El vicepresidente Amado Boudou se presentó sorpresivamente ante el juez Ariel Lijo en la mañana de ayer. Boudou quiso dejar en claro que no se va a amparar en ningún fuero ni en ninguna norma que le dé algún privilegio y que está dispuesto a declarar cuando el magistrado lo disponga. Eso sí, en dos escritos sostuvo que no cometió ningún ilícito ni actuó en forma incorrecta en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, que no conoce a Alejandro Vandenbroele y que es totalmente ajeno al dinero que se usó para el salvataje de la única empresa privada de América latina que fabrica billetes y que en ese momento fue adjudicada por un juez comercial a Boldt S.A., la compañía que maneja gran parte del juego en la provincia de Buenos Aires.

Los primeros minutos fueron tensos. El juez Lijo se sorprendió con la presencia del vicepresidente en mesa de entradas de su juzgado. También había nerviosismo por una situación que podría ser incómoda o conflictiva. Sin embargo, según cuentan los protagonistas, ambas partes se relajaron con los minutos y el diálogo fue cordial. Boudou no le exigió al juez que le tomara declaración de inmediato –como se especulaba– sino que fue a ponerse a disposición y, como señaló en el texto entregado al magistrado, “me presento como un ciudadano común que quiere explicar su verdad, la verdad real”.

Desde el punto de vista político, la movida del vicepresidente tuvo como objetivo tomar el toro por las astas, salir de una situación de pasividad y descomprimir. Concurrió a los tribunales de Comodoro Py junto a sus abogados, Diego Pirota y Eduardo Durañona, entró caminando por la puerta principal y a la salida habló con los periodistas presentes: “Vine a ponerme a disposición del juez. Son todas mentiras”, dijo.

Boudou le entregó a Lijo dos escritos. El primero es una presentación espontánea en la que responde a los cargos que se formularon en su contra. El segundo texto es una crítica al pedido de indagatoria del fiscal Jorge Di Lello.

Por lo pronto, el vicepresidente sostiene que no hubo nada de ilegal en su actuación en el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica. “Tal como ya se ha explicado, el levantamiento de la quiebra fue producto de una decisión judicial (del juez comercial Javier Cosentino) y de las facultades discrecionales de la AFIP.” Este criterio ya fue sostenido por el fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, quien dictaminó que el vicepresidente debe ser sobreseído porque el levantamiento de la quiebra y el plan de pagos corrieron por cuenta de la AFIP, que estaba facultada para ambas cosas.

El vicepresidente recordó en el texto que en aquel expediente le pidieron opinión, pero que declinó darla en relación con el levantamiento de la quiebra o al plan de pagos, señalando que eso correspondía a la AFIP y que en aquellas líneas sólo señaló que la política general del Poder Ejecutivo consistía en preservar los puestos de trabajo. Boudou presentó la Ley de Presupuesto de aquel año en la que se indica como prioritaria la estrategia de sostener los puestos de trabajo. Para redondear, recordó que ni siquiera Ciccone fue beneficiaria de ese plan de facilidades. La AFIP lo denegó. “Es decir que la empresa no obtuvo nada con ese trámite sino con uno posterior”, señala Boudou al juez.

Pero el vicepresidente aprovechó la oportunidad para avanzar sobre otras cuestiones de fondo de la causa. Lo fundamental: le reiteró al juez Ariel Lijo que no conoció ni conoce hasta hoy a Alejandro Vandenbroele, titular del rescate de Ciccone y a quien se señala como el testaferro de Boudou. En el expediente no hay hasta el momento ni una foto ni un video ni un entrecruzamiento de llamadas entre Boudou y Vandenbroele y a eso apuntó el vicepresidente. “Se ha dicho que en el escritorio del juez hay un video de una comida en el Palacio Duhau entre el suscripto (Boudou) y el señor Vandenbroele. No existe. Y la pericia hecha a las computadoras del Palacio Duhau ratifican eso: no hay ningún video de ninguna reunión ni comida.” El resultado de la pericia fue entregado al juez el lunes pasado. De todas maneras, es un tema en el que Lijo está trabajando: espera otra pericia más, la de dos computadoras secuestradas en la casa de la ex esposa de Alejandro Vandenbroele. En el texto de ayer, Boudou insiste en que no conoce ni habló nunca con su supuesto testaferro y que, por lo tanto, no tiene relación con quienes manejaron la calcográfica.

El vicepresidente sostuvo también en el escrito entregado al juez que las declaraciones de la familia Ciccone “son falsas y plagadas de intereses económicos”. En concreto, Nicolás Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick, afirmaron que un vecino actuó como intermediario y tuvieron dos reuniones con el vicepresidente, una en un estudio de Telefe y otra en un restaurante de Puerto Madero, Fresh Market. “No existe en la presente causa una sola prueba que involucre al suscripto (Boudou) en el saneamiento de Ciccone Calcográfica así como en cualquier trámite en el que esa empresa haya participado. Jamás sucedieron las reuniones, jamás me relacioné con ellos ni con sus negocios”, dice Boudou.

Lo mismo afirmó el vicepresidente sobre los fondos con los que se rescató Ciccone. “Como es de público conocimiento –señala Boudou en el escrito–, existe un acreedor de The Old Fund (el fondo que rescató Ciccone), que se presentó a la Justicia reconociendo haber sido quien inyectó fondos en la mencionada empresa para su saneamiento financiero.” Aunque no lo menciona por su nombre, se trata de Raúl Moneta. A continuación Boudou afirma: “No tengo ninguna relación con el mismo”.

Aunque los pedidos de indagatoria del fiscal no son vinculantes, condicionan de alguna manera la causa. Hay testimoniales previstas hasta mayo, pero, por ejemplo, Lijo decidió suspender la que tomaría la semana próxima a Pablo Amato (ex yerno de Nicolás Ciccone) ya que Di Lello pidió su indagatoria. Todo indica que el juez se tomaría su tiempo antes de adoptar grandes decisiones.