La jueza María Servini de Cubría podría detener a 38 represores si hace lugar al pedido de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado. El reclamo se hizo en la causa por los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, que la Cámara Federal porteña ordenó reabrir a raíz de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Los coroneles Alberto Pedro Barda y Alberto Durán Sáenz y los agentes de inteligencia Eduardo Ruffo y Antonio Guglielmineti forman parte de los acusados. Los fiscales solicitaron el arresto de seis indultados, entre ellos el general Jorge Olivera Rovere y Carlos Guillermo Suárez Mason.
“Estamos trabajando en ese tema. Son muchos cuerpos y recién recibimos la causa hoy”, aseguraron ayer colaboradores de Servini de Cubría, quien, al cierre de esta edición, estaba en su despacho analizando el expediente.
En el escrito que entregaron a la jueza, los fiscales señalaron que, en base a la resolución adoptada en plenario por la Cámara Federal el lunes pasado, “corresponde retrotraernos” a la situación en que estaban los acusados antes de la aplicación de las leyes de impunidad y disponer “su nuevo encarcelamiento”.
Freiler y Delgado también se refirieron a quienes “por haber ocupado un lugar de mayor relevancia” fueron desvinculados de la causa por los indultos. “La dispensa no puede excluir a aquellos hechos que, cometidos durante el ejercicio de su comando, no les fueron impuestos en aquella oportunidad.” Los fiscales entendieron que más allá de la futura discusión sobre la validez de los indultos, quienes fueron beneficiados con esa medida pueden ser juzgados por hechos por los que no fueron acusados antes.
Esta misma postura fue sostenida por la Corte Suprema al confirmar que el dictador Jorge Rafael Videla podía ser enjuiciado por el plan sistemático de robo de bebés. Videla había sido condenado e indultado en el Juicio a las Juntas, pero su sentencia no incluía casos de apropiación de hijos de desaparecidos. Freiler y Delgado afirmaron que este criterio se puede aplicar a Olivera Rovere, José Montes, Andrés Aníbal Ferrero, Adolfo Sigwald, Juan Bautista Sasiaiñ y Carlos Guillermo Suárez Mason. Los dos últimos ya están presos por apropiación de menores.
“A los fines de dejar debidamente consolidada la imputación en estos particulares seis casos, no debemos dejar de lado el hecho principal en el cual comenzará el análisis: se trata de los responsables máximos de la zona y zubzonas de seguridad. El señalamiento no puede obviar el hecho de que el montaje o subsistencia de una estructura de represión al margen de la ley resulta ilusorio sin la conducción que, por vía del comando ejercían”, afirmaron los fiscales.
Freiler y Delgado aconsejaron a la jueza que, para llevar adelante la investigación, que abarca los crímenes de la última dictadura cometidos en la Capital Federal, gran parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, se conforme legajos por cada uno de los centros clandestinos de detención.
Entre los represores que quedarán presos si Servini de Cubría hace lugar al pedido de los fiscales están el coronel Alberto Durán Sáenz, quien fue procesado por su responsabilidad como jefe del centro clandestino El Vesubio por 17 homicidios y la desaparición de 47 personas. También tiene un pedido de extradición de Alemania. El coronel Enrique Carlos Ferro, que fue procesado por 111 delitos cometidos como jefe de El Banco, El Olimpo y Club Atlético, es otro de los acusados.
El coronel Alberto Pedro Barda, ex jefe de la subzona 15, también figura en la lista de los represores que podrían volver a prisión. Por su ubicación en la cadena de mandos fue responsable de los crímenes que se cometieron en todos los centros clandestinos de Mar del Plata, entre ellos los que funcionaron en la base aérea, la comisaría cuarta, la base naval y la Escuela de Suboficiales de Infantería del Mar. Hace dos años, Barda fue detenido por el tribunal oral de Mar del Plata por negarse a declarar en el Juicio por la Verdad, pero salió de su encierro después de unas pocas horas.
En la otra causa abierta por la Cámara Federal el lunes pasado, sobre las desapariciones y torturas cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el juez Sergio Torres está analizando la situación de los acusados y qué estado procesal les correspondería de acuerdo con el nuevo Código de Procedimiento. Antes de la aplicación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el expediente estaba a punto de ser elevado a juicio.