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Los ex generales Reynaldo Bignone y Ramón Genaro Díaz Bessone serán sancionados en las próximas horas por haber reivindicado los delitos cometidos durante la dictadura militar. Así lo informó a Página/12 el ministro de Defensa, José Pampuro, luego de un encuentro que mantuvo con los jefes de la tres fuerzas.
“Una cosa es relatar lo que pasó y admitir las culpas y responsabilidades y otra muy diferente es hacer alarde de esos actos”, señaló Pampuro a este diario.
Si bien no se informó oficialmente qué tipo de sanciones se dispondrán, anoche no se descartaban alternativas que iban desde la destitución hasta la orden de detención de los dos militares retirados. En rigor, Bignone ya cumple arresto domiciliario desde 1999 por el delito de robo de bebés alumbrados en cautiverio por detenidas-desaparecidas durante la dictadura. Y Díaz Bessone también está detenido (al menos hasta el cierre de esta edición, ya que el juez Rodolfo Canicoba Corral había autorizado su liberación) y procesado en España por genocidio, tortura y terrorismo.
El ministro se reunió ayer con los jefes del Estado Mayor Conjunto, brigadier Jorge Chevallier; del Ejército, general Roberto Bendini; de la Armada, almirante Jorge Godoy, y de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Rodhes. Entre todos hicieron un análisis minucioso de las declaraciones de Díaz Bessone y de Bignone, reproducidas en este diario los días domingo y lunes. También escucharon las grabaciones con los dichos de los dos ex generales, que algunas radios reprodujeron a lo largo de la jornada de ayer.
Entre los principales testimonios de Díaz Bessone, que pertenecen al documental Escuadrones de la Muerte, la Escuela Francesa, y que se emitió en la televisión en París y en otra docena de países, figuran:
- “¿Cómo puede sacar información (a un detenido) si usted no lo aprieta, si usted no tortura?”
- “¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar a siete mil? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco con tres. Se nos viene el mundo encima. Usted no pude fusilar 7 mil personas.”
- “¿Y si los metíamos en la cárcel, qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad. Porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar.”
Para ese mismo documental, Bignone contó que mantuvo en 1977 una reunión con tres obispos de la Iglesia Católica, y que dijo que ésta aprobó la tortura. Ayer, la respuesta de la Conferencia Episcopal Argentina llegó a través de un comunicado, firmado por monseñor Sergio Fenoy. “Es absolutamente falso e inaceptable relacionar a la Iglesia con este tipo de crímenes que siempre ha condenado con toda claridad y energía.”
El ex presidente de facto también ofreció su propia doctrina penal:
- “La única forma de evitar que le pongan una bomba es matar antes al tipo que se la va a poner.”
- “El delincuente tiene que saber que en la comisaría por lo menos una pateadura se va a ligar.”
Página/12 publica hoy en exclusiva un tercer testimonio. El de Albano Harguindeguy. El ex ministro del Interior de la dictadura militar no mantiene la misma línea que Bignone y Bessone. Más aún, consideró que el método de tortura y la desaparición forzada de las personas es “una violación a los derechos humanos reconocido por Naciones Unidas” y “un error político” (ver página 3).
Según revelaron fuentes oficiales, la cúpula castrense analizará este último material antes de disponer las sanciones, que a esta altura aparecen como inexorables.
El caso de Alfredo Astiz puede servir como antecedente. Años atrás, el “ángel rubio” realizó una durísimas declaraciones, que reprodujo larevista trespuntos: “La Armada me enseñó a destruir (...) soy el mejor para matar a un político a un periodista”, dijo. El entonces presidente Carlos Menem, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo destituyó por “provocar con su actitud inconsulta e irresponsable una situación de gravísima repercusión social y política, que afecta seriamente el prestigio de la Armada y otras instituciones”.
El texto del decreto, repetido luego en un comunicado del Estado Mayor de la Armada, no explicó si el perjuicio a la fuerza fue por el solo hecho de acceder al reportaje o por haber contado, sin arrepentirse públicamente, algo de lo que pasó en los años de plomo.
En ese decreto Astiz no fue el único afectado. También se dispuso una sanción de 180 días de arresto para el capitán de navío (RE), Aurelio “Za Za” Martínez, por haber oficiado de nexo entre la periodista que hizo el reportaje y el hombre con pedido de captura internacional por los secuestros y asesinatos de las monjas francesas Alice Domon y Leónie Duquet, y de la joven sueca Dagmar Hagelin.