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El fiscal federal Enrique Senestrari aseguró que el gobierno de José Manuel de la Sota no ayudó en la investigación abierta contra altos jefes de la policía cordobesa por supuestos vínculos con una red de narcotráfico. “Hubo ataques contra mi persona y contra la función judicial, y luego silencio. Pero nunca pasaron al otro lado del mostrador, para decir: ‘Colaboramos con la Justicia y entregamos todo para que el caso se esclarezca’”, aseguró el fiscal. Por otra parte, Senestrari aclaró que, hasta el momento, ha sido notificado “de un solo caso” en el que uno de los policías imputados “se encuentra suspendido (administrativamente) en sus funciones (policiales)” y agregó: “Del resto no tenemos noticia de que haya cambiado su situación laboral”. A su criterio, la falta de iniciativa y apoyo por parte del Ejecutivo provincial a la pesquisa genera un “silencio” que se transforma en una “protección a los policías”.

En declaraciones periodísticas, el funcionario judicial remarcó que “esta no es una causa de contenido político, sino basada en pruebas, en la que intervinieron, además de mí, un juez, un fiscal de Cámara, las dos salas de la Cámara Federal de Córdoba, y nadie planteó nada que desvirtúe la investigación”. Tras expresar que sólo recibió visitas protocolares de cada uno de los jefes que tuvo la policía cordobesa durante los últimos meses, Senestrari señaló: “En este expediente, que no es político, sólo hay pruebas, por lo que corresponde que cada autoridad colabore sin necesidad de que se lo pida”. Y se lamentó porque “hasta ahora no vi ninguna señal (de colaboración con la investigación que se sustancia ante la justicia federal), por lo que, al menos por el silencio, la protección (a los policías imputados) continúa”.

Senestrari ya había declarado que los agentes procesados por la presunta participación de la policía provincial en el tráfico de drogas “tienen mucha influencia dentro de la institución, tienen mucha protección política”. El fiscal apuntó a la administración delasotista al afirmar que “del único lugar que puede venir (la protección) es del gobierno de la provincia de Córdoba”. Senestrari se quejó particularmente de la situación del comisario Rafael Sosa, ex jefe de Drogas Peligrosas, quien está detenido con prisión preventiva pero, a pesar de la cercanía del juicio oral, no fue pasado a retiro.

Según explicó el fiscal, a partir de la investigación se comenzaron a implementar cambios en la fuerza policial, pero señaló que se están “pasando a retiro a efectivos que no tienen causa penal”, mientras “los policías involucrados hace meses que están presos y no hay colaboración de las autoridades provinciales”. Entre los detenidos se encuentran, además de Sosa, el comisario Alberto Saine, el oficial Franco Argüello, así como los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio.

De la Sota inauguró el sábado pasado el nuevo período de sesiones de la Legislatura provincial con un discurso en el que hizo referencia al narcotráfico. Con todo, la mención le valió críticas como la que le hizo ayer el intendente kirchnerista de Villa María, Eduardo Accastello. “El gobierno provincial está dos años atrás de lo que la realidad indica. Problemas como el de la droga o el de la inseguridad deberían haber sido abordados antes, con más tiempo”, consideró Accastello.

El escándalo político e institucional que enfrenta el gobierno de De la Sota, denominado narcoescándalo o el caso de los narcopolicías, derivó meses atrás en las renuncias del ex ministro de Seguridad Alejo Paredes y del ex jefe de Policía Ramón Frías.