El Frente Popular Darío Santillán y los familiares del joven piquetero asesinado en 2002 por la Policía Bonaerense denunciaron al juez federal Ariel Lijo de “cajonear” la causa por las responsabilidades políticas en la represión policial que mató a Santillán y Maximiliano Kosteki. A poco de cumplirse 12 años de la Masacre de Avellaneda, el FPDS cuestionó a través de un comunicado la celeridad con que el juez Lijo “condena a militantes populares” de Quebracho, habilita la legalidad del partido filonazi de Alejandro Biondini y absuelve a ex funcionarios menemistas como Carlos Corach en causas como la AMIA, mientras no define las responsabilidades políticas por los asesinatos de Kosteki y Santillán, que involucra al ex presidente interino Eduardo Duhalde, al ex gobernador Felipe Solá y el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez, entre otros.

“La lentitud y luego inacción del juez Lijo en la causa por la Masacre de Avellaneda contrastan con su celeridad por condenar a los referentes de Quebracho, Fernando Esteche y Raúl Lescano, acusados y condenados por ‘incendio, daños y estragos’ en un local partidario del ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch cuando se manifestaban en repudio al asesinato del maestro Carlos Fuentealba”, dice el comunicado que también lleva las firmas del padre de Darío, Alberto Santillán, y su hermano Leonardo.

Allí también recuerdan que el mismo juez sobreseyó la semana pasada a Corach por el supuesto encubrimiento en el atentado contra la AMIA, que en 2006 llevó adelante “un juicio irregular y extraditó a seis campesinos paraguayos que pidieron asilo político en Argentina por un delito que no cometieron” y le otorgó el reconocimiento jurídico al “partido nazi de la Argentina Bandera Vecinal” de Biondini “a pesar de que la ley prohíbe y castiga las manifestaciones racistas” y por lo cual la Corte Suprema le había prohibido su presentación en 2009. “Hoy Lijo garantiza la legalidad de un partido neonazi en nuestro país”, agrega el comunicado.

“Porque la impunidad genera más impunidad”, afirma el texto difundido ayer en el que describe que “a 12 años del asesinato de nuestros compañeros, avanza la criminalización de la protesta con la condena a los petroleros de Las Heras, los procesados por el Indoamericano y los trabajadores de ATE acusados por protestar contra (Mauricio) Macri. Mientras Duhalde, Solá, Aníbal Fernández y Jorge Sobisch, siguen libres”.