El arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo José Garlatti, fue procesado ayer por el encubrimiento agravado del ex capellán Aldo Vara durante los ocho meses que estuvo prófugo de la Justicia. El juez federal subrogante Alvaro Coleffi consideró probado que Garlatti omitió informarle sobre el Fondo Integral de Solidaridad (Fides) que el arzobispado le siguió pagando a Vara mientras el Estado ofrecía una recompensa para capturarlo y que ocultó también otros datos útiles para la búsqueda, descubiertos en el allanamiento a la Curia. El magistrado sostuvo que el arzobispo intentó durante su indagatoria “explicar lo inexplicable”, al sostener que “no pensó” o “no se le ocurrió” que los datos que ocultaba fueran valiosos para la Justicia y lo procesó también por el delito de desobediencia. El empresario Leopoldo Bochile, ex apoderado de Vara, quien murió poco después de su detención en Paraguay, fue procesado por encubrimiento.

Imputado por delitos de lesa humanidad en el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca, Vara estuvo prófugo desde agosto pasado, cuando la Cámara Federal ordenó su captura, hasta el 28 de abril cuando Interpol lo detuvo en Ciudad del Este. Un día después, enterados de que su apoderado nunca había dejado de cobrar el Fides, los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani certificaron el dato en la Curia y denunciaron por encubrimiento a Garlatti y Bochile. Citado a indagatoria, Garlatti se explayó sobre el rechazo que se prodigaban con Vara desde su gestión como obispo de San Rafael, cuando le encomendaron la misión de “encauzar” el Instituto del Verbo Encarnado donde se terminaría refugiando el ex capellán, pero sugirió falta de criterio para justificar su silencio sobre el pago del Fides cuando el propio juez Coleffi le había reclamado “todos los datos” que tuviera sobre el prófugo. “No lo tuve presente”, “no se me ocurrió”, “nunca se me pasó por la mente”, se excusó al declarar, e incluyó en el desliz a todo el personal del Arzobispado: “A nadie se le ocurrió pensar dónde iba a parar esa plata”, aseguró.

“No es posible creer que no haya sido motivo de interés para el Arzobispado procurar una búsqueda minuciosa y eficiente que tuvieren sobre Vara”, consideró el juez. “Más bien aparece como una línea definida porque lo mismo ocurrió ante el reclamo de organizaciones de derechos humanos, el Ministerio Público Fiscal y aún la propia jerarquía eclesiástica”, resaltó Coleffi, en referencia a los distintos interlocutores ante quienes el Arzobispado bahiense dijo desconocer el paradero de Vara. “No hablamos de un delito común cuyo conocimiento puede escaparse a la consideración general. Estamos hablando de un clérigo incardinado en el Arzobispado local, imputado de lesa humanidad, sobre el cual se decidió no dar toda la información que existía en el Arzobispado. Desconocer esta trascendencia o esta dimensión es intentar explicar lo inexplicable”, subrayó.

“El pago ininterrumpido por parte del Arzobispado de un fondo Fides, por interpósita persona, importa inocultablemente un aporte –hasta imprescindible– para sostener económicamente a un imputado de lesa humanidad, o para mantener un estado de clandestinidad o fuga del mencionado Vara”, sostuvo el juez. Coleffi consideró “curioso” que el legajo de Vara no estuviera en el Arzobispado, máxime cuando Garlatti dijo ser “muy cuidadoso en lo que hace a la documentación” y aclaró que todo dato “se guarda en legajos personales”. Ante la intervención “activa” y el conocimiento del arzobispo sobre los pagos mensuales, sumados a la situación de prófugo de Vara, concluyó en procesarlo como autor de “encubrimiento por favorecimiento personal”, agravado por ser delitos de lesa humanidad los imputados al ex capellán militar.

Más allá de la imputación por encubrimiento que había pedido el Ministerio Público, el juez avanzó sobre el delito de desobediencia. “La actitud obstaculizadora se traduce en no dar toda la información a la Justicia ante un reclamo específico, lo que frustró la acción jurisdiccional y facilitó, sin duda, el estado de prófugo de Vara, puesto que perjudicó el desarrollo de una pesquisa”, sostuvo. “El conocimiento previo de Garlatti sobre la situación de Vara resultó indudable, por lo cual la (in)contestación cabal de lo requerido marca la responsabilidad del Arzobispado. De ello da cuenta que hasta adoptó la precaución de consultar a un letrado particular (en referencia al abogado Héctor Bertoncello) para elaborar las respuestas”, destacó. Coleffi enumeró documentos y manuscritos sobre Vara secuestrados durante el allanamiento a la Curia “que hubieran sido útiles” para la búsqueda, remarcó que estaban junto a la nota enviada en noviembre por tres organizaciones de derechos humanos y sin embargo “fueron omitidos de informar” ante su requerimiento. Garlatti y Bochile fueron procesados sin prisión preventiva y el juez fijó sus responsabilidades civiles en 7000 y 4500 pesos, respectivamente.