Según los planes oficiales, los usuarios de luz y de gas estarán sujetos a un régimen de premios y castigos que eximirá a unos de ajustes que sí se aplicarán sobre otros. Esta fórmula, técnicamente conocida como de “segmentación tarifaria”, habilitaría la idea de aplicar aumentos mayores a las industrias, en particular a las ligadas a la exportación, tal como reclaman las prestadoras de aquellos servicios públicos. Este es uno de los objetivos centrales de renegociar los contratos de las privatizadas sin atenerse a los actuales marcos regulatorios.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, ayer admitió esta estrategia, aunque sin ahondar en detalles sobre lo que podría ser el futuro régimen de subsidios cruzados en las tarifas, algo que hoy expresamente prohíben los marcos regulatorios de la electricidad y del gas. “Habrá una tarifa segmentada que contempla sectores beneficiados y perjudicados por la política económica”, sentenció el funcionario.
El proyecto de ley para fijar las nuevas pautas de la renegociación contractual que el Poder Ejecutivo envió al Congreso incluye expresamente un artículo que permite modificar total o parcialmente los contratos sin restricciones legales. “Las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo nacional en el desarrollo del proceso de renegociación no se hallarán limitadas o condicionadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios”, sostiene el artículo 2.
Este punto, que los legisladores están discutiendo con especial atención, habilitaría a reformular los cuadros tarifarios de luz y de gas aplicando aumentos selectivos. En un extremo se ubicarían los exceptuados del aumento que, según De Vido, representan “un 30 por ciento” del universo de clientes. En el otro, los grandes consumidores –de ser posible, industrias exportadoras–, algo que no fue precisado ayer por el ministro, pero forma parte de la estrategia oficial.
Hasta ahora, tanto las empresas gasíferas como las eléctricas intentaron destrabar el congelamiento de precios argumentando que no hay justificativo para eximir de una suba a las empresas exportadoras, cuyos ingresos se multiplicaron tras la devaluación. El ejemplo que surge de inmediato en todos los casos es el de Techint. “¿Por qué hay que subsidiar los insumos a una empresa que cobra en dólares?”, es la pregunta reiterada por las privatizadas.
El argumento resulta difícil de refutar para el Gobierno que, sin embargo, no desconoce las dificultades técnicas para instrumentar aquel esquema de premios y castigos. Las propias distribuidoras reconocen que es muy difícil aislar la categoría de “exportadoras”, porque la gran mayoría provee también al mercado interno y podría escudarse en esto para resistir una suba.
Del mismo modo, es complicado identificar a los destinatarios de una tarifa social, amparados de un eventual ajuste, simplemente a través del nivel de consumo. Según subrayan los técnicos empresarios, un cliente de escasos recursos tal vez tenga un consumo relativamente elevado porque, a falta de agua corriente, deba usar una bomba eléctrica para obtenerla de las napas subterráneas. Otra situación engañosa podría generarse con usuarios pudientes, con valiosas propiedades desocupadas que, por este hecho, resultarían aventajadas con un precio preferencial.
Al bloquear subsidios cruzados, los marcos regulatorios intentaron impedir regímenes discrecionales, por los cuales el gobierno de turno decide a qué sector o usuario en particular puede beneficiar a través de la tarifa. Algo que ocurrió, por ejemplo, cuando la legislación permitía un suministro más barato para las industrias electrointensivas y una avalancha de empresas presionaba sobre la administración estatal para tener esa ventaja.
Ante esos riesgos, las empresas prestadoras embisten con otro argumento muy ventajoso para su caja: ya que los impuestos representan más de un tercio de la tarifa, es el Gobierno el que debería beneficiar a unos y presionar a otros resignando tributos. Pero esta idea difícilmente sea bien acogida en los despachos oficiales.