Las tribulaciones de los empresarios Alejandro y Carlos Iaccarino, víctimas de la última dictadura, ya no caben en la palabra injusticia. Además del largo camino que emprendieron por los tribunales buscando reparación, ahora se sienten obligados a defender al organismo que los defiende. ¿Cómo es posible si ellos son las víctimas? “Nos afectan personalmente las constantes informaciones falaces, maliciosas y temerarias que los diarios Clarín y La Nación vienen vertiendo sobre la Unidad de Investigación Financiera, su titular y su funcionamiento, en virtud del perjuicio que dichas afirmaciones sobre hechos falsos nos causan, ya que la UIF es la que nos defiende”, cuentan los hermanos platenses, ex detenidos desaparecidos y despojados de sus bienes hasta hoy.

Carlos, el menor de los hermanos, señala que “la UIF, a través de su titular, José Sbatella, viene llevando adelante un trabajo importante y valiente. Por sus investigaciones es constantemente atacada y sacado de contexto su accionar por la redacción de los matutinos”. Los Iaccarino se refieren a una situación que, según la Unidad, no existió y que Clarín y La Nación publicaron en sus ediciones: un presunto allanamiento del juez Claudio Bonadío a su sede.

Según esos medios se hizo un operativo en los primeros días de enero porque Sbatella habría retenido información comprometida para el empresario Lázaro Báez. La información mencionaba que ocultó Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre aquél. La UIF ya se los había enviado antes a otro magistrado, Sebastián Casanello. Y le entregó copias a Bonadío.

“Sbatella está siendo castigado severamente, pues en caso de que en el juicio de Papel Prensa lo acepten como querellante, tal como hizo el juez Torres en el caso ESMA, puede embargar, incautar bienes de la empresa Papel Prensa y de sus accionistas”, dicen los Iaccarino.

Alejandro, el mayor de los hermanos, se indigna: “Es importante destacar que todo ataque falaz que esos medios de difusión dominantes realizan contra el organismo, no es inocente, ni tiene una dirección azarosa, sino que está destinado a destruir y desacreditarlo”.

Los Iaccarino pidieron el derecho a réplica mediante cartas documento que, según ellos, no fueron aceptadas en los diarios. Los empresarios se rebelan en particular por dos líneas del texto que Clarín le dedicó a la UIF: “En los hechos también se ocupa de perseguir a los adversarios del gobierno y de proteger a los amigos del gobierno”. Los Iaccarino han negado vinculaciones con funcionarios del gobierno nacional de manera pública. Son desarrollistas y en los ’70 mantuvieron una relación muy estrecha con el ex presidente Arturo Frondizi.

Sbatella ya intervino en el caso. El organismo que dirige pidió el embargo de los bienes de los integrantes de distintas firmas: Equino Química SA, la Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia, del Hotel Sierras y su cancha de golf.

Hoy, cuando apenas avanzaron unos casilleros en el largo tablero judicial que tienen por delante, los empresarios continúan en la lucha. Lo que acaso no imaginaron es que iban a verse empujados a salir en defensa de un organismo del Estado, ese mismo Estado que hace 38 años les arrebató sus mejores sueños en complicidad con sus socios civiles.