abogado de Blaquier. Le endilga ejercer el cargo en el que estaría ilegalmente designado, sin acuerdo del Senado, y que su actuación es inválida. Este fiscal no fue nombrado por Gils Carbó, sino por Luis González Warcalde, como otros subrogantes y coadyuvantes lo fueron por Esteban Righi.

En medio de esta maraña, recientemente la Cámara de Casación convalidó, aunque sin explayarse demasiado, la actuación de Gonella en la causa por el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville en La Rioja.

La denuncia de los organismos advierte sospechas de que Marijuán no actuaría sólo en función de “su parecer”, sino que bajo el “ropaje de la debida independencia” en realidad “responde al respaldo de nefastos intereses que hacen lo imposible para mantener el statu quo de una Justicia que de independiente no tiene nada y tratan de blindarla para que ésta se mantenga inalterable”.