EL PAíS
La duración del cautiverio de María Julia Alsogaray alimenta el debate
El fiscal Osorio defendió el criterio del juez que dispuso la prisión de la ex polifuncionaria por la acumulación de causas en su contra. Estudia una apelación para que el procesamiento sea por asociación ilícita.
› Por Irina Hauser
Cuánto durará presa María Julia Alsogaray es uno de los interrogantes más fuertes que rodean su cautiverio. La sospecha de impunidad siempre queda ahí dando vueltas en el aire. El juez Rodolfo Canicoba Corral basó la decisión de detenerla en su situación global, que incluye 14 causas en su contra, y en la previsión de que cuando la condenen el castigo no será condicional. Ayer defendió su decisión y pronosticó mínimas chances de que la ingeniera sea liberada. Pero el fiscal de la causa, Miguel Angel Osorio, cree que las posibilidades de excarcelación serían mucho menores si se la hubiera procesado, como él pidió, por asociación ilícita. La Sala II de la Cámara Federal, que deberá resolver las apelaciones, ya utilizó en otros casos el mismo criterio que el magistrado, lo que hace pensar que Alsogaray podría pasar un largo tiempo de encierro. Los juristas debaten.
El delito más grave por el que la ex secretaria de Recursos Naturales fue procesada es el de peculado, que en criollo significa usar, o más bien robar, el dinero público para fines personales. Tiene una pena máxima de 10 años, pero una mínima de dos, lo que la vuelve excarcelable. Para llevar a María Julia a prisión, Canicoba tuvo en cuenta una serie de circunstancias que consideró agravantes, pero que en la arena judicial son controvertidas. Ayer, en declaraciones a FM Hit, sostuvo que es “altamente improbable” que Alsogaray “pueda ser excarcelada antes que recaiga una condena en el juicio oral”.
La Cámara Federal demoraría algo más de un mes en resolver la apelación una vez que sea presentada por la ex interventora de Entel, según informaron a Página/12 funcionarios judiciales. La sala que intervendrá, integrada por Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, tiene fallos que avalan el razonamiento de Canicoba Corral, explicaron las fuentes. No descartan, inclusive, pedir que se profundice la investigación en relación con la asociación ilícita planteada tanto por la fiscalía como por la Oficina Anticorrupción (OA), que es querellante en la causa y realizó buena parte de la pesquisa. Ambos volverán a insistir con este punto. La OA también apelará el embargo de 1 millón de pesos por considerarlo insuficiente y solicitará que sea elevado a 6 millones.
Osorio dijo que comparte el criterio de detención con el juez, pero advirtió que “hay una alta probabilidad” de que la ex secretaria de Carlos Menem consiga ser liberada. Manuel Garrido, director de la OA, sostuvo que “estaba entre las posibilidades del juez detenerla si consideraba que Alsogaray podía eludir la Justicia”, pero señaló que su preocupación se centra en que “se llegue cuanto antes al juicio oral y se aplique una condena definitiva por el delito cometido”.
La lentitud en los juicios orales como un factor que favorece la sensación de impunidad fue señalada por el penalista Marcos Salt, adjunto en la Facultad de Derecho (UBA). “La prisión preventiva admite justificación si hay peligro de fuga o de que el acusado pueda entorpecer la investigación. Si no hay que esperar al juicio oral. El problema es si tarda años en llegar a esa instancia. Es por ineficacia del sistema, un tema del sistema procesal y de burocracia judicial”, señaló Salt.
El jurista Daniel Sabsay consideró factible que María Julia “siga presa por la acumulación de causas”. “Dada la cantidad de procesos, más allá de que abarquen delitos excarcelables o no, el Código Penal es claro en que la sumatoria puede llevar a la prisión preventiva”, añadió. Sabsay criticó, a su vez, la “lentitud en la actividad procesal” y consideró que “la figura de asociación ilícita no debe descartarse porque la reiteración de numerosos delitos como la sospechosa concurrencia del mismo grupo de personas en la organización de los mismos lleva a pensar fuertemente que podrían haberse cometido hechos tipificados bajo esa figura delictiva”.
Desde una perspectiva diferente, Zenón Ceballos, un abogado que suele litigar en el fuero federal, sostiene que “para los casos en que los delitos aplicados son excarcelables (como el de María Julia) la Corte ha privilegiado la libertad, como lo hizo con Víctor Alderete, a menos que la persona sea sospechosa de frustrar la prueba o fugarse”. “En lo que se ha basado Canicoba Corral –agregó el letrado– es en prever que sobre Alsogaray, por sus múltiples procesos, recaerá una condena efectiva.”
“El carácter excepcional de la prisión preventiva sería aplicable a la ex funcionaria: cabe la hipótesis de que obstaculice la Justicia o se escape, dado que conserva buenos contactos y que podría afectarla una condena efectiva”, evaluó Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP). Y dio una vuelta de tuerca: “Me parece bien que la excepción se use para que esté presa Alsogaray en vez de que se haga el dispendio habitual con la gente pobre y se pueblen las cárceles con montones de acusados por delitos comunes”.
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