El depósito incendiado en el barrio de Barracas había sido clausurado por un inspector de la Subsecretaría de Trabajo porteña hace seis años. El ingeniero Edgardo Castro ubica el hecho en 2008, porque “para septiembre de ese año también les solicité a mis superiores que le aplicaran la misma medida a una papelera comercial muy cercana. Recuerdo que fui un par de veces al lugar donde murieron los bomberos y que lo clausuré por la falta de seguridad contra incendios”. El antecedente, a pesar del tiempo transcurrido, es un indicio más de las precarias condiciones que ofrece la empresa estadounidense Iron Mountain para almacenar archivos y documentación. No sólo había sufrido siniestros en el exterior (Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Canadá). También generó las condiciones para que se repitieran en Argentina, aunque a diferencia de los casos anteriores, con nueve víctimas fatales.

Castro es un especialista en el tema: tiene títulos de ingeniero en Seguridad ambiental, licenciado en Higiene y Seguridad del trabajo y auditor en sistemas de calidad y medio ambiente. Asimismo, se desempeñó como docente de la materia Seguridad contra Incendios en la carrera de Higiene y Seguridad del Trabajo. Muchos bomberos como los que murieron el miércoles pasaron por sus clases.

“Seguí un tiempo el expediente, aunque no me acuerdo muy bien qué pasó después con él. Las inspecciones que uno hace son muchas y yo trabajo en la Subsecretaría de Trabajo desde 2005. En el depósito verifiqué que las mangueras contra incendio eran viejas, que no estaban los sprinklers o aspersores para enfriar con agua y les pedí que retiraran un porcentaje del material de riesgo, porque había demasiados papeles”, recuerda el inspector.

“Es muy sencillo explicar por qué las paredes perimetrales se cayeron hacia afuera cuando debería haber sido al revés. Esa debilidad estructural es la causa fundamental del derrumbe, lo que implica que ese establecimiento nunca debió ser habilitado para almacenar esa masa de material. Es importante entender que el desarrollo del incendio en condiciones normales hubiera llevado varias horas y debería haber sido contenido por su estructura perimetral, evitando semejante catástrofe”, dice Castro.

La empresa, al contrario de lo que sostiene el profesional, informó que en Azara 1245 había una “total protección contra incendios” y una “red hidratante, sprinklers (aspersores) y control estricto de humedad”. El inspector la desmiente: “Las condiciones constructivas debían haber tenido una resistencia mínima de 180 minutos. Pero la estructura del techo conformada por perfiles de hierro y chapa no pudo soportar la carga de fuego que existía. De la simple observación y declaración de los bomberos se desprende que se cayeron 1000 metros cuadrados de techo”.

Castro dice que cuando clausuró las instalaciones “no se cumplían las condiciones de extinción o prevención de incendios y, obviamente, tampoco el punto principal del artículo 160 del decreto 351/79 que dice: en el inciso 1, dificultar la iniciación de incendios; en el 2, evitar la propagación de incendios y gases tóxicos; en el 4, facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de bomberos, y en el 5, proveer las instalaciones de detección y extinción”.

Los mismos criterios que utilizó para evaluar las condiciones de seguridad del depósito en 2008 pueden aplicarse en la actualidad: “Hay tres posibilidades –explica–. Y son bajar la carga de fuego (el papel) para que haya poco combustible ante un eventual incendio, colocar tabiques divisorios que resistan un siniestro o el sistema de sprinklers, que cuesta una fortuna. También podría armarse una brigada contra incendio que debería estar activa las 24 horas”.

Los organismos de control de la ciudad, la AGC y la Subsecretaría de Trabajo deberían haber fiscalizado si Iron Mountain contaba con un responsable de higiene y seguridad; la evaluación de las condiciones de riesgo de incendio, en especial la carga de fuego y resistencia estructural; un plan de contingencia de siniestro, el dispositivo de seguridad y la brigada de extinción de incendios; el cumplimiento de los requisitos de riesgo eléctrico y las vías de evacuación.

La empresa, hasta hoy, sólo había dado a conocer un comunicado de lamentaciones por lo ocurrido y en su página oficial, apenas sucedió la tragedia, la calificó como “Incidente en Depósito de Barracas”. Los incendios en inmuebles que no deberían estar habilitados o habitados son moneda corriente en el sur de la ciudad. El 10 de enero pasado se cumplieron cinco años de la tragedia donde murieron calcinados seis hermanitos de entre uno y trece años que vivían en el viejo edificio derruido del Banco de Italia y Río de la Plata ubicado en la Boca. Estaba intrusado por varias familias y el gobierno porteño ni siquiera se pronunció sobre el caso.

Para el ingeniero Castro, estos hechos “son más de lo mismo. La pregunta es: ¿quién habilita estos lugares? Acá hay responsabilidades penales muy graves. En primer término de la empresa. Porque no puede decir que su actividad es venderles a los clientes seguridad, y después tener problemas de seguridad. Y más con los cuatro antecedentes que traía desde el exterior. Es una secuencia de inseguridad. En segundo término, la responsabilidad es del Estado por la falta de planificación en el control de la seguridad. Estos episodios, así como están dadas las cosas, se van a repetir, lamentablemente”.

En su publicidad virtual, Iron Mountain afirma que “resguarda la información de sus clientes con la misma dedicación con que protege la propia. La seguridad, protección y confidencialidad de la información son valores centrales en su cultura y operaciones, y la reputación de la empresa depende de este principio fundamental”.

Radicada en el país desde el año 2000, la compañía líder en el almacenamiento de archivos de empresas públicas y privadas cooptó a las eventuales competidoras antes de comenzar a operar.

El 30 de agosto de 2002 absorbió por fusión a Krestel Servicios de Archivos S.A. y el 25 de marzo de 2003 a Box Security S.A. de idéntica forma. Instalada en el Polo Tecnológico de la ciudad por los beneficios fiscales que le otorga el gobierno de Mauricio Macri, mantiene su sede central y depósitos en Parque Patricios, y otros dos en La Boca y Villa Lugano. El restante quedó destruido el miércoles y una de sus paredes acabó con la vida de nueve servidores públicos.

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