El recurrente problema de la deuda externa en nuestro país, que produce la intervención de los fondos buitre a través de un fallo judicial norteamericano, plantea en forma contundente la urgencia de un cambio profundo en el sistema financiero internacional. Una cosa es reconocer la globalización como un fenómeno propio de la evolución capitalista, y otra es supeditar el futuro de los Estados nacionales a los dictados que emanan de los países centrales. Los actores financieros, en este caso claramente usurarios, en su independización de la economía real ponen en jaque no sólo a la Argentina sino también al resto del orden financiero internacional. Y su eficacia se demuestra en la defensa de los intereses particulares por encima de los grupales o colectivos. Para obtener beneficios necesitan cobertura legal que les permita forzar la renuncia de las naciones deudoras a su soberanía.

El proceso de renegociación de la deuda externa de 2005 y 2010, que ofreció un acuerdo beneficioso e igualitario para todos los acreedores, encuentra en los tribunales de Nueva York un artilugio jurídico que termina ratificando el dominio de unos pocos frente al Estado nacional y al colectivo acreedor. Esta decisión fundamentalista del juez Griesa tiene el sello del privilegio minoritario, provocando perjuicios a los intereses de nuestro país y afectando incluso el orden financiero internacional.

Los argentinos sabemos bien, por nuestro pasado, que la soberanía no es una conquista inmutable sino que es el complejo proceso de luchas históricas que cristalizan relaciones de poder. Si durante el siglo XIX la soberanía nacional se dirimía principalmente en el campo militar, en la actualidad la amenaza proviene de los fondos especulativos que buscan satisfacer sus intereses a costa del hambre de los pueblos. Así como en la batalla de la Vuelta de Obligado intereses foráneos intentaron poner en jaque el proyecto de autonomía nacional impulsado por Juan Manuel de Rosas y los valientes patriotas que enfrentaron a las naves extranjeras, hoy los argentinos enfrentamos nuevamente un ataque, esta vez con medios más sutiles, pero no menos lesivos que en 1845.

El debilitamiento de la soberanía nacional no puede achacarse únicamente a los poderes extranjeros. Estos han encontrado a lo largo de la historia actores internos que contribuyeron al vaciamiento del patrimonio nacional. Desde la última dictadura cívico-militar, la deuda externa creció exponencialmente, en virtud de la aplicación de una batería de políticas neoliberales: apertura y desregulación financiera, sobrevaluación cambiaria, fuga de capitales, y privatización y extranjerización de los servicios públicos, la producción y el comercio. En este proceso hubo complicidad de importantes bancos y funcionarios políticos del más alto rango.

Los bonos que ejecutaron los fondos buitre y que fueran emitidos a partir del Plan Brady, en 1992 y durante la década del ’90, tienen una cláusula explícita de renuncia del gobierno argentino a oponer la defensa de inmunidad soberana. La renuncia del Estado argentino era total, y sólo excluía las reservas de libre disponibilidad de propiedad del Banco Central, los activos existentes en la Argentina, y los bienes que se encuentran fuera del país afectados a un servicio público esencial.

Este ciclo de valorización financiera culminó en 2003 cuando, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina decidió instaurar un modelo de crecimiento con inclusión social. El dinamismo de la economía en la última década ha permitido honrar nuestras obligaciones financieras en tiempo y forma, logrando en la actualidad que el nivel de deuda, en relación con lo producido por los argentinos, sea muy bajo en términos históricos. Es este proceso exitoso el que los buitres quieren hoy interrumpir, penalizando a la Argentina por el camino de autonomía nacional recorrido.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expresado su convicción en los foros internacionales, reclamando profundas reformas en el sistema financiero internacional y asumiendo la defensa de los intereses nacionales con patriotismo, lealtad a su pueblo y respeto a las instituciones de la República.

Nuestro gobierno se hizo cargo de una deuda que no contrajo y dimos pruebas de la intención de saldarlas; pero nos compete hacerlo bajo nuestro propio arbitraje, exigiendo el reconocimiento de nuestra soberanía jurídica y legislativa, para que nunca más un juez o una corte extranjera decidan tan lejanamente de nuestro pueblo. Estoy convencido de que más temprano que tarde debemos poner fin a la prórroga de jurisdicción y fijación de ley extranjera para todos los contratos públicos en los que el Estado sea parte.

Es necesario que los argentinos tomemos conciencia de la importancia de esta causa, que pone en juego el futuro de la patria ante el colonialismo financiero. La historia nos ha vuelto a poner en la misma encrucijada que tuvieron nuestros compatriotas allá por 1845. Como entonces, hoy debemos mostrar el mismo valor y coraje para enfrentar los desafíos externos y hacer prevalecer la soberanía nacional. Porque hoy también está en juego, por condicionamiento, nuestro futuro energético.

* Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.