En la Oficina Anticorrupción (OA) hay preocupación por los intentos que se juegan tribunales para quitarle la facultad de ser querellante e impulsar activamente causas penales. Es un rol que cumple en la investigación que llevó presa a María Julia Alsogaray, que también tuvo en la que encarceló a Víctor Alderete y en otras pesquisas famosas como el “caso Meller”, que llevó al Gobierno a anular un pago de 400 millones de pesos en bonos que había autorizado la ex interventora de Entel. Un fallo de la Corte Suprema, firmado la semana pasada por los ministros Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi, ordenó que la Cámara de Casación defina la cuestión de fondo ante un planteo que presentó el abogado León Carlos Arslanián tiempo atrás, como defensor de Alderete, cuestionando el papel de querellante del organismo por entrever una superposición de funciones con el de los fiscales. “Si le dieran la razón sería un retroceso institucional, y más aún teniendo en cuenta que los organismos internacionales están advirtiendo claramente sobre la necesidad de fortalecer los órganos de control como es el caso de esta oficina”, alertó Manuel Garrido, que dirige la OA.