El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, respondió con dureza a los sectores empresarios que amenazan con la suspensión del suministro eléctrico. “En Argentina no hay falta de inversión en generación, así que si hay un apagón va a ser porque alguien baje la llave: es tan sencillo como eso”, advirtió desde Corrientes, donde participó de un encuentro empresario. Además, señaló que la Justicia está investigando las causas del corte de servicio registrado esta semana y atribuido por la empresa concesionaria a la caída de tres torres de la línea de alta tensión. De Vido puntualizó que “si no hay un tornado o una situación puntual particular, las torres no tienen por qué caerse”.
En un encuentro de empresarios que organizó un sector de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Corrientes, De Vido aseguró que las inversiones realizadas en generación eléctrica alcanzan para cubrir la demanda de todo el país y reiteró que no aceptará “presiones” en el proceso de renegociación de los contratos de los servicios públicos privatizados. Adelantó, además, que la intención de su cartera es terminar las obras de elevación de la cota máxima de la central hidroeléctrica de Yacyretá. “Las obras eléctricas y las de gas tienen prioridad” para el Gobierno, y dijo esperar que “de los estudios surja la posibilidad de completar la cota máxima de Yacyretá en un plazo relativamente corto, porque es un volumen energético que la Argentina no debe desperdiciar”.
Sin mencionarlo, el ministro se hizo eco del apagón que sufrieron a mediados de esta semana unos 390 mil usuarios de Edesur y las advertencias formuladas por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en cuanto a la posibilidad que alguna de las empresas prestatarias pudiera echar mano al recurso de cortar el suministro para presionar por un aumento de tarifas. “No las vamos a aceptar”, reiteró ayer De Vido.
Por otra parte, la mención a que no hay razones que justifiquen una oferta insuficiente de energía eléctrica deben ser interpretadas como una respuesta directa de De Vido al reclamo de los generadores, que en las últimas semanas vienen advirtiendo sobre supuestas “señales de alerta” por al agotamiento del Fondo de Estabilización en el mercado mayorista. Dicho fondo, administrado por Cammesa –organismo mixto en el que participan representantes de cada uno de los segmentos del servicio privatizado–, es el responsable de compensar a las empresas generadoras por las diferencias que se produzcan entre la energía facturada y lo que abonan las distribuidoras, según la tarifa regulada.
Las empresas aducen que entre mayo y agosto el precio mayorista de la electricidad habría registrado una suba del 40 por ciento. Este valor se calcula de acuerdo con el costo de la última central que entra en servicio; al ingresar al sistema conforme a una orden de eficiencia, la última es la que produce a costos más caros. Al fijar el precio mayorista según el valor de equilibrio de esta última unidad, las anteriores reciben un “premio” por eficiencia. Sin embargo, Cammesa –que liquida el pago a los generadores por la energía aportada al sistema, cualquiera sea el distribuidor que la demande– advirtió que no estaría en condiciones de cubrir el total de lo facturado a partir de este mes, porque las distribuidoras –con recursos limitados por el congelamiento de tarifas– están pagando menos de lo necesario para cubrir la pretensión de los generadores. Ese diferencial fue agotando el Fondo Compensador en períodos anteriores.
“Si no se cubre rápido ese bache, Cammesa no podrá cancelar las facturas y las generadoras no tendrán los recursos necesarios para adquirir el combustible y despachar la energía al sistema”, había alertado Francisco Mezzadri, presidente de la Cámara de Inversores del Sector Eléctrico semanas atrás. El tema se reinstaló con el apagón del miércoles y De Vido salió fuerte ayer a advertir que el Gobierno no se dejará doblegar por las presiones. Le cambió el eje al reclamo empresario y puso en claro que si se reduce la oferta eléctrica no será por problemas de los inversores sino por una decisión política y con la intención de incidir en la negociaciónpor las tarifas. Una advertencia a las empresas para que no bajen la llave y un aviso, a su vez, de que al Gobierno no le tiembla la mano para encender la mecha.