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Unos represores salen y otros podrían volver a entrar. El fiscal federal Miguel Osorio pidió la detención de una decena de ex jefes militares, entre ellos el general retirado e intendente electo de Tucumán Domingo Bussi y el ex presidente de facto Jorge Videla, en la causa referida al Plan Cóndor, el operativo de represión conjunta de las dictaduras del Cono Sur. El juez federal Jorge Urso decidirá en las próximas horas si hace lugar al pedido del fiscal. Además, Osorio solicitó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y basó su pedido de detención, entre otras razones, en las declaraciones de represores publicadas el domingo y el lunes en Página/12.
“Es un disparador, esas entrevistas (realizadas por la documentalista francesa Marie-Monique Robin) son un reconocimiento de lo sucedido en la Argentina, y la causa ya tiene personas imputadas por diferentes indicios que se refuerzan con estas manifestaciones”, explicó el fiscal a este diario. Ayer Página/12 reprodujo la confesión del general Benito Bignone, quien reconoció 8.000 desapariciones y aseguró que la Iglesia convalidó las torturas, y el domingo el general Ramón Díaz Bessone defendió la “necesidad” de los tormentos y asesinatos. En el escrito remitido a Urso transcribió varios párrafos de esos artículos.
Osorio también pidió extender el número de acusados en relación a la lista de represores cuya extradición había pedido el juez español Baltasar Garzón. Y al solicitar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final tomó algunos argumentos de los que había utilizado el procurador general Nicolás Becerra. Si bien Urso evitó adelantar cuál será su posición y se limitó a responder que “está estudiando” el asunto, fuentes judiciales especularon con que podría hacer lugar a algunas de las detenciones solicitadas. Además de Bussi y Videla, el fiscal pidió el encarcelamiento de Jorge Olivera Rovere, José Montes, César Aníbal Ferrero, Adolfo Sigwald, Carlos Suárez Mason, Julio Antonio Torti, Antonio Vañek, Santiago Omar Riveros y Luciano Benjamín Menéndez.
Bussi, Riveros y Menéndez fueron acusados en esta causa, que investiga la asociación ilícita y la desaparición de personas en el marco del Plan Cóndor, cuando la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva de Videla porque consideró que la investigación debía extenderse “a la totalidad del territorio en el cual se desarrolló la operatoria criminal” y a “todos los niveles de autoría y participación”, esto es, a los autores materiales, mediatos, partícipes y cómplices. Esto fue en abril de 2002 y los camaristas precisaron que debían ser acusados, además, por los delitos de torturas y homicidio. Aunque aún ni se hablaba de la nulidad de las leyes de impunidad, la Cámara actuó como si no existieran. Por ese motivo, los abogados querellantes David Baigún, Alberto Pedroncini y Ernesto Moreau pidieron a Urso, a cargo provisoriamente del Juzgado Federal 7, la imputación de esos tres represores y que se los cite a declaración indagatoria. Esta causa tiene por objeto la investigación de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad en el marco de políticas de desaparición forzada de personas, homicidios y torturas, cometidos en ocasión de concertarse y ejecutarse la llamada Operación Cóndor, que tuvo como territorio de comisión de esos delitos a la Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Inicialmente fueron imputados por la querella los jefes de Estado de esos países.