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Los especialistas invitados a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados cuestionaron el intento de regular las protestas callejeras que discute la Cámara baja. Representantes del CELS y Amnistía Internacional, la ex defensora del Pueblo de la Ciudad Alicia Pierini y Lucas Grosman, por la Universidad de San Andrés, coincidieron ayer en que no se debe encarar el debate desde la “colisión de derechos” (entre el de expresión y el de circular libremente), como plantean los nueve proyectos presentados desde las más diversas bancadas políticas. El oficialismo ya anticipó que no avanzará con la iniciativa si no hay consenso.

“Las regulaciones generales provocan que se avance en restricciones que no están permitidas por el derecho internacional”, sostuvo Paola García Rey, de Amnistía, y pidió evaluar las protestas “caso por caso”. Cuestionó la obligación del pedido de autorización previa y aclaró que “el contenido (de la manifestación) no debe ser motivo para declarar una protesta legítima o ilegítima”.

Para Marcela Pelerman, del CELS, “el aporte del Congreso” debería ser “fortalecer el abordaje no violento de la protesta social”, y sostuvo que esa “no es la orientación predominante de los proyectos en discusión”, al tiempo que recordó las “debilidades” que registró el Estado en los últimos años y causó la muerte de “al menos 15 personas” en protestas y piquetes. Su colega del CELS Paula Litvachky advirtió que “reducir la discusión al piquete o al corte de calles no es la perspectiva correcta” para abordar el conflicto social y se manifestó en contra de los proyectos.

“El Estado tiene que tener un rol de protección y prevención frente al conflicto, ya que no está sólo para restringir”, dijo Pierini y agregó que “para esto hay que tener en claro qué expresa una protesta social”. El académico Lucas Grosman dijo que “el esquema del conflicto de derechos no es el más feliz”, pero fue la única voz disonante al expresar que “no existe un derecho constitucional a cortar la calle como parte del derecho a la libertad de expresión”. La discusión continuará la semana próxima con la exposición de organizaciones sociales y sindicales.