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El juez federal de Salta, Miguel Medina, firmó una resolución en la que reafirma que el camarista de esa provincia Ricardo Lona está imputado en la causa en la que se investigan las responsabilidades de militares y ex funcionarios en la Masacre de Las Palomitas, en la que fueron fusilados doce presos políticos el 6 de julio de 1976. El magistrado reafirmó que Lona está bajo sospecha y que podría ser indagado después de que el tribunal superior resuelva un recurso extraordinario.
El camarista salteño fue suspendido la semana pasada por el plenario del Consejo de la Magistratura, que lo acusó de “mal desempeño de sus funciones” y “desconocimiento del derecho”. Fue una decisión inédita, porque en realidad Lona había renunciado quince días antes, pero los consejeros tuvieron en cuenta que el presidente Néstor Kirchner no aceptó –hasta el momento– la dimisión. Ellos mismos le pidieron al Poder Ejecutivo que no aceptara la renuncia de ningún juez que estuviera bajo la lupa del organismo para poder juzgarlos.
La siguiente instancia para Lona será el proceso que debe llevar a cabo el jurado de enjuiciamiento. El cuerpo judicial lo responsabiliza en tres casos: por haber dispuesto como juez el traslado de los presos que terminaron fusilados en Palomitas, cuando supuestamente eran trasladados a Córdoba; por actuar como albacea (algo prohibido para un juez) administrando una herencia multimillonaria, y por avalar en una causa la venta de un bebé y la alteración de su identidad.
En el plano penal, Lona es investigado por el juez Medina, que en su resolución de la semana pasada aclaró: “Lona era y es lo que técnicamente se denomina imputado”. Las denuncias en su contra, recuerda el magistrado, atribuyen al camarista “responsabilidad penal” “por el pedido especial que hiciera para el traslado de detenidos a su disposición en la cárcel local (el penal de Villa Las Rosas), luego fallecidos”, como “jefe de una asociación ilícita junto a Carlos Mulhall destinada sistemáticamente al exterminio de personas en las provincias de Salta y Jujuy”, y “por no haber investigado en tiempo oportuno” los fusilamientos, de los que recién dejó alguna constancia en 1983.
Mulhall es uno de los militares implicados que fue detenido días atrás junto con Miguel Gentil, por orden del juez Medina. En el expediente hay un tercer acusado, Hugo Espeche, que todavía está prófugo.