Los 41 represores detenidos por orden del juez español Baltasar Garzón seguirán en prisión. El magistrado federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó los pedidos de excarcelación de los militares y el civil procesados en España por genocidio, terrorismo y torturas. Garzón ya comenzó a redactar la solicitud de extradición de 24 acusados a Madrid, donde quiere juzgarlos junto a los marinos Ricardo Miguel Cavallo y Adolfo Scilingo.
Los represores esperaban salir en libertad, pero eso no ocurrirá al menos hasta que lleguen –o se venza el plazo para que arriben– a través de la Cancillería los papeles en los que Garzón reclamará que los acusados sean llevados a su país.
Mientras los acusados siguen detenidos, el juez español está preparando el exhorto solicitando la extradición de 24 represores, ya que la notificación que llegó a su despacho corresponde a los primeros militares que fueron detenidos en Argentina. Garzón, además, pidió a la fiscalía y a los abogados querellantes que opinen sobre el reclamo que deberá estar en Buenos Aires, a más tardar, los primeros días de setiembre.
“La lista de 24 coincide con la de los represores que quedaron detenidos en los primeros días. Suponemos que en los próximos días recibiremos otro escrito con el resto de los procesados para los que hemos pedido la extradición”, dijo Carlos Iriart, de la Acusación Popular.
La Fiscalía, se descuenta, se opondrá a las extradiciones, ya que rechaza todas las medidas tomadas por Garzón en el juicio contra los militares de la última dictadura. La Acusación Popular respaldará a Garzón y además, según adelantó el abogado Carlos Slepoy, pedirá que el juez insista con los embargos de los acusados –por 2648 millones de euros– dictados con el propósito de indemnizar a las víctimas.
En el primer exhorto de extradición de Garzón figurarán, entre otros, los represores Antonio Domingo Bussi –a quien se le complica la asunción como intendente electo de San Miguel de Tucumán prevista para octubre–, Alfredo Astiz, Armando Lambruschini, Jorge Enrique Perrén y el suboficial de Prefectura Juan Antonio Azic.
Cuando los militares y el civil fueron detenidos, se especulaba con que Canicoba Corral otorgaría su excarcelación. En realidad, desde el Gobierno se había pensado impulsar la modificación de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal para que los jueces tengan la posibilidad de liberar a los extraditables durante el proceso, cosa actualmente no autorizada por esa norma. De cualquier manera, en el convenio entre España y la Argentina, que se aplica en este caso, está contemplada la excarcelación. Esta posibilidad fue introducida para beneficiar a quienes cometieron delitos leves y no de lesa humanidad.
Canicoba Corral consideró, de acuerdo a lo que había opinado el fiscal Guillermo Marijuán, que los delitos por los que están acusados los represores no permiten su liberación. En la Argentina los tormentos tienen una pena de ocho a veinticinco años y, si son seguidos de muerte, de prisión perpetua. Por lo tanto, ninguna persona detenida por esos crímenes en el país sale de prisión hasta que la Justicia dictamine si es culpable o inocente.
Ayer, Canicoba Corral se opuso a los reclamos de los generales Luciano Benjamín Menéndez, Bussi, Luis Martella, Genaro Díaz Bessone y Alberto Cattáneo; los coroneles Albino Mario Zimmerman y Augusto Neme y el teniente coronel Héctor Schwab; el ex vicealmirante Luis María Mendía, el capitán de corbeta Jorge Perrén y el mayor retirado Julio César Coronel. A Menéndez, Bussi y Jorge Olivera Róvere les concedió arresto domiciliario por ser mayores de 70 años. La semana pasada ya habían sido beneficiados con esta medida Armando Lambruschini, Jorge Isaac Anaya, Luis María Mendía, Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo y Omar Domingo Rubens Graffigna.
Garzón había reclamado la detención de 46 represores pero dos personas incluidas en la lista –Jorge Alberto Maradona y Mario Arturo Cafarena–están muertos y siete ya estaban detenidos –Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Rubén Oscar Franco, Héctor Antonio Febres, Jorge Eduardo Acosta, Carlos Guillermo Suárez Mason y Juan Carlos Rolón–. En la causa aún hay tres prófugos, el marino Jorge Raúl Vildoza y los militares Arturo Félix González Naya y Antonio Arrechea Andrade.
Vildoza, además de haber sido miembro del grupo de tareas de la ESMA, se apropió del hijo de la desaparecida Cecilia Viñas. González Naya tenía pedido de captura por la desaparición de unas veinte personas en 1980. Arrechea vive en el interior de Misiones. El juez había recibido una llamada del hijo del acusado y confiaba en que Arrechea se presentaría voluntariamente, pero ya no lo espera, ahora lo considera prófugo.
Los militares y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, además de seguir detenidos, continuarán a disposición de Canicoba Corral. Jueces de Tucumán y Córdoba reclamaron para sí los casos de Bussi y Menéndez, respectivamente. El juez estudiaría si las causas pueden ser remitidas a juzgados del interior sólo después de que llegue el pedido de extradición. El proceso sigue su curso procesal normal pero profundizó en el país el debate acerca de la invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Hoy la Corte Suprema intentará definir una agenda para precisar cuándo tratarán el expediente sobre los fallos de nulidad e inconstitucionalidad de esas normas (ver página 4). De ese fallo depende la posibilidad de que los represores exculpados sean juzgados en el país.