El fiscal Federico Delgado pidió que se cite a indagatoria a dos peritos que, a su entender, falsearon un informe en una causa en la que se investiga una supuesta amenaza telefónica al fiscal Guillermo Marijuán. La conducta habría obstaculizado el rastreo del autor de la llamada. Podría pensarse que esto atentaría contra el interés de Marijuán de esclarecer el hecho, pero otras hipótesis ponen en duda el origen o la existencia misma de la intimidación.

Marijuán es el fiscal de la causa sobre lavado de dinero en la que están implicados el empresario Lázaro Báez, el financista Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña. También es quien pidió la indagatoria de su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien acusa de designar fiscales subrogantes y ad hoc de manera ilegal. Marijuán denunció una amenaza telefónica en mayo, un día después de que el juez Sebastián Casanello cerrara la causa contra Gils Carbó al concluir que no había delito. “Si apela, matamos a sus hijas”, dice la denuncia que le advirtió una voz anónima al empleado de la fiscalía que atendió el teléfono.

Días antes, un abogado cercano a Marijuán había denunciado públicamente un episodio intimidatorio, pero el supuesto destinatario no hizo la denuncia, el asunto dejó un aire enrarecido pero se diluyó.

La denuncia por la llamada telefónica le tocó también a Casanello. Al rastrear la comunicación, dio con una cabina en Chacabuco y San Juan. Justo en la cuadra hay una cámara del gobierno porteño, que captó que a la hora del llamado se detuvo un auto y alguien llamó desde la cabina. El juez encomendó a dos peritos de la UBA que analizaran las imágenes y detectaran la patente del auto. Fueron designados Jorge Gómez y Rodrigo Adrián Ruiz. En un informe inicial dijeron que era un Peugeot 307, de entre 2007 y 2012, color “blue de Chine” pero no establecían la patente. Luego el juzgado dio con otras filmaciones que seguían el recorrido del auto. Los peritos se retractaron y dijeron que en realidad era un Peugeot 308 azul modelo 2012/2013 cuya patente era imposible de descifrar. Entonces, Casanello pidió un nuevo informe a peritos de la Policía Federal que dijeron que sin dudas en ambas filmaciones había un 307. El juez hizo la denuncia y le tocó al fiscal Federico Delgado y al juzgado de Julián Ercolini.

“Es evidente que (los peritos) falsearon deliberadamente un informe técnico en el marco de un proceso judicial”, sostuvo Delgado. “Lo que aún resta dilucidar es por qué lo hicieron y quién o quiénes se lo ordenaron, porque, a no dudarlo, este acto infiel generó ganadores y perdedores”, agregó. Para develarlo pide que se establezca quiénes en la UBA los designaron como peritos para el caso; que se analicen sus llamadas en los días clave, se secuestren sus computadoras y se analicen sus e-mails. Y planteó que ya deberían ser indagados.