La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó ayer en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las iniciativas impulsadas por el Ministerio Público Fiscal, que centran sus objetivos en “una mayor promoción y protección de los derechos humanos” en todo el país. La presentación de Gils Carbó en la apertura del período 150º de sesiones de la CIDH estuvo enmarcada en un particular valor simbólico tanto para Argentina como para la Comisión, por haberse conmemorado el 38º aniversario del golpe cívico-militar en Argentina. El organismo expresó luego su respaldo a las políticas impulsadas por la Procuración para adecuar la labor del Ministerio Público Fiscal a los estándares del sistema interamericano en materia de protección y promoción de los derechos humanos.

En su discurso, la procuradora dijo que “los fiscales tienen un alto estándar de independencia” para llevar adelante sus investigaciones. Pero insistió en que “nos preocupa la independencia del Poder Judicial”, y advirtió la necesidad de producir “cambios en un sector privilegiado de la Justicia en nuestro país”. Gils Carbó realizó una exposición del nuevo diseño institucional que impulsó desde su llegada al Ministerio Público hace un año medio, y explicó ante las autoridades de la CIDH que estos avances fueron producidos a partir de la creación de cinco procuradurías especializadas en delitos complejos “como el narcotráfico, el crimen económico, violencia institucional, la trata de personas y la procuraduría de lesa humanidad”.

La funcionaria señaló que las nuevas procuradurías se vinculan con siete áreas especializadas que convergen en 27 coordinadores, fiscales de distrito encargados de ejecutar la política criminal “con acento tanto en el crimen organizado como en la protección de los derechos humanos”. En ese sentido, una de las decisiones del ministerio fue transformar la unidad de derechos humanos en procuraduría de crímenes contra la humanidad, implicando esto un “inmediato avance de los juicios” que al 2013 registraban 520 personas condenadas, 1069 procesados y 14 juicios en trámite, con 267 imputados.

En la audiencia especial estuvieron presentes la representante argentina ante la Organización de Estados Americanos, Nilda Garré, y los comisionados Paulo Vannuchi, que es relator para Argentina, José de Jesús Orozco Henríquez, Tracy Robinson, y el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Alvarez Icaza. Para Orozco Henríquez, la presentación fue “impactante”, en tanto Vannuchi afirmó que el juzgamiento de represores es “un ejemplo a seguir en los procesos por delitos de lesa humanidad”.

Gils Carbó también destacó la creación de la procuraduría de violencia institucional, encargada de inspeccionar las cárceles en todo el país y de denunciar abusos y delitos ocurridos contra los detenidos, que con su accionar “está cambiando la configuración del tema carcelario” al “rescatar vidas y recuperar la dignidad de muchas otras” personas.

La procuradora dijo que “podemos presentar el plan estratégico luego de un año y medio de gestión, pero también contar cuáles son los obstáculos que hemos encontrado” desde entonces. Según detalló, estas trabas son principalmente “las resistencias, los ataques que han sufrido 40 fiscales ad hoc, que habían sido denunciados penalmente por haber aceptado esos cargos”.

En la exposición ante la CIDH, Gils Carbó incluyó también los desafíos del Ministerio Público Fiscal, entre los cuales figura –dijo– “una dinámica de fortalecimiento para que sea más eficiente y los procesos más ágiles”. Sin embargo, aclaró que “sabemos que para que esto pueda ser una realidad sería necesaria una reforma del Código Procesal Penal”. De esa forma, se podría estar “a tono con la región y con el resto del país, donde se han adoptado modelos acusatorios que permiten separar la función del fiscal y del juez, se crea otra dinámica que permitiría agilizar los procesos, que es lo que la gente está demandando”.