Hicieron falta idas y vueltas, las presiones del Gobierno y hasta un pedido de Eduardo Duhalde. Pero ayer, José María Díaz Bancalari logró que el bloque de diputados del PJ consensuara un proyecto propio para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los peronistas aspiran a que ese proyecto (y no el de la diputada de IU, Patricia Walsh) sea tratado en la sesión especial ya citada para el 12 de agosto. En el borrador escrito anoche a todo galope no se menciona la “nulidad” y sí el polémico concepto de “inoponibilidad”. El texto incluirá, además del final de las polémicas normas, a los indultos firmados en su oportunidad por Carlos Menem y desestimará cualquier alegato por la prescripción de los delitos allí considerados.
El camino para anular legislativamente las normas de la impunidad sigue siendo sinuoso. Desde hoy y hasta el martes se abre un complicado espacio de negociación con el resto de los bloques para consensuar un texto único. La expresión “no oponible” que contiene el nuevo proyecto (ver recuadro aparte) ya generó dudas entre la oposición.
El miércoles, el bloque oficialista se paralizó por un debate interno. Al jefe de la bancada del PJ, José María Díaz Bancalari, eso le valió un mal trago esa misma noche: debió dar un pormenorizado detalle de lo sucedido ante el propio presidente Kirchner. Incluso llegó a pensar que había “mala leche” por parte de algunos compañeros bonaerenses. Comenzó a apurar la redacción de un proyecto propio para modificar algunas posiciones, pero le seguía faltando consenso interno. Por eso, ayer al mediodía, junto al presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, mantuvo una corta conversación con Duhalde. Todo indica que los comentarios del cacique bonaerense surtieron efecto porque hubo menos objeciones y dejaron bastante solitarios a los duhaldistas más remisos: Jorge Casanova, Jorge Villaverde y Daniel Basile.
Los argumentos jurídicos en defensa de la iniciativa se repitieron. Los de la oposición también. Para colmo, los peronistas añaden un problema “de cartel”. Muchos de los expositores destacaron la inconveniencia de que la diputada por Izquierda Unida, Patricia Walsh, “se lleve los laureles” de haber terminado con las leyes de impunidad. Hasta se llegó a proponer la realización de una nueva sesión especial el mismo martes, pero una hora antes que la impulsada por Walsh. Por ahora no hay definición al respecto, ya que se encomendó a Camaño la tarea de hablar con la legisladora para conseguir una semana de postergación. Walsh indicó a este diario que primero debe estudiar la nueva propuesta y consultar con el resto de los firmantes del proyecto, donde figuran al menos dos justicialistas, el kirchnerista Ricardo Gómez y la menemista Inés Pérez Suárez.
No sólo los borradores del proyecto trocaron algunas posiciones; también influyó la participación de Camaño, que incluso llegó a desautorizar al propio Basile, quien hacía gala de haber hablado con Duhalde minutos antes de la reunión. Aseguraba que el ex presidente había repetido su oposición al proyecto. El movedizo legislador desconocía el ya citado encuentro entre Duhalde, Camaño y Díaz Bancalari, donde les dio vía libre para apoyar la iniciativa presidencial. Basile se quedó refunfuñando y terminó por abandonar el cónclave sin esperar su finalización.
Incluso la menemista Alejandra Oviedo ayudó, sin quererlo, al mejoramiento del texto. La riojana criticó la iniciativa porque “lleva a la Justicia a los cuadros menores de las Fuerzas Armadas y deja libres a los jefes que fueron beneficiados por los indultos”. Camaño no dejó pasar la oportunidad y propuso agregarlos a la futura norma. A Oviedo no le quedó otra alternativa que aceptar. Así, Díaz Bancalari pudo dar por terminado el encuentro, convencido de que había conseguido un mayoritario apoyo que le permitirá bajar al recinto y con la posibilidad de entablar negociaciones con el resto de los bloques.
- El no del ARI. Si bien todavía no accedieron al texto del PJ, en el bloque que conduce Elisa Carrió anticiparon su rechazo al reemplazo de la palabra nulidad por la “no oponibilidad”. “Hay elementos más que suficientes que sustentan la potestad del Congreso para anular normas. Además, el término que pretenden imponer se utiliza en causas civiles que en nada se comparan con los delitos que aquí se pretenden juzgar”, sostienen los seguidores de Carrió. Adelantaron que irán a la sesión para defender el proyecto que presentó la legisladora Marcela Rodríguez.
- La duda radical. En un principio, la UCR había anunciado la redacción de un proyecto propio. Ayer lo presentaron y promueve la ratificación ante Naciones Unidas de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, firmada en 1968 y que en 1995 fue ratificado por ley. “Es la herramienta jurídica válida” para juzgar los crímenes de la dictadura, sostienen los radicales. Sin embargo, enterados de la propuesta del PJ, el jefe de los radicales, Horacio Pernasetti, consideró que le parece interesante, aunque anticipó que antes deberán estudiarla. Sin duda, la modificación que propone el oficialismo puede hacer las veces de una zanahoria que atraería a los radicales.
- La dureza provincial. El bloque que reúne a los partidos provinciales tiene entre sus integrantes a varios colaboradores de la dictadura. Desde el bussista partido Fuerza Republicana hasta el ex interventor municipal de Rosario durante el gobierno militar, Alberto Natale, ya se anticipó su rechazo liso y llano a cualquier cambio en la normativa vigente. De todas formas, con un acuerdo entre la UCR y el PJ, los votos provinciales no podrán perjudicar el intento oficialista.