Son 94 empleados de la Municipalidad de Quilmes, en su mayoría pertenecientes a la planta permanente, que cobran planes Jefes y Jefas de Hogar, subsidios que en realidad están destinados a ayudar a personas desocupadas. Lo corroboró la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) y su titular, Guillermo Marijuán, presentará hoy una denuncia penal por defraudación ante los tribunales de La Plata que señalará entre los principales responsables al intendente radical Fernando Geronés, el mismo que fue detenido hace un mes y medio en Bariloche cuando manejaba un auto robado.
El organismo de investigación ya detectó 3500 casos de este tipo en Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, San Juan, Neuquén. En su mayoría eran agentes policiales y empleados públicos –o sus cónyuges– los que cobraron los subsidios de 150 pesos durante aproximadamente un año, hasta que recientemente fueron dados de baja. Marijuán calcula que el fraude se acerca a los 6,5 millones de pesos y en cada presentación judicial que hace recalca que es dinero que no recibió gente que está en situación de extrema pobreza.
La Ufises está ahora focalizando su pesquisa en la provincia de Buenos Aires. Pidió hace meses las listas de empleados públicos y jubilados para cruzar los datos con los listados de beneficiarios de planes, pero las autoridades bonaerenses nunca contestaron. Por eso abrió finalmente 134 expedientes, uno por cada municipio.
En el caso de Quilmes, fue citado a declarar el subsecretario de Producción, Horacio Castagnini, quien es, además, coordinador del consejo consultivo local que maneja la distribución de los planes sociales. El miércoles último el funcionario no sólo reconoció irregularidades en el manejo de los subsidios sino que dio detalles sobre cerca de un centenar asignados a quienes tienen, en la mayoría de los casos, un trabajo estable en el municipio. Unos pocos corresponden a “médicos que están haciendo pasantías”, especificaron en la Unidad Fiscal.
La denuncia penal que hoy presentará Marijuán involucra a los consejeros consultivos, a los beneficiarios y a Geronés, que ya está procesado por una estafa millonaria en otra causa. “El intendente, que recibe las solicitudes de planes, no puede haber dejado de cotejar que eran empleados suyos”, señalan los investigadores. También creen que los casos detectados en Quilmes son sólo la punta de un iceberg que, estiman, podría incluir cientos y cientos más en todo el conurbano bonaerense.
Por los relevamientos hechos en el interior del país, a menudo el otorgamiento de planes a empleados municipales se da bajo la forma de sobresueldos, compra e intercambio de favores o voluntades políticas. Pero ésta es sólo una cara de un sinfín de mecanismos tejidos alrededor del sistema de ayuda para pobres. Como ya publicó este diario, en otras 600 denuncias hechas por la Ufises la entrega de planes a gente realmente desempleada a veces se hace a través de la extorsión o el abuso. Aparecen punteros, sobre todo del peronismo, que exigen parte del dinero del plan a cambio de conseguirlo o que se presentan a cobrar usando el nombre de los verdaderos destinatarios del pago. Y no faltan intendentes que le hacen creer a la gente que como contraprestación deben hacer tareas para ellos, como limpiar sus casas.